EL MERCURIO – Han sido múltiples las alteraciones que han deteriorado la calidad de vida de los santiaguinos durante las últimas seis semanas. Si lo más impactante son los problemas de seguridad y orden público que han sumido en el temor a los habitantes de distintas áreas y casi normalizado prácticas como el saqueo de supermercados y la destrucción del espacio público, de no menor gravedad han sido los efectos sobre el sistema de transporte, muchos de ellos también replicados en regiones.
Estos partieron, obviamente, con los ataques que dañaron gran parte de la red del metro, dejando a importantes barrios sin acceso al más eficiente modo de locomoción con que cuenta la capital. Luego, la acción de violentistas ha destruido un porcentaje significativo de los semáforos de la ciudad: durante distintos días de noviembre han llegado a estar fuera de operaciones unos ciento cincuenta de los tres mil cien semáforos con que cuenta Santiago, ubicándose los afectados en arterias de alta relevancia y que constituyen ejes estructurales, como la Alameda Bernardo O’Higgins y Providencia. La comuna más perjudicada ha sido Santiago, con una cincuentena de estos aparatos apagados. Se agregan los efectos de las protestas de quienes deciden manifestarse sin mayor consideración hacia el resto de los usuarios de las vías, ya sea organizando extensas caravanas de ciclistas que interrumpen el tránsito o largas filas de camiones que —para protestar contra el tag— virtualmente se toman las autopistas urbanas. Y a todo ello se suma finalmente la acción delincuencial de aquellos que, con amenazas, pretenden controlar el paso de las personas que conducen vehículos, ya sea obligándolas a realizar acciones contra su voluntad (como el llamado “el que baila pasa”) o cobrándoles dinero.
Pero si algunas de esas intervenciones tienen cierta intermitencia, el efecto de la destrucción de semáforos resulta más permanente, creando una situación crónica de caos vehicular en algunas intersecciones que, junto con afectar a quienes se desplazan en automóviles, impide el funcionamiento eficiente del transporte público de superficie. Inciden en esa situación un conjunto de factores que terminan potenciándose unos a otros. Como el metro dista de funcionar a toda su capacidad y el transporte público de superficie presenta deficiencias (agudizadas además por los continuos ataques de vándalos que queman buses), más personas utilizan hoy sus vehículos particulares, empeorando de modo notorio los conocidos problemas de congestión que sufre la ciudad.
Por cierto, las perspectivas acá no son optimistas. Mientras el metro no vuelva a funcionar con normalidad —por ejemplo, llegando a Maipú— y en tanto siga existiendo un número significativo de semáforos fuera de servicio, los habitantes de Santiago continuarán dedicando muchas más horas de las que acostumbraban a sus viajes diarios.
Existen planes para recuperar semáforos, y también para destinar más guardias municipales a dirigir el tránsito, todo lo cual ayudaría a mejorar las condiciones viales. El Ministerio de Transportes ha sido imaginativo y en algunas avenidas importantes ha coordinado los semáforos que siguen operando, de modo de establecer lo que se ha llamado “olas verdes” para permitir el flujo rápido de vehículos. Lamentablemente, se trata solo de paliativos, en una situación cuya solución depende de modo crítico de la recuperación del metro. Pero, además, mientras las bandas violentistas sigan instalando barricadas por doquier y destruyendo la infraestructura pública —incluso volviendo a atacar estaciones del ferrocarril subterráneo— será muy difícil, y hasta infructuoso, iniciar los trabajos de reparación necesarios. Cuando ellos finalmente puedan ser llevados a cabo y la vandalización termine, con seguridad el actual será recordado como uno de los peores períodos en términos de calidad de vida para los santiaguinos. Es de esperar que entonces aquellos sectores políticos que han sido ambiguos ante esta destrucción reciban la consiguiente reprobación ciudadana por su irresponsable actitud.
