DIARIO FINANCIERO – En los últimos días hemos sido testigos de fuertes declaraciones cruzadas entre el Consorcio Constructor del Puente del Chacao –de la empresa coreana Hyundai- y el Ministerio de Obras Públicas. Los primeros anuncian que paralizarán las obras, pues sostienen que el MOP no habría cumplido compromisos de pago por cambios sustantivos a la ingeniería, acusando al Estado de Chile de no ofrecer garantías jurídicas ni comerciales para que ellos sigan financiando el proyecto de unir a Chiloé con el continente.
El MOP, por su parte, rechazó categóricamente tales imputaciones, argumentando que el consorcio extranjero firmó un contrato “a suma alzada” y por tanto se hizo responsable de todos los riesgos del proyecto, exigiéndole seguir adelante con las obras, e incluso más, invitándolos a recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia de Chile para resolver la controversia.
Más allá del mérito de las posiciones que cada una de las partes pueda tener en este caso, sin duda que estamos frente a una disputa que confirma la necesidad de mejorar los mecanismos de resolución de controversias en esta materia. Con la sola excepción del Panel Técnico –que no aplica para el puente en cuestión, sino únicamente para contratos de concesiones-, no existen en Chile mecanismos que permitan resolver oportunamente las discrepancias que se presentan “sobre la marcha”, que eviten atrasar o incluso paralizar obras públicas, como se ha anunciado en Chiloé.
Es un hecho que las controversias que no se resuelven oportunamente y se extienden en el tiempo, aumentan los costos de las obras de manera exponencial. Según fuentes del propio Ministerio, el 96% de los contratos sufre modificaciones, con un aumento promedio del 30% respecto de los plazos originales. Adicionalmente, de acuerdo con un estudio realizado entre los años 2010 y 2015, los litigios civiles en contratos de construcción aumentaron de 16 procesos en 2010 a 70 causas en 2015, casi quintuplicándose durante ese periodo. El monto global demandado en ese lapso ascendió a alrededor de 207 mil millones de pesos, que equivalen al 54,9% del monto de los contratos originales.
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar urgentemente Mecanismos de Resolución Temprana de Controversias (MRTC) que se han aplicado mundialmente en proyectos por más de 500.000 millones de dólares. En el 97% de esos casos, las obras han culminado exitosamente, sin tener que recurrir a arbitrajes o tribunales, prefiriéndose así una alternativa más ágil, colaborativa y oportuna que los extensos y costosos litigios. Si bien en Chile hay un plan piloto que está aplicando MRTC de manera experimental, no hay duda de que estamos atrasados. Llegó el momento de actualizar nuestro marco normativo, incorporando mecanismos que permitan resolver controversias durante la marcha de las obras y así ponernos a tono con las tendencias internacionales ya probadas en el mundo. No hay más tiempo que perder.
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Fuente: Diario Financiero, Martes 31 de Diciembre de 2019
Crisis en el puente del Chacao, por Víctor Ríos Salas
DIARIO FINANCIERO – En los últimos días hemos sido testigos de fuertes declaraciones cruzadas entre el Consorcio Constructor del Puente del Chacao –de la empresa coreana Hyundai- y el Ministerio de Obras Públicas. Los primeros anuncian que paralizarán las obras, pues sostienen que el MOP no habría cumplido compromisos de pago por cambios sustantivos a la ingeniería, acusando al Estado de Chile de no ofrecer garantías jurídicas ni comerciales para que ellos sigan financiando el proyecto de unir a Chiloé con el continente.
El MOP, por su parte, rechazó categóricamente tales imputaciones, argumentando que el consorcio extranjero firmó un contrato “a suma alzada” y por tanto se hizo responsable de todos los riesgos del proyecto, exigiéndole seguir adelante con las obras, e incluso más, invitándolos a recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia de Chile para resolver la controversia.
Más allá del mérito de las posiciones que cada una de las partes pueda tener en este caso, sin duda que estamos frente a una disputa que confirma la necesidad de mejorar los mecanismos de resolución de controversias en esta materia. Con la sola excepción del Panel Técnico –que no aplica para el puente en cuestión, sino únicamente para contratos de concesiones-, no existen en Chile mecanismos que permitan resolver oportunamente las discrepancias que se presentan “sobre la marcha”, que eviten atrasar o incluso paralizar obras públicas, como se ha anunciado en Chiloé.
Es un hecho que las controversias que no se resuelven oportunamente y se extienden en el tiempo, aumentan los costos de las obras de manera exponencial. Según fuentes del propio Ministerio, el 96% de los contratos sufre modificaciones, con un aumento promedio del 30% respecto de los plazos originales. Adicionalmente, de acuerdo con un estudio realizado entre los años 2010 y 2015, los litigios civiles en contratos de construcción aumentaron de 16 procesos en 2010 a 70 causas en 2015, casi quintuplicándose durante ese periodo. El monto global demandado en ese lapso ascendió a alrededor de 207 mil millones de pesos, que equivalen al 54,9% del monto de los contratos originales.
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar urgentemente Mecanismos de Resolución Temprana de Controversias (MRTC) que se han aplicado mundialmente en proyectos por más de 500.000 millones de dólares. En el 97% de esos casos, las obras han culminado exitosamente, sin tener que recurrir a arbitrajes o tribunales, prefiriéndose así una alternativa más ágil, colaborativa y oportuna que los extensos y costosos litigios. Si bien en Chile hay un plan piloto que está aplicando MRTC de manera experimental, no hay duda de que estamos atrasados. Llegó el momento de actualizar nuestro marco normativo, incorporando mecanismos que permitan resolver controversias durante la marcha de las obras y así ponernos a tono con las tendencias internacionales ya probadas en el mundo. No hay más tiempo que perder.
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Fuente: Diario Financiero, Martes 31 de Diciembre de 2019
