CPI – Una baja de 30% de los costos de inversión en infraestructura permitiría la creación de una nueva institucionalidad que mejore la coordinación de los distintos organismos que intervienen en el sector y que evite las duplicidades que hoy existen, reduciendo la burocracia para el desarrollo de proyectos.
La creación de una Comisión Asesora permitiría una mayor coordinación entre los actores sectoriales, permitiendo menores tiempos de ejecución de proyectos y una baja en los costos de tramitación de los estudios de impacto ambiental, entre otros temas.
Una baja de 30% de los costos de inversión en infraestructura permitiría la creación de una nueva institucionalidad que mejore la coordinación de los distintos organismos que intervienen en el sector y que evite las duplicidades que hoy existen, reduciendo la burocracia para el desarrollo de proyectos.
La propuesta, liderada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), apunta a crear una Comisión Asesora en Infraestructura (CAI) -que tendría también representación en regiones-, la que no sólo asesoría al Presidente de la República y a los ministros relacionados con infraestructura pública de carácter nacional, sino que también se enfocaría en monitorear el cumplimiento de las políticas planteadas en esta área con una mirada sistémica y de largo plazo.
La CAI se haría cargo principalmente de abordar los déficits que tiene la institucionalidad chilena en materia de planificación de infraestructura pública y que afectan su desarrollo. “La falta de una mirada de largo plazo sostenible en el tiempo, que sea seguida por los distintos gobiernos que se suceden, cada uno con sus especificidades, es un requisito para asegurar inversiones que tengan el efecto transformador que el país requiere para hacer frente los grandes desafíos en materia de calidad de vida, equidad y crecimiento”, destaca el asesor principal del CPI y ex ministro de OO.PP., Alberto Undurraga.
A esto se agrega la escasa integración entre los programas que llevan adelante los distintos ministerios, empresas públicas y, en el futuro, gobiernos regionales en materia de infraestructura pública. “La integración sólo se hace institucionalmente a nivel del presupuesto nacional, con un horizonte a un año plazo, y ocasionalmente hay esfuerzos de integración en diversos gobiernos nacionales o regionales, pero que dependen del énfasis que dan ministros o intendentes específicos y, por lo tanto, no se sostienen en el tiempo”, agrega Undurraga.
Asimismo, a nivel regional las autoridades de cada región podrán definir comisiones asesoras al gobernador para la planificación de largo plazo de la infraestructura de carácter local.
La propuesta de la CAI busca ser una solución institucional que se basa en la experiencia chilena en lo relativo a organismos asesores y, fundamentalmente, en la de países que han logrado resolver de buena forma los déficits asociados a políticas de largo plazo de infraestructura y monitoreo de éstas, sin reemplazar el rol de los ministerios existentes.
Algunas entidades de este tipo ya funcionan en el país como son el Consejo Fiscal Autónomo, la Comisión Nacional de Productividad, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Comité Financiero, el Consejo Consultivo Previsional, el Consejo Superior Laboral, el Comité Consultivo del PIB Tendencial, el Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre, el Consejo Consultivo de la CONALOG y el Consejo de Concesiones, entre otras.
“Creemos que esta es una iniciativa posible de impulsar y aprobar en el actual gobierno, dejando ésta como legado institucional relevante. Incide en ello que esta idea ha sido planteada por la Comisión Nacional de Productividad (CNP) e insinuada por otras entidades de carácter multilateral, como el BID y la OECD”, destaca Undurraga.
Cuellos de botella
Esta nueva institucionalidad busca abordar algunos problemas endémicos que aquejan al sector de infraestructura y que -según estimaciones del CPI- podrían disminuir en 30% los costos de inversión.
Por ejemplo, la CAI apuntaría a mejorar la coordinación entre los distintos organismos que intervienen (MOP, SERVIU, EFE, etc.), lo que permitiría un mayor conocimiento de lo que cada uno proyecta hacer.
“Si tomamos como ejemplo el proyecto de Puerto Gran Escala en San Antonio, si el SERVIU sabe por dónde va el ferrocarril y los accesos al puerto que el MOP prevé, sabrá qué calles debe pavimentar y cuáles no y qué nuevas calles debe planificar para la ciudad, etc.”, explica el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
Esta mayor coordinación, además ayudaría a anticipar decisiones, evitar duplicidades y complementar inversiones.
En términos económicos, se traduciría en efectos positivos ayudando a reducir las inversiones que demandan los traslados de servicios -no habría que pedir varias veces a las compañías de energía que cambien un poste de la luz, basta que se les pida una sola vez -; y menores costos, por ejemplo, al tramitar en conjunto permisos y estudios de impacto ambiental.
“Todo ello se traduciría en una reducción en los tiempos de ejecución de los proyectos, menores costos de compensaciones, al presentarse el conjunto de intervenciones que se planifican en el tiempo”, añade Cruz.
Tareas por cumplir
Entre las funciones de la CAI estará integrar la planificación y generar herramientas de evaluación transparentes que permitan mejorar la calidad de las decisiones, y de esta forma construir, publicar y mantener actualizado el Plan Integrado de Infraestructura Nacional a partir de los planes de los distintos ministerios, servicios y empresas públicas.
También debiera ser ocuparse de generar espacios para que se identifiquen los costos y posibles impactos de los proyectos estratégicos y prioritarios a nivel nacional, para así poder diseñar políticas de mitigación y negociaciones con actores locales, como lo ha señalado también la Comisión Nacional de Productividad.
En lo orgánico, el CPI propone que la CAI sea creada por ley, con nombramientos de sus integrantes por dos tercios del Senado, y de su presidente, por el Presidente de la República -tal como lo es el Consejo Autónomo Fiscal- y, por otro lado, que tenga una secretaría ejecutiva de dimensiones similares a la que tiene la Comisión Nacional de Productividad. Esta conformación le permitiría contar con la autonomía y transversalidad necesaria para poner el foco en planificaciones que trasciendan el ciclo político y con un staff que le permita desarrollar su labor.
“Llamamos a conformar una mesa de diálogo con los distintos actores involucrados para proponer esta iniciativa, analizarla globalmente y construir un respaldo amplio que permita que el Ejecutivo envíe la propuesta de la CAI al Parlamento como parte de la Ley de Presupuestos 2022, de manera que esté funcionando el año próximo”, concluye Undurraga.
Fuente: CPI, Jueves 22 de Julio de 2021
