EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA – El Consejo de Concesiones rechazó por falta de “interés público” la iniciativa privada que proponía financiar a través de este modelo la ruta que une María Elena con Calama, la “R-24” de una extensión de 102 kilómetros, recorrido que demora alrededor de dos horas y media de viaje. Poco después, la seremi de Obras Públicas anunció que la Dirección de Vialidad implementará cuatro proyectos para esa carretera, la que es fundamental para potenciar el corredor bioceánico frente a Antofagasta.
A raíz de este caso parece importante proponernos revisar los criterios con los que se presentan y aceptan iniciativas privadas en el marzo de la Ley de Concesiones de Infraestructura Pública. Desde 1992, una de las grandes innovaciones de la ley fue abrir la posibilidad para que privados pudiesen presentar proyectos que, al ser calificados de “interés público”, sean asumidos por el Estado como propios. Se reconocía así el hecho que el Estado no siempre puede identificar inversiones que potencien actividades económicas y sociales. Al ser aprobados como tal el proponente era beneficiario de un premio que tenía por propósito incentivar estos aportes.
Sin embargo, en la práctica el curso de las acciones fue otro. Proyectos que naturalmente deberían haber sido parte de una cartera de inversión pública -ejemplo hay varios- comenzaron a presentarse como iniciativas privadas, lo que fue apoyado por el Consejo de Concesiones en su momentos. Sería bueno conocer en detalle cuáles fueron las razones que llevaron a modificar la visión original.
A modo de hipótesis, puede ser que las autoridades hayan dejado de pensar en proyectos públicos, dada la falta de convicción del rol que juega la infraestructura en el desarrollo del país. Y que eso haya sido aprovechado por emprendedores visionarios de la consultoría para presentarlos como iniciativas privadas.
Otra posibilidad es que, dada la falta de disposición de los gobiernos para invertir en pre-inversión para formular proyectos, se haya preferido transferir esa responsabilidad a los privados a cambio del reembolso de los estudios y del premio al momento de la adjudicación a un concesionario. De esta forma era posible armar una cartera de obras posibles con una baja inversión pública en la fase de preparación.
La ruta entre María Elena y Calama es un reflejo de alguna de estas dos modalidades que se han desplegado como opción para presentar iniciativas privadas. Dado que ese proyecto está incluido en el Plan Maestro Logístico Zona-Norte, es redundante pensar que pueda ser una “iniciativa privada”.
En ese sentido, el fallo del Consejo no puede ser considerado como una falta de interés por las regiones, sino que corresponde a una mirada consecuente sobre el modelo. Si el proyecto es de interés para la zona, lo lógico sería que el Gobierno regional, lo proponga al Ministerio de Obras Públicas para que se active el financiamiento -a través de concesiones o de las direcciones del MOP-, por tratarse una iniciativa regional que es parte de una estrategia de desarrollo y que debe tener éxito.
Fuente: El Mercurio de Antofagasta, Sábado 4 de Marzo de 2023
