LA TERCERA – El terremoto de 1985 removió no solo la tierra que pisamos, sino también el paradigma de las inversiones en infraestructura para el transporte, las ciudades y los territorios. Posteriormente, el esfuerzo de reconstrucción estuvo cruzado por la generación de grandes obras que buscaron facilitar la motorización del transporte de personas y carga; así como la implementación de exenciones tributarias a la industria de la construcción. Lógicas que lamentablemente hasta hoy perduran y que se reflejan, por ejemplo, en la gestión del Ministerio de Obras Públicas, que claramente no responde a los nuevos desafíos del país ni a la voluntad política expresada por la ciudadanía desde las movilizaciones de octubre de 2019 a la fecha.
La emergencia de un fuerte movimiento ciudadano por la movilidad activa y sustentable, así como las evidencias del rol de las ciudades en el impacto del medio ambiente y el clima, confrontan los viejos paradigmas del automóvil y el alto lugar que ocupa en la pirámide de la movilidad y sus consiguientes inversiones en autopistas, al mismo tiempo que su consumo de suelo.
Hoy predominan otras tendencias donde, por ejemplo, se revaloriza el uso de los trenes y tranvías como redes de transporte público y de carga. En esta perspectiva nuestras ciudades adquieren roles diversos y nuevos para avanzar hacia un ordenamiento territorial que sea realmente inclusivo, que no solo transforme la pirámide de movilidad, sino que también cambie las prioridades de inversiones y el uso del suelo.
Se suma, la crisis de vivienda que debemos enfrentar con el rediseño de nuestra política habitacional y sus instrumentos. Necesitamos dar un giro al modelo de provisión de vivienda, para poder gobernar el crecimiento y el desarrollo de las ciudades en el futuro.
Un primer paso ha sido dado: la ciudadanía se pronunció y nuevos liderazgos en los distintos ministerios están alineados con esas prioridades; éstos tienen el encargo de instalar el programa del gobierno del presidente electo Gabriel Boric.
Se puede innovar, transformar y reactivar el país desde un proyecto común que integre de mejor manera desarrollo urbano con protección medioambiental, necesidades sociales y económicas. Lo importante es que esto se realice de forma planificada y con propósitos compartidos por la sociedad. Aquí tiene un importante rol que jugar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el que debe colaborar y colocarse al servicio de los desafíos que implica el nuevo ciclo político.
Y es que el mencionado Consejo puede hacerse cargo de acompañar a los distintos ministerios de la ciudad proponiendo objetivos transversales. Así se podrían generar las condiciones para implementar un “banco de suelo” en conjunto con una nueva política de arriendo público, incorporar la movilidad en la planificación urbana y abrir espacios de corresponsabilidad en el diseño de políticas públicas desde los territorios, avanzando en garantías urbanas mientras se abordan las urgencias.
Hay en marcha un nuevo paradigma que abre oportunidades de innovación democrática en barrios, ciudades y territorios, y éstos requieren un pacto urbano para que todas y todos tengamos un buen vivir.
Fuente: La Tercera, Lunes 7 de Febrero de 2022
