DIARIO FINANCIERO – La semana pasada fue aprobado el proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura, una nueva empresa del Estado, con lo que concluyó un extenso trámite legislativo.
La iniciativa autoriza al “Estado para desarrollar las actividades empresariales de financiamiento e inversión referidas a proyectos de infraestructura así como el desarrollo, a través de terceros no relacionados, de los servicios anexos a los mismos, incluyendo su construcción, ampliación, reparación, conservación, y explotación, en conformidad y con estricta sujeción a lo dispuesto en esta ley”.
Si bien se reconoce que las inversiones en esta área promueven el crecimiento económico, y releva la importancia del rol de las concesiones –que anteriormente fueron descartadas por el gobierno-, el mecanismo que se discute genera dudas respecto del manejo responsable de las finanzas públicas.
Uno de los aspectos fundamentales de la discusión, y que terminó por enviar el proyecto a Comisión Mixta, trató sobre la constitución del patrimonio del Fondo, el cual podría transformarse en un nuevo vehículo para emitir deuda, la que no pasaría por el presupuesto del sector público, pero quedaría registrada en el balance del Fondo. Y aunque el propio texto de la iniciativa dispone que éste debe sustentarse, nada impide que finalmente termine operando con su aval implícito.
Dicho esto, existen bastantes más dudas y aprensiones y se destaca la ausencia de una propuesta para definir el valor de los peajes de las obras de infraestructura. Así, es lamentable que no se haya diseñado un relanzamiento de las concesiones antes de comenzar a operar con un nuevo –y complejo- sistema que desvirtúa la naturaleza de ellas.
Fuente: Diario Financiero, Lunes 8 de Enero de 2017
