EL ECONOMISTA – Reducir las brechas en infraestructura urbana, develadas tras el estallido social y la crisis derivada de la pandemia, debería ser uno de los puntos prioritarios a resolver una vez que el país ponga en marcha los instrumentos definidos para reactivar su economía. Sin embargo, las reasignaciones y restricciones presupuestarias futuras dificulten, probablemente, obtener los recursos necesarios con la rapidez requerida.
Una de las herramientas a la que se podría recurrir con estos fines es, a juicio de algunos expertos en la materia, la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC), que permitiría generar un mecanismo eficiente para acortar dichas brechas. Sin embargo, coincidieron en que esta aún no cumple a cabalidad con las necesidades y requisitos para los cuales fue creada.
Dicha ley surgió como un sistema para permitir a Servicios de Vivienda y Urbanismo y municipalidades ejecutar la construcción, mantenimiento, conservación y operación de infraestructura pública a través de la asociación público-privada a cambio de una contraprestación como el otorgamiento de derechos o explotación sobre bienes muebles o inmuebles u obras de diverso tipo.
Sin embargo, presenta algunas falencias que desincentivan su uso, como la alta inversión de recursos que demanda y la obligación, en muchos casos, de que los proponentes presenten un proyecto a nivel de ingeniería -y no un anteproyecto- sin saber si los costos invertidos serán recuperados o el proyecto aprobado.
La modificación de estos puntos podría abrir una vía eficaz para resolver las desigualdades en infraestructura urbana identificadas en los últimos meses. Respecto de las áreas más carentes y en las que prima mayor inequidad, surgen algunas coincidencias.
“El acceso a vialidad, pavimentación, veredas, iluminación, recolección de basura y, con mayor urgencia aún, las que tienen que ver con infraestructura básica como agua potable, alcantarillado, digitalización y movilidad local, son algunas de las áreas en las que hay que poner foco”, afirma el director del Centro de Inteligencia Territorial CIT de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Centro de Conflicto y Cohesión Social COES, Luis Valenzuela.
La directora ejecutiva del Centro de Innovación en Ciudades de la UDD y coordinadora del Comité de Infraestructura y Ciudad del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Francisca Astaburuaga, coincide en las brechas que se han detectado en términos de conectividad digital, especialmente en los sectores más vulnerables. “No todos los que deben trabajar desde sus hogares tienen una conexión a Internet que les permita hacerlo adecuadamente”, afirma.
También menciona que ha quedado en evidencia la inequidad en materia de distribución de equipamientos y servicios en las ciudades, que tienden a estar concentrados en las zonas de la ciudad que atraen viajes o que concentran ingresos, dejando vastos territorios desprovistos de bancos, farmacias, oficinas públicas y otras funciones básicas.
Se suma a esta problemática el hacinamiento en los sistemas de transporte público -utilizados a capacidades en el límite de lo inhumano- y en las condiciones de vivienda, que limitan a miles de personas a espacios reducidos sin espacios exteriores.
“Si bien hemos avanzado en algunas áreas -como la cobertura en los servicios de electricidad, agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas, pavimentación de calles y aceras, centros de salud y educación- también tenemos déficits importantes de áreas verdes, equipamiento comunitario y deportivo y mantenimiento de la infraestructura en las comunas de ingresos más bajos”, advierte el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez.
Una propuesta interesante para mejorar el estándar urbano, y en la que coinciden algunos expertos, es la descentralización de las ciudades por medio de la creación y distribución equitativa de zonas con una buena oferta de transporte, empleo y servicios en distintos puntos geográficos.
“El concepto de ´ciudad a 15 minutos´ evitaría grandes traslados y aglomeraciones y fomentaría la desconcentración que ha resultado de una autorregulación no lograda, reemplazando hiper concentraciones o hiperdensidades por acciones de menor escala que necesariamente resultarán más sustentables”, sugiere el arquitecto de la Universidad de Chile, PhD en Arquitectura y Estudios Urbanos PUC, académico FAU de la Universidad de Chile y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, Alberto Texido.
En este sentido, “lo más urgente hoy es motivar desde el Estado, modernizado en su estructura y gobernanza, la generación de ciudades policéntricas, que a su vez generen la descentralización territorial”, añade.
Coincide Astaburuaga, quien considera que es prioritario poner sobre la mesa la necesidad de “diseñar una ciudad bien equipada y con múltiples subcentros de menor tamaño, que puedan responder a las necesidades básicas y fortalecer el sentido de comunidad local, reduciendo a la vez la necesidad de grandes traslados”.
Responsabilidades
Para dar curso a la resolución de las principales brechas en infraestructura urbana, hay coincidencia en que la labor debe ser compartida entre el Estado y el sector privado.
