ESTRATEGIA – En abril pasado, el Gobierno envió al Senado un proyecto de ley para crear un consejo que asesore al Presidente de la República y que elabore un Plan de Infraestructura Pública.
El proyecto se fundamenta en la necesidad de una gobernanza única, intersectorial, que se encargue de la planificación de infraestructura, sugerida en el documento “Análisis de Gobernanza de Infraestructura: Chile. Brechas y Estándares de Gobernanza de la Infraestructura Pública en Chile” (2017) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD).
La propuesta establece que el consejo asesor se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas (dependería del MOP) y cuya secretaría se radicaría en el mismo MOP. Los integrantes serian cinco profesionales, uno nominado por el Presidente y el resto por los ministerios de OO.PP., Hacienda, Economía y Desarrollo Social.
La necesidad descrita por la OCDE es la creación de un organismo de planificación que se haga cargo de la infraestructura de transporte, de los puertos, con atención al comercio exterior, que atienda la desigualdad regional, la equidad social y el medioambiente. Describe una etapa nueva y distinta a la ya conocida “infraestructura gris y dura”, del cemento, de grandes negocios y poca atención por las comunidades y medioambiente, por años a cargo del MOP.
Se trata entonces de una etapa notoriamente distinta de “infraestructura productiva, social y sustentable”, que atienda la productividad del país, poniendo a las personas, la desigualdad social y regional y el medioambiente, como focos principales.
La propuesta del Gobierno es el viejo circuito MOP-empresas del sector, incluyendo ahora al Presidente. Más de lo mismo es riesgoso y no atiende a esta nueva fase en la que se requiere de otros actores, de otras miradas, de diferente conducción y por tanto de otra historia y cultura.
El consejo asesor debería encargarse del diseño, integración y coordinación de estrategias, evaluación, priorización y selección de proyectos, con foco en las regiones y en el bienestar y calidad de vida de las personas. Desde allí y rescatando el espíritu de la iniciativa del Gobierno, es más razonable que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS, exPlanificación Nacional) sea el nexo con el Gobierno, que la secretaría técnica se aloje en el MDS y que entre los integrantes se incluya a representantes de los ministerios de Transportes, de Vivienda y del Medioambiente.
Adicionalmente, la nota del Gobierno no hace la necesaria mención sobre la inclusión de organizaciones regionales y tampoco sobre el destino del Fondo de Infraestructura (ahora Empresa Desarrollo País, ley 21.082 de 2018) encargado de desarrollar proyectos de infraestructura o del Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, encargado de coordinar al sector público en infraestructura o del Consejo Nacional para el Desarrollo Territorial (CNDT).
Un plan de infraestructura pública para el país es de la mayor importancia dado que está destinado a satisfacer nuestras necesidades y también esperanzas de un mejor desarrollo. Su diseño, le corresponde ahora a un grupo amplio de actores que, necesariamente, deberían contar con la indispensable legitimidad social.
Fuente: Estrategia, Jueves 11 de Julio de 2024
