CPI – Se busca que la nueva institución -que tendría su réplica en regiones- no sólo asesore al Presidente de la República y a los ministros relacionados con infraestructura pública de carácter nacional, sino que también monitoree el cumplimiento de las políticas planteadas en esta área.
Implementar una Comisión Asesora de Infraestructura (CAI) que permita que la planificación de la infraestructura nacional sea de largo plazo y en la que participen las diversas reparticiones públicas vinculadas al sector, propuso el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). La idea es que esta nueva institución, además, asesore y apoye al Presidente de la República y a los ministros relacionados con infraestructura pública de carácter nacional.
“Creemos que esta es una iniciativa posible de impulsar y aprobar en el actual gobierno, dejando ésta como legado institucional relevante. Incide en ello que esta idea ha sido planteada por la Comisión Nacional de Productividad (CNP) e insinuada por otras entidades de carácter multilateral, como el BID y la OECD”, destaca el asesor principal del CPI y ex ministro de OO.PP., Alberto Undurraga.
En el documento también se contempla que a nivel regional se puedan instalar comisiones que asesoren al gobernador para la planificación de largo plazo de la infraestructura de carácter local.
La CAI también se haría cargo de abordar dos déficits que tiene la institucionalidad chilena en materia de infraestructura pública y que afectan su desarrollo. Uno de ellos es la falta de planificación de largo plazo sostenible en el tiempo, ya que los distintos gobiernos hacen planes de largo plazo, pero éstos no se sostienen, sino que son reemplazados por otros en el gobierno siguiente.
A esto se agrega la escasa integración entre las planificaciones de los distintos ministerios, empresas públicas y, en el futuro, gobiernos regionales en materia de infraestructura pública. “La integración sólo se hace institucionalmente a nivel de presupuesto nacional con horizonte a un año plazo y ocasionalmente hay esfuerzos de integración en diversos gobiernos nacionales o regionales, pero que dependen del énfasis que dan ministros o intendentes específicos y por lo tanto no se sostienen en el tiempo”, explica Undurraga.
La propuesta de la CAI busca ser una solución institucional que se basa en la experiencia chilena en lo relativo a organismos asesores y, fundamentalmente, en la de países que han logrado resolver de buena forma los déficits asociados a políticas de largo plazo de infraestructura y monitoreo de éstas, sin reemplazar el rol de los ministerios existentes.
Algunas entidades de este tipo existentes en el país son el Consejo Fiscal Autónomo, la Comisión Nacional de Productividad, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Comité Financiero, el Consejo Consultivo Previsional, el Consejo Superior Laboral, el Comité Consultivo del PIB Tendencial, el Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre, el Consejo Consultivo de la CONALOG y el Consejo de Concesiones, entre otras.
Además, a nivel internacional, la CAI buscaría cumplir un rol similar al de la agencia de infraestructura de Australia (Infrastructure Australia), la Comisión de Infraestructura de Nueva Zelanda (New Zealand Infrastructure Commision) y la Comisión Nacional de Infraestructura del Reino Unido (National Infrastructure Commision, NIC).
“Tal como en cada uno de los ejemplos anteriores, la creación de la CAI no busca suplantar el rol de los ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas, sino que integrar la planificación de ellas y monitorear su cumplimiento, bajo un enfoque de largo plazo. Tampoco se pretende aislar a los representantes políticos del proceso de tomas de decisiones, sino que entregar herramientas e información sobre las cuales los gobiernos y actores involucrados puedan basar sus decisiones. Toda inversión en infraestructura es una decisión política, y por tanto ninguna herramienta puede reemplazarlos”, destaca Undurraga.
Tareas por cumplir
Entre las funciones de la CAI estará integrar la planificación y generar herramientas de evaluación transparentes que permitan mejorar la calidad de las decisiones, y de esta forma construir, publicar y mantener actualizado el Plan Integrado de Infraestructura Nacional a partir de los planes de los distintos ministerios, servicios y empresas públicas.
También debiera ser ocuparse de generar espacios para que se identifiquen los costos y posibles impactos de los proyectos estratégicos y prioritarios a nivel nacional, para así poder diseñar políticas de mitigación y negociaciones con actores locales, como lo ha señalado también la Comisión Nacional de Productividad.
En lo orgánico, el CPI propone que la CAI sea creada por ley, con nombramientos de sus integrantes por dos tercios del Senado, y de su presidente por el Presidente de la República -tal como lo es el Consejo Autónomo Fiscal- y, por otro lado, que tenga una secretaría ejecutiva de dimensiones similares a la que tiene la Comisión Nacional de Productividad. Esta conformación le permitiría contar con la autonomía y transversalidad necesaria para poner el foco en planificaciones que trasciendan el ciclo político y con un staff que le permita desarrollar su labor.
“Llamamos a conformar una mesa de diálogo con los distintos actores involucrados para proponer esta iniciativa, analizarla globalmente y construir un respaldo amplio que permita que el Ejecutivo envíe la propuesta de la CAI al Parlamento como parte de la Ley de Presupuestos 2022, de manera que esté funcionando el año próximo”, concluye Undurraga.
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Fuente: CPI, Miércoles 30 de Junio de 2021