“Se requiere de alianzas público-privadas, aunque en algunos casos en los que se producen fallas de mercado, el Estado debiera tomar un rol más regulatorio en pos de dos objetivos: accesibilidad y equidad a infraestructura. Para esto debiera establecer su priorización, estándares y certificación, asegurando el acceso a esta infraestructura. Y en el caso de infraestructuras esenciales, garantizarlas y ejecutarlas. Hoy por ejemplo, desconocemos que hogares no tienen agua potable y alcantarillado. Los actores privados, por su parte, deben establecer operaciones eficientes y mantener apropiadamente las infraestructuras en las cuales un modelo de negocio sea factible. Parte de la propuesta de una alianza con privados es cuánto de su ganancia se aporta a un fondo solidario de infraestructura pública (FSIP)”, afirma Valenzuela.
Texido, por su parte, cree que es “el Estado el que debe resolver y motivar la solución planificada y bien regulada que permita inversiones mixtas en favor del gasto eficiente de los recursos públicos y la adecuada regulación de los entes privados asociados, privilegiando siempre un seguimiento conocido y transparente, un rol garante del beneficio colectivo por sobre los intereses particulares”, explica.
Para Astaburuaga es fundamental conectar con la realidad concreta poniendo foco en los territorios, en coordinación con los municipios y las organizaciones sociales, que ya tienen la conexión con las personas.
“Para superar las carencias, tenemos por delante el gran desafío de diseñar políticas consistentes que no descansen exclusivamente en los presupuestos públicos”, afirma Domínguez. “Enfrentar las brechas -sostiene- es un esfuerzo país, principalmente del Estado o sector público, pero también debe convocarse al sector privado y a la ciudadanía, que juega un rol importante en el cuidado de la infraestructura”.
Financiamiento
Además de coincidir en el uso e incentivo de la ley FUC modificada como una de las fuentes principales a la que debería recurrirse para financiar la resolución de las brechas, los expertos abordan mecanismos adicionales con este fin.
Valenzuela sugiere que, en proporción a la existencia de dichas brechas, parte de las ganancias de los negocios de infraestructura urbana se reinviertan en ellas a través de un fondo solidario de infraestructura pública (FSIP).
Por su parte, Domínguez cree indispensable convocar tanto al sector público como al privado para efectuar las inversiones en los espacios públicos, dado que ambos participan en la cadena de valor generadora de infraestructura ciudadana.
“En las ciudades, la infraestructura es generalmente proporcionada por el sector privado y luego son los municipios, ministerios centrales o gobiernos regionales quienes desarrollan y mantienen la infraestructura urbana a través de recursos derivados de las contribuciones a los bienes raíces y otros impuestos específicos. En poco tiempo más el sector privado ampliará los aportes en esta línea que hoy efectúa, con la aplicación de la Ley de Aportes al espacio público”.
En tanto, Texido propone además la redistribución del Fondo Común Municipal. “Junto con la LFUC, entrega las condiciones adecuadas para que este tipo de financiamientos mixtos se repitan a lo largo del territorio” asevera.
Para Astaburuaga es también importante que el sector privado tenga una mirada de largo plazo e invierta en acciones que “pongan en un contexto de bienestar social sus acciones particulares, por lo que deberían colaborar en ámbitos que usualmente fueron de exclusiva responsabilidad del Estado”, señala.
Domínguez sugiere replicar el modelo de una Corporación de Desarrollo por ciudad, con integración público-privada, capacidad de gestión y un gobierno corporativo de calidad que inspire confianza, mecanismo que ha demostrado ser exitoso en ciudades con una alta calidad de vida.
La ciudad post crisis
A juicio de Valenzuela, la ciudad post crisis debiera contemplar un nuevo modelo de financiamiento municipal fiscalizado y auditado; un modelo de gestión regional más autónomo -con fuerte coordinación central-, zonas barriales más independientes por su infraestructura social de áreas verdes, educación, salud primaria, deporte, cultura, servicios públicos, comercio, banca, trabajo, digitalización y micro movilidad y policentros especializados y generales, del orden de 1 cada 1/2 millón de habitantes.
Astaburuaga añade que las “infraestructuras ciudadanas” deben estar centradas en las personas, incidiendo directamente en la mejora de la experiencia diaria y en el aumento de oportunidades para los individuos. “En la situación post crisis, será esencial definir dónde se inyectarán recursos limitados para avanzar decididamente en la construcción de una sociedad más equitativa”.
