CPI – En diálogo organizado por el CPI, los asistentes destacaron los efectos que una dinamización del sector podría tener sobre un aumento en la productividad y en un mayor PIB tendencial.
Un grupo de destacados economistas asistió al 38° Diálogo organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), donde se coincidió en el rol que puede jugar la inversión en obras públicas para alcanzar un mayor dinamismo de la economía, aumentar la productividad e incidir en un mayor PIB tendencial.
Al encuentro asistieron, entre otros, el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín; el ex ministro de OOPP y director de Clapes UC, Hernán de Solminihac; Luis Eduardo Escobar, asesor del CPI; el vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos; Patricio Arrau, de Gerens Capital; Tomás Izquierdo, de Gemines Consultores y Leonardo Suárez, de LarrainVial. También participaron los exministros Sergio Bitar y Alberto Undurraga.
Para introducir la discusión, el también economista y asesor del CPI, Luis Eduardo Escobar, destacó que la economía mundial está en un momento de gran incertidumbre y, en este escenario, Chile se enfrenta a un ciclo de precios del cobre más bien bajo, lo que redunda en menores tasas de inversión y en un déficit fiscal en aumento y sostenido.
“Después de un repunte de la inversión, a partir del tercer cuatrimestre de 2017, ésta volvió a desacelerarse en el primer trimestre de este año. Lo que está manteniendo el crecimiento es el consumo privado, ya que las exportaciones netas han dejado de ser el motor de la economía”, detalló.
Con respecto a la inversión del Gobierno en infraestructura, Luis Eduardo Escobar sostuvo que, en general, tiene un comportamiento procíclico, con excepciones puntuales en 2009 y 2015, traduciéndose en aumentos del PIB en torno al 0,5%.
Explicó que estudios más detallados referidos a Chile muestran que los multiplicadores -elasticidad del PIB respecto de la inversión en infraestructura- fluctúan entre 0,11 y 0,23. “Esto implica que un aumento del 10% en la inversión pública haría que el PIB aumente entre cerca de US$3.000 millones y poco más de US$ 6.200 millones, suponiendo un PIB de US$ 270.000 millones”, indicó.
Los economistas que participaron en el diálogo del CPI coincidieron en que la inversión en infraestructura, además del impacto directo e indirecto sobre el PIB, que resulta del multiplicador, tiene un efecto sobre el PIB potencial y la productividad.
El PIB potencial aumentaría -dijo Escobar- porque al disponer de más y mejor infraestructura aumenta el stock de capital, lo que aumenta la capacidad productiva.
“Después del último IPoM del Banco Central tenemos buenas noticias, con un peak tendencial que es mayor al que pensábamos, de 3,25-3,75%. El PIB tendencial tiene que ver con inversión, mano de obra y productividad de factores. Por tanto, al hacerse nuevas obras de infraestructura, no solo estamos aumentando stock de capital, sino también, estamos haciendo posible aumentar la intensidad de uso de ese capital”, explicó Luis Larraín.
“Sabemos que la capacidad que tiene el sector público de realizar, a través del presupuesto fiscal, es limitada. Lo que se necesita entonces -complementó- es estructurar modelos de negocio nuevos que nos permitan transformar esa necesidad de inversión en cosas que se puedan hacer vía concesiones. Hay que abordar nuevas áreas como la hídrica, por ejemplo”.
Infraestructura y productividad
En su exposición, Escobar se refirió también a los impactos de la inversión en infraestructura sobre la productividad. Dio como ejemplo que, si se amplía una autopista, esto permite que todos los vehículos aumenten su velocidad de circulación y lleguen a su destino en menos tiempo, lo que permite hacer más viajes por unidad de tiempo.
“Si las inversiones públicas resuelven un cuello de botella, terceras pistas, o expanden la frontera productiva, como la construcción del tren Santiago-Talca a mediados del siglo XIX o a La Araucanía a fines de ese siglo, el efecto sobre el aumento de la productividad puede ser muy significativo”, explicó.
“Uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es identificar aquellos proyectos que tienen buena rentabilidad, que impliquen un 5% del PIB invertido en los próximos 5 a 10 años, y cómo se financian sin romper reglas fiscales o modificarlas”, afirmó Joseph Ramos. El experto anunció además que, en lo referente a regulaciones, “está listo el informe de la Comisión -que fue solicitado en el primer mandato del Presidente Piñera- que incorpora un sinnúmero de recomendaciones centradas en reducir los tiempos excesivos y aumentar la certeza jurídica”.
Luis Eduardo Escobar se refirió además al plan de inversiones anunciado por el Presidente Piñera de US$1.400 millones -que debería agregar 0,4 pp al PIB repartidos entre 2019 y 2020-, señalando que va en la dirección correcta y que el desafío es ver si efectivamente el gobierno puede materializar inversiones de una magnitud suficiente como para reimpulsar la inversión y la economía en el corto plazo.
“Hay que agilizar el mecanismo de las concesiones y, además, pensar en todas las trabas que existen –regulatorias, medioambientales y otras- y poner ahí mayor voluntad política”, destacó Tomás Izquierdo.
Afirmó que la inversión filtrada por concesiones puede generar un mayor potencial de crecimiento de las exportaciones, y, en ese sentido, puso como ejemplo la Carretera Hídrica como un megaproyecto que puede transformar a Chile en una súper potencia exportadora agroalimentaria. Otro tema relevante, dijo, es la inversión en ciudad.
“Se le resta importancia a su eficiencia para incidir en productividad y competitividad, pero lo cierto es que tiene un impacto enorme y, además, afecta directamente en la calidad de vida”, señaló Izquierdo.
Por su parte, Patricio Arrau relevó el potencial del Fondo de Infraestructura como instrumento para dinamizar la inversión. “El gasto en infraestructura -explicó- tiene un potencial tremendo para expandir y adaptar la economía sectorial y territorialmente y, por tanto, tenemos que apostar mucho más ahí. En lo que se refiere a licitaciones privadas, el Fondo de Infraestructura es un gran instrumento, porque tiene un mandato legal, con directores, sujeto a Sociedad Anónima”.
Finalmente, Leonardo Suárez, se refirió a las trabas administrativas que enfrentan hoy los proyectos de concesiones. “No veo suficiente énfasis de la urgencia en el país en ejecutar proyectos. Lo importante es que estos se ejecuten, aunque sea con una menor rentabilidad. Si hay ciertas instancias regulatorias que aprueben un proyecto, hay ciertos elementos que no deberían declararse competentes para cuestionarlo. Hay trabas administrativas a los proyectos, es importante que eso se aborde con mayor rapidez”, concluyó.
Fuente: CPI, Jueves 20 de Junio de 2019
