EL MERCURIO – El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, aseguró durante la última sesión de la comisión de la cartera en el Senado que el gobierno anterior dejó “una cartera de proyectos y una cartera de problemas”. Los retrasos en proyectos como el Hospital Salvador, Américo Vespucio Oriente I y el Camino de la Fruta, fueron algunos de los ejemplos. Si bien todas estas iniciativas se realizan a través de concesiones -es decir, financiadas con fondos privados- el panorama para las obras de contrato realizadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no es demasiado distinto.
Según cifras publicadas por el propio MOP -en el sitio www.geomop.cl- existen 1.037 obras no concesionadas actualmente en Chile. De ellas, 665 se encuentran en ejecución. Sin embargo, del total de obras en ejecución, 229 ya deberían estar terminadas según sus plazos originales de término, es decir, el 33% de los proyectos que representan un monto de inversión total de más de $902 mil millones.
Durante la comisión, el ministro Fontaine aseguró que los problemas con los que se encontraron, en su mayoría tienen que ver con problemas de “diseño, en otros proyectos son de permisos ambientales, o permisos por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, por hallazgos arqueológicos”. Agregó que “en definitiva eso se traduce en que los proyectos tienen demoras y esas demoras significan que como Estado llegamos tarde a satisfacer las necesidades de las personas”.
Para Carlos Cruz, secretario ejecutivo del Centro de Políticas de Infraestructura, “una gran decisión sería que el ministerio asumiera la responsabilidad de tramitar los permisos asociados a llevar adelante los proyectos de infraestructura que se financian con recursos públicos”. Esto, dice el ex ministro de Obras Públicas, ayudaría a “hacer mejores proyectos, más rápidos y a poder cumplir con los plazos de construcción tal como están pronosticados”.
Uno de los proyectos que actualmente están en ejecución, aunque ya excedió largamente su plazo de entrega original, es la extensión del Centro Cultural Gabriela Mistral. Si bien la nueva sala de eventos debería haber sido entregada durante el 2017, recién presenta 45% de avance.
Para Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, los perjuicios de retrasar la entrega de proyectos es múltiple. Los primeros perjudicados son “los ciudadanos, que son los futuros usuarios de las obras que tienen que esperar para mejorar su calidad de vida”, explica. Agrega que en segundo lugar “los perjuicios son para el MOP, ya que le cuesta más dinero” y para “las empresas constructoras, que ven demorados los plazos de construcción, y siempre el plazo es precio”.
Fuente: El Mercurio, Lunes 16 de abril de 2018