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Fuente: El Economista, Viernes 26 de Junio de 2020
Un desafío urgente para Chile: acortar brechas en infraestructura urbana
EL ECONOMISTA – Reducir las brechas en infraestructura urbana, develadas tras el estallido social y la crisis derivada de la pandemia, debería ser uno de los puntos prioritarios a resolver una vez que el país ponga en marcha los instrumentos definidos para reactivar su economía. Sin embargo, las reasignaciones y restricciones presupuestarias futuras dificulten, probablemente, obtener los recursos necesarios con la rapidez requerida.
Una de las herramientas a la que se podría recurrir con estos fines es, a juicio de algunos expertos en la materia, la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC), que permitiría generar un mecanismo eficiente para acortar dichas brechas. Sin embargo, coincidieron en que esta aún no cumple a cabalidad con las necesidades y requisitos para los cuales fue creada.
Dicha ley surgió como un sistema para permitir a Servicios de Vivienda y Urbanismo y municipalidades ejecutar la construcción, mantenimiento, conservación y operación de infraestructura pública a través de la asociación público-privada a cambio de una contraprestación como el otorgamiento de derechos o explotación sobre bienes muebles o inmuebles u obras de diverso tipo.
Sin embargo, presenta algunas falencias que desincentivan su uso, como la alta inversión de recursos que demanda y la obligación, en muchos casos, de que los proponentes presenten un proyecto a nivel de ingeniería -y no un anteproyecto- sin saber si los costos invertidos serán recuperados o el proyecto aprobado.
La modificación de estos puntos podría abrir una vía eficaz para resolver las desigualdades en infraestructura urbana identificadas en los últimos meses. Respecto de las áreas más carentes y en las que prima mayor inequidad, surgen algunas coincidencias.
“El acceso a vialidad, pavimentación, veredas, iluminación, recolección de basura y, con mayor urgencia aún, las que tienen que ver con infraestructura básica como agua potable, alcantarillado, digitalización y movilidad local, son algunas de las áreas en las que hay que poner foco”, afirma el director del Centro de Inteligencia Territorial CIT de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Centro de Conflicto y Cohesión Social COES, Luis Valenzuela.
La directora ejecutiva del Centro de Innovación en Ciudades de la UDD y coordinadora del Comité de Infraestructura y Ciudad del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Francisca Astaburuaga, coincide en las brechas que se han detectado en términos de conectividad digital, especialmente en los sectores más vulnerables. “No todos los que deben trabajar desde sus hogares tienen una conexión a Internet que les permita hacerlo adecuadamente”, afirma.
También menciona que ha quedado en evidencia la inequidad en materia de distribución de equipamientos y servicios en las ciudades, que tienden a estar concentrados en las zonas de la ciudad que atraen viajes o que concentran ingresos, dejando vastos territorios desprovistos de bancos, farmacias, oficinas públicas y otras funciones básicas.
Se suma a esta problemática el hacinamiento en los sistemas de transporte público -utilizados a capacidades en el límite de lo inhumano- y en las condiciones de vivienda, que limitan a miles de personas a espacios reducidos sin espacios exteriores.
“Si bien hemos avanzado en algunas áreas -como la cobertura en los servicios de electricidad, agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas, pavimentación de calles y aceras, centros de salud y educación- también tenemos déficits importantes de áreas verdes, equipamiento comunitario y deportivo y mantenimiento de la infraestructura en las comunas de ingresos más bajos”, advierte el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez.
Una propuesta interesante para mejorar el estándar urbano, y en la que coinciden algunos expertos, es la descentralización de las ciudades por medio de la creación y distribución equitativa de zonas con una buena oferta de transporte, empleo y servicios en distintos puntos geográficos.
“El concepto de ´ciudad a 15 minutos´ evitaría grandes traslados y aglomeraciones y fomentaría la desconcentración que ha resultado de una autorregulación no lograda, reemplazando hiper concentraciones o hiperdensidades por acciones de menor escala que necesariamente resultarán más sustentables”, sugiere el arquitecto de la Universidad de Chile, PhD en Arquitectura y Estudios Urbanos PUC, académico FAU de la Universidad de Chile y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, Alberto Texido.
En este sentido, “lo más urgente hoy es motivar desde el Estado, modernizado en su estructura y gobernanza, la generación de ciudades policéntricas, que a su vez generen la descentralización territorial”, añade.
Coincide Astaburuaga, quien considera que es prioritario poner sobre la mesa la necesidad de “diseñar una ciudad bien equipada y con múltiples subcentros de menor tamaño, que puedan responder a las necesidades básicas y fortalecer el sentido de comunidad local, reduciendo a la vez la necesidad de grandes traslados”.
