EDITORIAL EL MERCURIO – Muchas alteraciones en la forma como se venían haciendo las cosas en el mundo ha producido la pandemia. Pero si la mayoría son pasajeras, otras muchas llegaron para quedarse. Entre estas, la dramática aceleración que experimentó la incorporación de la economía digital a nuestros hábitos —que en pocos meses se calcula avanzó lo que se esperaba en 10 años— seguramente sea la mayor transformación de todas y la que más continuará profundizándose. Sin esas herramientas, el colapso económico y social habría sido mucho mayor, pero en Chile, sin duda, estamos lejos de aprovechar todo su potencial.
La Fundación País Digital presentó a los candidatos presidenciales una hoja de ruta cuya materialización demanda liderazgo político. Con más de 20 años identificando los retos para lograr una revolución digital lo más inclusiva posible, y producto de una reflexión que involucró a un gran número de expertos, el plan —presentado en la novena versión del Summit País Digital— pone sobre la mesa estrategias que buscan no solo cerrar las brechas de conexión y adopción de las herramientas digitales, sino también que su utilización sirva para fines socialmente relevantes.
Bajo la definición de cinco pilares —transformación digital del Estado, competencias y habilidades digitales, conectividad digital, ecosistema digital y fomento a la economía digital—, se proponen más de 50 iniciativas. Entre ellas, las más urgentes son la alfabetización digital de los sectores donde esta tecnología llega con mayor dificultad y cuesta más adoptarla, como en el mundo rural, los sectores económicos más desfavorecidos y los adultos mayores. Para que estas herramientas, además de utilizarse, produzcan valor, su adopción debe ir aparejada con el desarrollo de habilidades que permitan su pleno despliegue. La capacitación de pymes y trabajadores necesitados de reconversión, por ejemplo, puede abrirles nuevas y muchas veces insospechadas oportunidades.
El rol del Estado será crucial para que sucedan muchas de estas cosas, pero se verá potenciado desde el momento que opere en una red de colaboración con el sector privado, que sume, además, la mayor cantidad de actores de la sociedad civil. Si la modernización del Estado exige un robustecimiento del puente digital con los ciudadanos, esa conexión también debe darse con las diferentes iniciativas del sector privado que pueden beneficiarse de esta asociación.
La aplicación de políticas digitales en esta dirección requiere de un compromiso país lo más amplio posible. Pero de cara a una nueva Constitución, urge también que una genuina visión de futuro oriente las definiciones respecto de los órganos del Estado y sus responsabilidades, así como de los derechos y deberes de los ciudadanos. Un mundo como el actual, en rápida transformación, exige una mirada que favorezca y no entrabe su evolución.
Fuente: Editorial El Mercurio, Lunes 20 de Septiembre de 2021
