DIARIO FINANCIERO – Un rechazo frontal a la indemnización por US$ 180 millones solicitada por Nuevo Pudahuel, en reclamo por atrasos en el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Santiago, formuló el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en su respuesta entregada al Panel Técnico de Concesiones (PTC), instancia que recibió la reclamación el 17 de junio.
Junto con afirmar que la acción de Nuevo Pudahuel implica desconocer la resolución que esa instancia arbitral emitió el 29 de agosto de 2018 en la primera discrepancia entre las partes en torno a la demora en la aprobación de los estudios de ingeniería, la cartera argumentó que tampoco puede validarse la presentación de “una pretensión indemnizatoria que ha sido exagerada y multiplicada más allá de cualquier límite, mediante la cual se pretende no sólo endosar al MOP todos los costos en que habría incurrido la concesionaria por sobre los supuestamente planificados, sino además obtener ganancias indebidas”.
La concesionaria solicitó al panel 4,5 millones de UF más IVA por compensación de los supuestos perjuicios derivados de atrasos e incumplimientos imputables esa cartera.
“Los eventuales sobrecostos del proyecto sólo pueden ser atribuidos a una deficiente planificación por parte de la concesionaria, a graves defectos e ineficiencias de la misma en el desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo y en la administración de la ejecución de las obras y a la conocida crisis del grupo Astaldi, accionista de la concesionaria y parte del consorcio constructor”, indicó.
Sobre la participación de Astaldi, con 50% en el consorcio constructor a cargo del proyecto, el MOP aludió a la “compleja situación financiera” de este empresa que llevó a su matriz Astaldi S.p.A. a iniciar en Italia un proceso de reorganización judicial de sus deudas en septiembre pasado. Recordó que este escenario general también implicó una situación crítica para sus empresas en Chile, como la decisión de Codelco de hacer efectiva una boleta de garantía por US$ 62 millones, y las deudas por $ 11 mil millones que tenía pendiente con distintos proveedores en el proyecto del Hospital Félix Bulnes.
“Naturalmente, las obras del aeropuerto se han visto severamente afectadas por el mal estado de los negocios del grupo Astaldi”, aseveró.
En enero, el MOP emitió un documento donde aceptó un período adicional de cinco meses de retraso. En relación a los compromisos adoptados en esa oportunidad, la autoridad afirma que la concesionaria “renunció a efectuar nuevos reclamos de aumentos de plazo sobre la base de los hechos discutidos” en esa discrepancia, añadiendo que si Nuevo Pudahuel no hubiese aceptado lo anterior “jamás se habría otorgado el aumento de plazo de cinco meses”.
Justamente el documento en el cual el MOP reconoció cinco meses de atraso imputables a esa cartera constituye uno de los argumentos centrales de la concesionaria para pedir el pago al Estado.
Por el contrario, el MOP sostuvo que dado que “las partes acordaron que los atrasos derivados de actuaciones imputables al MOP ascendían a cinco meses y no a 221 días (reclamados originalmente por la empresa), y que a cambio de una ampliación de plazo de cinco meses, la concesionaria renunció a efectuar nuevos reclamos de aumentos de plazo otorgando el más amplio finiquito”. En este sentido, la cartera insistió en que “cualquier reclamo de mayores costos que se funde en supuestos 221 días de atraso para obtener la Puesta en Servicio Provisoria debe ser rechazado”.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 18 de Julio de 2019
Duro rechazo del MOP a indemnización pedida por Nuevo Pudahuel: “Pretende obtener ganancias indebidas”
DIARIO FINANCIERO – Un rechazo frontal a la indemnización por US$ 180 millones solicitada por Nuevo Pudahuel, en reclamo por atrasos en el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Santiago, formuló el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en su respuesta entregada al Panel Técnico de Concesiones (PTC), instancia que recibió la reclamación el 17 de junio.
Junto con afirmar que la acción de Nuevo Pudahuel implica desconocer la resolución que esa instancia arbitral emitió el 29 de agosto de 2018 en la primera discrepancia entre las partes en torno a la demora en la aprobación de los estudios de ingeniería, la cartera argumentó que tampoco puede validarse la presentación de “una pretensión indemnizatoria que ha sido exagerada y multiplicada más allá de cualquier límite, mediante la cual se pretende no sólo endosar al MOP todos los costos en que habría incurrido la concesionaria por sobre los supuestamente planificados, sino además obtener ganancias indebidas”.
La concesionaria solicitó al panel 4,5 millones de UF más IVA por compensación de los supuestos perjuicios derivados de atrasos e incumplimientos imputables esa cartera.
“Los eventuales sobrecostos del proyecto sólo pueden ser atribuidos a una deficiente planificación por parte de la concesionaria, a graves defectos e ineficiencias de la misma en el desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo y en la administración de la ejecución de las obras y a la conocida crisis del grupo Astaldi, accionista de la concesionaria y parte del consorcio constructor”, indicó.
Sobre la participación de Astaldi, con 50% en el consorcio constructor a cargo del proyecto, el MOP aludió a la “compleja situación financiera” de este empresa que llevó a su matriz Astaldi S.p.A. a iniciar en Italia un proceso de reorganización judicial de sus deudas en septiembre pasado. Recordó que este escenario general también implicó una situación crítica para sus empresas en Chile, como la decisión de Codelco de hacer efectiva una boleta de garantía por US$ 62 millones, y las deudas por $ 11 mil millones que tenía pendiente con distintos proveedores en el proyecto del Hospital Félix Bulnes.
“Naturalmente, las obras del aeropuerto se han visto severamente afectadas por el mal estado de los negocios del grupo Astaldi”, aseveró.
En enero, el MOP emitió un documento donde aceptó un período adicional de cinco meses de retraso. En relación a los compromisos adoptados en esa oportunidad, la autoridad afirma que la concesionaria “renunció a efectuar nuevos reclamos de aumentos de plazo sobre la base de los hechos discutidos” en esa discrepancia, añadiendo que si Nuevo Pudahuel no hubiese aceptado lo anterior “jamás se habría otorgado el aumento de plazo de cinco meses”.
Justamente el documento en el cual el MOP reconoció cinco meses de atraso imputables a esa cartera constituye uno de los argumentos centrales de la concesionaria para pedir el pago al Estado.
Por el contrario, el MOP sostuvo que dado que “las partes acordaron que los atrasos derivados de actuaciones imputables al MOP ascendían a cinco meses y no a 221 días (reclamados originalmente por la empresa), y que a cambio de una ampliación de plazo de cinco meses, la concesionaria renunció a efectuar nuevos reclamos de aumentos de plazo otorgando el más amplio finiquito”. En este sentido, la cartera insistió en que “cualquier reclamo de mayores costos que se funde en supuestos 221 días de atraso para obtener la Puesta en Servicio Provisoria debe ser rechazado”.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 18 de Julio de 2019