Responsabilidades
Para dar curso a la resolución de las principales brechas en infraestructura urbana, hay coincidencia en que la labor debe ser compartida entre el Estado y el sector privado.
“Se requiere de alianzas público-privadas, aunque en algunos casos en los que se producen fallas de mercado, el Estado debiera tomar un rol más regulatorio en pos de dos objetivos: accesibilidad y equidad a infraestructura. Para esto debiera establecer su priorización, estándares y certificación, asegurando el acceso a esta infraestructura. Y en el caso de infraestructuras esenciales, garantizarlas y ejecutarlas. Hoy por ejemplo, desconocemos que hogares no tienen agua potable y alcantarillado. Los actores privados, por su parte, deben establecer operaciones eficientes y mantener apropiadamente las infraestructuras en las cuales un modelo de negocio sea factible. Parte de la propuesta de una alianza con privados es cuánto de su ganancia se aporta a un fondo solidario de infraestructura pública (FSIP)”, afirma Valenzuela.
Texido, por su parte, cree que es “el Estado el que debe resolver y motivar la solución planificada y bien regulada que permita inversiones mixtas en favor del gasto eficiente de los recursos públicos y la adecuada regulación de los entes privados asociados, privilegiando siempre un seguimiento conocido y transparente, un rol garante del beneficio colectivo por sobre los intereses particulares”, explica.
Para Astaburuaga es fundamental conectar con la realidad concreta poniendo foco en los territorios, en coordinación con los municipios y las organizaciones sociales, que ya tienen la conexión con las personas.
“Para superar las carencias, tenemos por delante el gran desafío de diseñar políticas consistentes que no descansen exclusivamente en los presupuestos públicos”, afirma Domínguez. “Enfrentar las brechas -sostiene- es un esfuerzo país, principalmente del Estado o sector público, pero también debe convocarse al sector privado y a la ciudadanía, que juega un rol importante en el cuidado de la infraestructura”.
Financiamiento
Además de coincidir en el uso e incentivo de la ley FUC modificada como una de las fuentes principales a la que debería recurrirse para financiar la resolución de las brechas, los expertos abordan mecanismos adicionales con este fin.
Valenzuela sugiere que, en proporción a la existencia de dichas brechas, parte de las ganancias de los negocios de infraestructura urbana se reinviertan en ellas a través de un fondo solidario de infraestructura pública (FSIP).
Por su parte, Domínguez cree indispensable convocar tanto al sector público como al privado para efectuar las inversiones en los espacios públicos, dado que ambos participan en la cadena de valor generadora de infraestructura ciudadana.
“En las ciudades, la infraestructura es generalmente proporcionada por el sector privado y luego son los municipios, ministerios centrales o gobiernos regionales quienes desarrollan y mantienen la infraestructura urbana a través de recursos derivados de las contribuciones a los bienes raíces y otros impuestos específicos. En poco tiempo más el sector privado ampliará los aportes en esta línea que hoy efectúa, con la aplicación de la Ley de Aportes al espacio público”.
En tanto, Texido propone además la redistribución del Fondo Común Municipal. “Junto con la LFUC, entrega las condiciones adecuadas para que este tipo de financiamientos mixtos se repitan a lo largo del territorio” asevera.
Para Astaburuaga es también importante que el sector privado tenga una mirada de largo plazo e invierta en acciones que “pongan en un contexto de bienestar social sus acciones particulares, por lo que deberían colaborar en ámbitos que usualmente fueron de exclusiva responsabilidad del Estado”, señala.
Domínguez sugiere replicar el modelo de una Corporación de Desarrollo por ciudad, con integración público-privada, capacidad de gestión y un gobierno corporativo de calidad que inspire confianza, mecanismo que ha demostrado ser exitoso en ciudades con una alta calidad de vida.
La ciudad post crisis
A juicio de Valenzuela, la ciudad post crisis debiera contemplar un nuevo modelo de financiamiento municipal fiscalizado y auditado; un modelo de gestión regional más autónomo -con fuerte coordinación central-, zonas barriales más independientes por su infraestructura social de áreas verdes, educación, salud primaria, deporte, cultura, servicios públicos, comercio, banca, trabajo, digitalización y micro movilidad y policentros especializados y generales, del orden de 1 cada 1/2 millón de habitantes.
Astaburuaga añade que las “infraestructuras ciudadanas” deben estar centradas en las personas, incidiendo directamente en la mejora de la experiencia diaria y en el aumento de oportunidades para los individuos. “En la situación post crisis, será esencial definir dónde se inyectarán recursos limitados para avanzar decididamente en la construcción de una sociedad más equitativa”.
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Fuente: El Economista, Viernes 26 de Junio de 2020
