CPI – La necesidad de avanzar -al 2030- en temas como la infraestructura urbana, conectividad digital y enfrentar la emergencia hídrica, a través del diseño de una política de Estado que incremente la oferta de agua través de la desalación o el trasvase de cuenca, destacó el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), al exponer en la reunión mensual del Instituto de Ingenieros realizada esta semana.
Durante su presentación, Cruz dio a conocer el marco general en el cual nuestro país está inserto. Puso énfasis en la falta de estrategia de desarrollo explícita y concordada en el área de la infraestructura, los compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la meta de bajar las emisiones, la suscripción a los Objetivos Sustentables de Naciones Unidas que nos compromete a 17 objetivos principales al año 2030 donde el 70% de ellos tienen un sustrato de infraestructura.
“La política en infraestructura que diseñemos -dijo- será muy importante para alcanzar estos objetivos sustentables que hemos sintetizado en cinco a partir de la recomendación de la UNECE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa): minimizar la pobreza; aumentar el crecimiento; sustentabilidad ambiental; inclusión y gobernanza”.
En términos generales, Cruz puntualizó que los principales desafíos de la infraestructura en los próximos años son la crisis hídrica, la superación de brechas, la equidad urbana, la brecha digital y la electrificación. En este último ámbito, dijo que hay que hacer el esfuerzo en el proceso de aumento de demanda para que la electrificación llegue a todos los lugares y no sólo aumente la calidad de vida, sino que bajen los niveles de contaminación.
“También hay que avanzar en mejorar las condiciones de logística, a través de vialidad con reposiciones de vías concesionadas; complementar la red vial con el desarrollo del ferrocaril de carga; fortalecer la infraestructura aeroportuaria, donde es necesario mejorar los accesos e en integración de las ciudades puerto y avanzar en la integración modal donde se requiere el desarrollo de una política de borde costero”, enfatizó.
Un espacio especial dedicó a analizar el contexto hídrico. “La disminución de la pluviometría no sólo afecta al sector sur del país sino también al centro y sur con impactos significativos donde la conversación contingente es si ciudades grandes como Santiago y Valparaíso van a tener agua para sus habitantes. Como CPI pensamos que la seguridad hídrica debe de estar garantizada y para ello hay que tomar medidas. También es importante mencionar el impacto por el aumento de consumo especialmente en la agricultura. Hay un problema en el cambio de la pluviometría y también hay un problema de gestión del agua”, explicó.
Para conseguir dar soluciones a todas estas áreas, el director ejecutivo del CPI dijo que es fundamental alcanzar el del 6% del PIB en inversión en infraestructura, donde se conjuguen los privados y gasto público y concesiones. “Países en grado de desarrollo como el nuestro necesita mantener ese porcentaje en los próximos 10 años, eso significa invertir del orden del 1,6% más de lo que se invierte actualmente, unos US$6 mil millones adicionales para llegar a los niveles de desarrollo que necesitamos”, subrayó.
También relevó el rol que cumple la infraestructura como motor del crecimiento ecoómico del país, generando actividad y empleo, además de “crear oportunidades”, por ejemplo, al unir los territorios con puentes y caminos.
En términos de institucionalidad, dijo que es una tarea pendiente la planificación a nivel supra ministerial que defina y prospecte los proyectos de infraestructura en el mediano y largo plazo. “Es necesario que desde las instituciones al interior del Estado se puedan generar labores coordinadas que permitan integrar los distintos esfuerzos. Miremos los casos de Australia y Nueva Zelanda”, concluyó.
Fuente: CPI, Viernes 3 de Diciembre de 2021
