LA TERCERA – La situación del empleo en Chile es uno de los problemas más acuciantes. En la medida que se avance en el proceso de desconfinamiento, y las actividades comiencen su retorno progresivo, quedarán más en evidencia los estragos que ha producido la crisis sanitaria en el mercado laboral. Esta es la razón por la que los anuncios asociados a la recuperación de los puestos de trabajo han sido los más esperados. Varias veces tuvo que posponer el Ejecutivo la publicación de los detalles de las medidas, hasta que al fin la iniciativa vio la luz el fin de semana pasado.
El paquete de incentivos al empleo anunciado por el gobierno tiene un doble propósito. En primer lugar, apoyar la reincorporación de trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo -en la línea denominada “regresa”- con un subsidio equivalente a $160 mil, por hasta seis meses, por cada trabajador que retorne a su puesto de trabajo. Además, existe otra línea -denominada “contrata”- que consiste en la entrega de un subsidio equivalente al 50% de la remuneración bruta mensual, con tope de hasta $250 mil, por cada contratación adicional que efectúen las empresas, monto que puede subir hasta $270 mil si los contratados son jóvenes entre 18 y 24 años, mujeres y personas con discapacidades.
En el diseño de estas medidas se cuidó especialmente evitar que se crearan mecanismos perversos para reemplazar dotación existente con trabajadores acogidos al subsidio. Por ejemplo, en el caso de las empresas grandes para la línea “contrata”, las compañías que se acojan al beneficio deben mantener al menos al 80% de los trabajadores de su nómina a julio de 2020 y -en todos los casos- solo aplica para nuevos trabajadores, ya que deben acreditar una antigüedad máxima de tres meses.
Por su parte, para acceder a la línea “regresa”, las empresas deben demostrar una afectación económica durante la pandemia: esto implica una caída interanual en sus ventas o ingresos brutos de al menos el 20% en el cuatrimestre abril-julio. La medida reforzará el proceso de reintegro, el que ya refleja un avance del 50% de los trabajadores que habían sido suspendidos.
El gobierno estima que estas herramientas, que se extenderán por un plazo de seis meses, demandarán recursos fiscales por US$ 2 mil millones, lo que representa un subsidio sin precedentes en el ámbito laboral.
Los anuncios son un avance en relación con el combate del principal flagelo que enfrentan las autoridades económicas en lo sucesivo: el alto desempleo. Los casi dos millones de puestos de trabajo perdidos a raíz de la doble crisis -social y sanitaria- requieren de medidas disruptivas y temporales que eviten que la situación siga amplificándose. Es evidente que este solo programa no resolverá todos los problemas, sobre todo los que enfrentan los sectores más afectados por la crisis, muchos de los cuales han visto cambios permanentes en sus niveles de dotación por caídas en la demanda o procesos de transformación digital que involucran restructuraciones de oferta. Junto con extensos planes de reconversión, probablemente será necesario reforzar estos programas con otras medidas que apoyen a las familias, como asegurar mayor acceso a jardines infantiles, para así facilitar el quehacer laboral.
Fuente: La Tercera, Martes 29 de Septiembre de 2020
