LA TERCERA – Por diversas razones y dificultades históricas, la Región de la Araucanía ha tenido serias limitaciones en su desarrollo en relación al resto del país. Según la CASEN de 2020, la región presenta un 17,4% de pobreza y un 5,9% de pobreza extrema respecto al 10,8% y 4,3% nacional, respectivamente. Esta tendencia se repite en todas las áreas vinculadas a la pobreza multidimensional, como son los años de escolaridad, los hogares en hacinamiento, la participación laboral y la población que recibió atención de salud, entre otras.
En materia de infraestructura pública la brecha se repite. La Araucanía presenta alrededor de 12 mil kilómetros de caminos enrolados, siendo la región con la red vial más extensa del país. Pero es a su vez, la región que presenta el menor porcentaje de caminos con pavimento o solución básica (24% del 45% nacional). De igual manera, se registran 1.900 puentes catastrados en la región (casi un tercio del total país), mayormente de madera, los que se deterioran rápidamente. Además, según estudios de Clapes UC, esta región es la que tiene una de las productividades de construcción más bajas.
Sobre los servicios básicos, un 16% de los hogares de la Araucanía, equivalente a 55.600 familias, presenta un acceso inadecuado al agua potable o no cuenta con conexión a alcantarillado o fosa séptica, siendo la región con mayor déficit. Esta realidad repercute negativamente en las condiciones que se requieren para el desarrollo de los distintos sectores productivos de la región y dificulta el acceso de sus habitantes a servicios como salud y educación, especialmente en invierno.
¿Cómo acortar esta brecha en infraestructura pública en la Araucanía? Una eficiente coordinación interministerial es clave para acelerar la inversión pública. Un ejemplo de ello fueron los resultados del Plan de Recuperación en 2021, en el que la inversión del MOP en la Araucanía aumentó 52% respecto del último quinquenio, superando por primera vez los US$200 millones.
El sector privado también tiene un papel protagónico, dado que son empresas constructoras las que ejecutan la mayoría de las obras, debiendo asumir algunos de los riesgos asociados al difícil contexto de seguridad que vive la región. En esta materia se desarrolló el seguro para contratistas lanzado por el MOP y la CChC, que permite cubrir pérdidas por riesgo de atentados. Otra iniciativa interesante es el Plan Especial de Caminos Arauco y Malleco, que tiene por objetivo trabajar en forma colaborativa con las comunidades para el desarrollo de caminos.
Enfrentar el desarrollo de la Araucanía con una mirada desde la infraestructura, es una oportunidad que involucra a todos, donde la inversión en obras públicas es clave. El desafío del MOP para este año es grande, su presupuesto considera una inversión de US$280 millones en la región. El grado de cumplimiento de esa meta puede ser un punto de inflexión importante para el progreso para generar un círculo virtuoso que fomente el desarrollo socio-económico de la zona socio-económico de la región.
Hernán de Solminihac, profesor titular ingeniería UC y miembro Comité Ejecutivo Clapes UC.
Fuente: La Tercera, Martes 5 de Julio de 2022
