LA TERCERA – Si bien es importante avanzar en la implementación de esta política en todos sus ámbitos, el nuevo diseño definido por el actual gobierno y que reúne en una sola instancia al mundo urbano y al rural despierta legítimas interrogantes sobre su eficiencia
La nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano se creó hace 10 años, con el objetivo de generar condiciones para una mejor calidad de vida de las personas, estableciendo ciertos principios rectores y objetivos generales dentro de cinco ámbitos temáticos: Integración Social, Desarrollo Económico, Equilibrio Ambiental, Identidad y Patrimonio, e Institucionalidad y Gobernanza. Se buscaba lograr consensos entre los distintos actores, que permitieran fijar los principios guía para obtener un desarrollo sostenible, equitativo y justo de las ciudades, atendiendo a que un porcentaje importante de la población vive en ellas -87,7% de acuerdo al censo de 2017-, y enfrenta dificultades dada la complejidad material de las mismas y del marco jurídico institucional que se les aplica.
También se creó un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) que tenía un rol asesor y consultivo, entregando propuestas y lineamientos que permitieran implementar las medidas acordes a los objetivos de la política, que ha significado que en los primeros ocho años se impulsaran numerosas iniciativas en los ámbitos señalados e hiciera importantes recomendaciones para las ciudades durante la pandemia. Sin embargo, desde que asumió la actual administración pasó más de un año para que fuera convocado, a pesar de reconocerse un importante déficit habitacional y un ambicioso plan del Ministerio de la Vivienda de construir 260.000 viviendas en este periodo presidencial, que recomendaba poder contar con el Consejo.
En septiembre de 2023 se creó el nuevo Consejo Nacional de Desarrollo Territorial que fusionó al CNDU con el de Desarrollo Rural con el objeto de definir una mejor planificación territorial, y si bien convergen realidades distintas, con la complejidad que ello significa,resulta positivo que esta instancia estableciera como principal prioridad para 2024 la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la que permitirá contar con una nueva versión durante el primer semestre de 2025, algo necesario habiendo transcurrido una década desde su creación, tiempo en que no se pudo actualizar debido a la pandemia.
Esta labor es fundamental y requiere que se discuta y entregue en los plazos acordados la actualización atendido a que hoy las ciudades del país enfrentan situaciones que desde hace años no se han solucionado y otras que se han agravado en esta última década, como el mayor número de campamentos, el déficit de viviendas, la ocupación irregular de la propiedad, una mayor inseguridad y claramente los factores de riesgo que impone el cambio climático, de los cuales el país ha sido testigo. Por ello, ante esta realidad, una mejor política urbana puede contribuir a mitigar sus consecuencias y evitar que los problemas aumenten.
Aun cuando ha habido logros en estos años, es importante avanzar en su implementación en todos los ámbitos de la política, si se quiere que como herramienta posibilite alcanzar los objetivos de obtener ciudades que ofrezcan la calidad de vida que la ciudadanía demanda. Es importante que en ese proceso el Consejo opere con la adecuada autonomía, sin embargo, surge también la interrogante de si el diseño anterior, con una entidad focalizada exclusivamente en la realidad urbana, no ofrecía una mejor garantía de aquello.
Fuente: La Tercera, Domingo 17 de Marzo de 2024
