EL MERCURIO – Chile vive un severo déficit de vivienda social. Paradójicamente, un tema que hace solo 10 años se pensó era factible de superar —cuando se hablaba de la posibilidad de erradicar todos los campamentos—, hoy se ha transformado en uno de los problemas de política pública más relevantes del país. El estancamiento económico, el alto valor de la tierra y la llegada de gran cantidad de inmigrantes han generado un complejo cuadro, todo ello en medio de la crisis política e institucional.
El aumento registrado el último año de personas que viven en campamentos es el corolario de circunstancias que aquejan a casi un 10 por ciento de los habitantes del país. Se calcula que más de 110 mil personas viven actualmente en alrededor de 800 campamentos a lo largo del país, muchos ubicados en terrenos de alto riesgo de sufrir inundaciones, derrumbes o incendios. Las tomas se han multiplicado, sumando más de 250 campamentos desde enero de 2019. Además, en diversas ciudades han proliferado las carpas en la vía pública, principalmente de inmigrantes ilegales, lo que quedó de manifiesto tras los lamentables incidentes del fin de semana en Iquique. Además, se han incrementado las tomas de sitios eriazos, y —en la zona norte— las localidades costeras han visto multiplicarse la construcción de refugios precarios habitados por personas que aprovechan el clima templado para instalarse o establecer una “segunda vivienda” en áreas aledañas al borde costero.
A lo anterior se agrega la gran cantidad de allegados, que en muchos casos no están catastrados, pero cuya suma al drama de los campamentos implica un déficit de cerca de 500 mil viviendas, de acuerdo con las propias cifras del Ministerio de la Vivienda, lo que obviamente es cada vez más complejo de abordar.
Aunque no existen soluciones fáciles y únicas, se deben evaluar seriamente políticas en al menos dos ámbitos. Por una parte, es necesario densificar la ciudad, especialmente en zonas con buena infraestructura de transporte público. Por otra parte, considerando que las fijaciones de precios y en general las fórmulas que pretenden distorsionar el funcionamiento del mercado no han dado buenos resultados, aparecen como más transparentes y eficaces iniciativas de ampliación de los subsidios al arriendo y adquisición de viviendas en caso de evaluarse la necesidad de apoyar a ciertos grupos. En esa línea también distintos especialistas han hecho notar la existencia de numerosos terrenos urbanos en manos del Estado cuya destinación podría contribuir a las soluciones habitacionales necesarias para hacer frente a esta situación.
La mejor respuesta para abordar la magnitud del problema debiera ser el trabajo colaborativo entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada. Lamentablemente, hoy no se percibe voluntad política para aquello.
Fuente: El Mercurio, Jueves 30 de Septiembre de 2021
