CPI – La participación ciudadana será uno de los principales desafíos para materializar el ambicioso Plan de Movilidad 2050 que lanzó recientemente el MOP y que contempla una inversión por US$ 50.000 millones en vialidad, aeropuertos, ferrocarriles y puertos. Así lo reconoció el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, al participar en un diálogo organizado po el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
En su presentación, el secretario de Estado detalló las múltiples obras incluidas en el Plan, indicando que “hoy no hay manera de sacar adelante sin participación ciudadana y sobre todo cuando son proyectos de esta magnitud en recursos y tiempo”.
Agregó que, en esa línea, el plan definitivo sólo concluirá una vez que hayan finalizado las rondas de reuniones con los actores involucrados, entre los que mencionó a las comunidades, gremios, empresas y expertos.
“Cada obra, después, tiene un proceso largo de ajustes, que incluye una participación ciudadana muy sustantiva. Cada aspecto de las obras -afirmó- incorporará lo que piensan las comunidades. Queremos que la gente sienta que las obras mejoran su calidad de vida y disminuir las externalidades. La idea siempre es buscar acuerdos”.
Al comentar la presentación de Moreno, la presidenta de la Fundación Chile 21 e integrante del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, destacó que Chile requiere, para avanzar en este tipo de planes de largo plazo -cuya tramitación y puesta en marcha cruzará varios períodos presidenciales- , crear una relación virtuosa entre lo público y lo privado.
“No hay un proyecto de desarrollo posible sin esto. El Estado por si mismo, no puede por sí mismo impulsar obras de esta magnitud sin contar con la participación del sector privado. Acá se necesitarán reglas claras, certeza, una mirada de largo plazo y romper las desconfianzas”, aseveró.
De la Fuente enfatizó que siendo un buen plan de infraestructura (el Plan de Movilidad 2050) deberá incluir más explícitamente -para que sea sostenible- un diálogo y relación con los stakeholders vinculados a los proyectos territoriales: empresas, gremios, sociedad civil, gobiernos regionales y locales.
“Un plan de infraestructura y movilidad de estas características, debe poner al centro mejorar la calidad de vida de las personas, esto es algo fundamental en una política pública. Las grandes obras de infraestructura generan impacto en los territorios y en la vida de las personas en general. La apropiación y la generación de valor de esos proyectos para las propias personas, es clave”, comentó.
Ejemplificó este punto recordando la quema de pórticos de las autopistas que se produjo en el estallido social de octubre del año pasado. “Estas obras se transformaron en símbolo de intervención y conflicto para muchas comunidades. Pese al valor que pueden tener estas obras respecto a la movilidad, sobre todo para territorios que están más alejados, las personas no las han incorporado desde el valor social ni la contribución que pueden hacer a su calidad de vida. Al revés son percibidas como un espacio de amenaza y abuso”, graficó Gloria de la Fuente.
Añadió, que hay que hacer una discusión profunda respecto a la incorporación de la ciudadanía, para que estas obras sean entendidas como propias y que las personas, además, tengan algo que señalar respecto a ellas. Sólo así, dijo, se legitiman inversiones de estás características.
El rol del Estado
Si bien coincidió en lo expuesto por el ministro en lo que se refiere a la necesidad de una mirada de largo plazo al momento de enfrentar los desafíos en infraestructura, el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, explicó que esa apuesta por el largo plazo enfrenta a su vez un contexto muy desafiante, dado por tres elementos centrales.
“El primero, un Estado que propone una hoja de ruta de este tipo, supone un Estado en forma. Sin embargo, lo que hemos visto desde octubre (del 2019) a la fecha, es que tenemos un Estado débil. En ese sentido, el primer desafío fundamental que tenemos es que todos los actores, públicos y privados que participamos del debate público -desde los centros de estudio y desde la política-, empujemos decididamente la modernización del Estado, respecto de la cual existe un acuerdo transversal, pero que, sin embargo, solo ha mostrado avances muy puntuales”, afirmó.
Como segunda consideración, Alvarado se refirió al llamado de diversas vertientes a involucrar más a la ciudadanía. Al respecto, afirma que hay un desafío de legitimidad y de participación ciudadana respecto del cual hay que hacerse cargo; pero que esa ciudadanía que se aspira a involucrar en agendas como la presentada tiene dinámicas muy complejas y representa, en sí misma, un desafío a la actuación del Estado en estas materias.
Como último punto, Alvarado mencionó una tercera dificultad que tiene que ver con el panorama estrictamente político, donde afloran ciertas barreras y donde el plan presupone una activa participación de los privados en la provisión de bienes públicos.
“Durante los últimos años -explicó- se han extendido en el espacio público algunas ideas que buscan restringir de manera sustancial esa participación en la provisión de estos bienes públicos. Esta agenda presupone una disposición de los actores políticos a alcanzar importantes grados de acuerdo y en ese sentido, hay un desafío muy potente en construir legitimidad de esos mismos acuerdos y en posibilitarlo. Y eso es un desafío transversal”.
Por su parte Claudio Elórtegui, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se refirió a la pérdida, en los últimos años, del dinamismo económico, lo que ha conducido a tasas muy bajas de crecimiento, con efecto en la reducción del empleo y las remuneraciones. A ello se suma la falta de respuestas oportunas a problemas sociales fundamentales, principalmente en el ámbito de las pensiones, del sistema de salud, transporte público y de la segregación urbana, todo esto sumado a un proceso de pérdida de legitimidad de las instituciones y de la confianza en ellas por parte de la población.
“Hemos visto que la redistribución sin crecimiento no sirve. El desafío inmenso es hacer las tareas no realizadas antes del estallido y la pandemia, abordar los nuevos problemas sociales asociados a esta, pero sin comprometer las fortalezas que nos caracterizaron, por lo menos hasta hace algunos años, y todo esto, en un clima país complejo”, sostuvo.
El rector de la PUCV afirmó que la inversión en infraestructura es un componente principal de la formación de capital -una de las variables más determinantes sobre el crecimiento económico- y con un efecto positivo sobre los niveles de productividad.
Sin embargo, estimó que en el nuevo escenario de Chile, los criterios orientadores para priorizar inversiones deben estar asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además deben considerar temas ambientales, pero evitando que se transformen en impedimentos.
De igual manera, sugirió una reorientación de las inversiones hacia las ciudades, reduciendo inequidades urbanas, y hacia las regiones, para lo cual espera que la descentralización asociada a la próxima elección de gobernadores regionales, abra buenas posibilidades.
- A continuación ponemos a su disposición la presentación del Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno –
Ver PPT
Fuente: CPI, Miércoles 14 de Octubre de 2020
