CPI – En la oportunidad se dio cuenta de las tareas más urgentes en los distintos sectores involucrados y se reafirmó la necesidad de que el consejo tenga un rol más activo, tanto en el desarrollo de proyectos de largo plazo, como en la movilización de proyectos contingentes estancados.
Los principales desafíos y amenazas que enfrenta Chile en el futuro cercano para cumplir con la meta propuesta de llegar a 2030 como un país desarrollado y las inversiones que se deben impulsar desde el ámbito de la infraestructura para alcanzar, en los próximos 10 años, un crecimiento de un 4%, fueron algunos de los temas tratados durante la segunda reunión de consejo del Consejo de Políticas de Infraestructura, encabezada por el ex Presidente de la República y actual presidente del CPI, Eduardo Frei.
En este orden de ideas, el ex Mandatario se refirió a la necesidad de fortalecer la presencia del CPI en la opinión pública no solo en lo que concierne a una visión de largo plazo sino también, en la participación en la discusión de temas relevantes en contingencia que requieran mayor presencia de la entidad para impulsar dichas iniciativas.
En la oportunidad se hizo referencia a las condiciones actuales que, de mantenerse, permitirían alcanzar este objetivo, incluyendo el agresivo plan del MOP que contempla licitar, a través del sistema de concesiones, más de US$ 14 mil millones en los próximos 5 años -incluyendo la segunda generación de proyectos viales y algunos proyectos nuevos- y de mantener una inversión pública, especialmente en vialidad secundaria, en torno a los US$ 2 mil millones al año. A estas iniciativas se suman la inversión en el Puerto de Gran Escala en San Antonio y el T2 en Valparaíso, y las destinadas a mejorar los accesos ferroviarios a esas mismas instalaciones y a ampliar los servicios ferroviarios de pasajeros a Batuco, a Melipilla y a Chillán, entre otras.
Sin embargo, esta proyección no contempla mecanismos claros para resolver uno de los problemas básicos que derivarían de un desarrollo más acelerado, como la congestión creciente por la incapacidad de los sistemas instalados de absorber una mayor demanda en términos de la logística asociada, lo que afectaría no solo nuestra competitividad, al incrementar el costo de los servicios logísticos –que ya representan un 18%, frente al 9% de los países de la OCDE- sino también, la calidad de vida de la ciudadanía. En este escenario es fundamental no solo invertir en desarrollar actividades que dinamicen el crecimiento de Chile, sino también en actividades que permitan destrabar los procesos que hoy son una limitante a este mismo crecimiento.
Cadena logística
En lo referente a la cadena logística, hubo consenso en que es imperativo mejorar la infraestructura vial para generar mejores condiciones de transporte en las zonas de mayor densidad. En este sentido, surge la propuesta de impulsar un corredor paralelo de alto estándar para la Ruta 5, que complemente la oferta existente, principalmente en un perímetro que abarque desde Valparaíso a Concepción.
Además, se hizo referencia a la necesidad urgente de mejorar la red ferroviaria poniendo acento en el transporte de carga, considerando que hoy la incidencia del ferrocarril en este ámbito en la zona central -donde operan los dos principales puertos del país- es de menos del 1%, frente al 27% en la Región del Biobío. Asimismo, se propuso generar una segunda alternativa de conexión vial Santiago- Valparaíso, para adelantarse al previsible colapso en el transporte derivado del crecimiento de la capacidad portuaria.
En este sentido, se hizo mención a lo que muestran algunos estudios que afirman que las zonas urbanas anotan una curva de productividad decreciente debido a los problemas de logística, lo que resulta paradojal al ser el mismo sector productor que paga las redes de transporte el que tiene mayores conflictos al utilizarlas.
Otro punto analizado fue el de la necesidad de reforzar los pasos fronterizos como una forma de asegurar la conexión de Chile con los países vecinos, asegurando una mejor calidad de servicios que permitan al país potenciar el comercio con Asia Pacífico.
Agricultura y tema hídrico
Recuperar el sitial de Chile como potencia agroalimentaria –de tal forma que el sector llegue a aportar cifras similares a las del cobre- es, a juicio del Consejo de Políticas de Infraestructura, factible, en la medida en que se mejoren las condiciones de los recursos hídricos de que dispone el país.
La posibilidad de asegurar un 85-90% de riego para 500 mil a un millón de hectáreas disponibles, permitiría alcanzar el objetivo planteado, para lo cual urge acelerar la discusión de los proyectos en carpeta vinculados con el trasvase de cuencas sur-norte; asegurar la plena utilización de la red de embalses y contemplar la desalación como una política que permita apoyar el crecimiento y desarrollo de la agroindustria en la zona centro norte del país. Otra arista que se debiera impulsar, según el CPI, es generar una normativa que incentive el uso de las aguas acumuladas.
Otro de los temas planteados fue la urgencia de generar una política más agresiva en términos de conectividad digital, para que nuestro país tenga la capacidad de conectarse a la red de fibra óptica global e insertarse adecuadamente en los mercados mundiales -generando flujos de información propios, particularmente en relación con el nodo Asia Pacífico-, además de asegurar una plena cobertura de fibra óptica al interior del país, de modo de poder dar respuesta al inminente despliegue de la tecnología 5G.
Financiamiento
Para cumplir efectivamente con los puntos citados, de manera de apalancar la meta de crecimiento a que se aspira -en un escenario en que el Gobierno tiene restricciones presupuestarias crecientes-, el llamado del CPI es a replantearse la optimización de herramientas como la Ley de Financiamiento Urbano Compartido y la legitimación de instrumentos de esta índole y de otras formas de asociación público- privadas, incluyendo el sistema de concesiones nacional, para que la inversión en infraestructura crezca a través de estas distintas formas de asociación.
Además, se expuso la importancia de generar políticas tarifarias de nueva generación que compatibilicen los intereses de los tres actores fundamentales: inversionistas privados, usuarios y Estado, y que cuenten con la validación de los usuarios, además de mejorar, en forma paralela, los mecanismos de participación ciudadana en diseño temprano a través de un esfuerzo mucho más institucionalizado, para generar acuerdos lo más vinculantes posibles con las comunidades en las cuales se desarrollan las grandes obras de infraestructura.
En relación con el Fondo de Infraestructura, el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz, aseveró que “cumple una función fundamental para impulsar el desarrollo de las ideas expuestas, por la posibilidad de localizar en él una cartera de proyectos importante y con una buena evaluación; además puede actuar como un instrumento adicional para movilizar recursos privados, en la medida en que su capitalización sea lo suficientemente sólida. Contando con los recursos apropiados el fondo podrá no solo financiar proyectos, sino que se constituirá como un recurso para atraer recursos privados y de esa manera garantizar proyectos de largo plazo”.
Fuente: CPI, Lunes 08 de Abril de 2019