Fuente: El Mercurio, Viernes 29 de Noviembre de 2019
Desplazarse en tiempos de crisis
EL MERCURIO – Han sido múltiples las alteraciones que han deteriorado la calidad de vida de los santiaguinos durante las últimas seis semanas. Si lo más impactante son los problemas de seguridad y orden público que han sumido en el temor a los habitantes de distintas áreas y casi normalizado prácticas como el saqueo de supermercados y la destrucción del espacio público, de no menor gravedad han sido los efectos sobre el sistema de transporte, muchos de ellos también replicados en regiones.
Estos partieron, obviamente, con los ataques que dañaron gran parte de la red del metro, dejando a importantes barrios sin acceso al más eficiente modo de locomoción con que cuenta la capital. Luego, la acción de violentistas ha destruido un porcentaje significativo de los semáforos de la ciudad: durante distintos días de noviembre han llegado a estar fuera de operaciones unos ciento cincuenta de los tres mil cien semáforos con que cuenta Santiago, ubicándose los afectados en arterias de alta relevancia y que constituyen ejes estructurales, como la Alameda Bernardo O’Higgins y Providencia. La comuna más perjudicada ha sido Santiago, con una cincuentena de estos aparatos apagados. Se agregan los efectos de las protestas de quienes deciden manifestarse sin mayor consideración hacia el resto de los usuarios de las vías, ya sea organizando extensas caravanas de ciclistas que interrumpen el tránsito o largas filas de camiones que —para protestar contra el tag— virtualmente se toman las autopistas urbanas. Y a todo ello se suma finalmente la acción delincuencial de aquellos que, con amenazas, pretenden controlar el paso de las personas que conducen vehículos, ya sea obligándolas a realizar acciones contra su voluntad (como el llamado “el que baila pasa”) o cobrándoles dinero.
Pero si algunas de esas intervenciones tienen cierta intermitencia, el efecto de la destrucción de semáforos resulta más permanente, creando una situación crónica de caos vehicular en algunas intersecciones que, junto con afectar a quienes se desplazan en automóviles, impide el funcionamiento eficiente del transporte público de superficie. Inciden en esa situación un conjunto de factores que terminan potenciándose unos a otros. Como el metro dista de funcionar a toda su capacidad y el transporte público de superficie presenta deficiencias (agudizadas además por los continuos ataques de vándalos que queman buses), más personas utilizan hoy sus vehículos particulares, empeorando de modo notorio los conocidos problemas de congestión que sufre la ciudad.
Por cierto, las perspectivas acá no son optimistas. Mientras el metro no vuelva a funcionar con normalidad —por ejemplo, llegando a Maipú— y en tanto siga existiendo un número significativo de semáforos fuera de servicio, los habitantes de Santiago continuarán dedicando muchas más horas de las que acostumbraban a sus viajes diarios.
Existen planes para recuperar semáforos, y también para destinar más guardias municipales a dirigir el tránsito, todo lo cual ayudaría a mejorar las condiciones viales. El Ministerio de Transportes ha sido imaginativo y en algunas avenidas importantes ha coordinado los semáforos que siguen operando, de modo de establecer lo que se ha llamado “olas verdes” para permitir el flujo rápido de vehículos. Lamentablemente, se trata solo de paliativos, en una situación cuya solución depende de modo crítico de la recuperación del metro. Pero, además, mientras las bandas violentistas sigan instalando barricadas por doquier y destruyendo la infraestructura pública —incluso volviendo a atacar estaciones del ferrocarril subterráneo— será muy difícil, y hasta infructuoso, iniciar los trabajos de reparación necesarios. Cuando ellos finalmente puedan ser llevados a cabo y la vandalización termine, con seguridad el actual será recordado como uno de los peores períodos en términos de calidad de vida para los santiaguinos. Es de esperar que entonces aquellos sectores políticos que han sido ambiguos ante esta destrucción reciban la consiguiente reprobación ciudadana por su irresponsable actitud.
Fuente: El Mercurio, Viernes 29 de Noviembre de 2019
