UNIDAD DE ESTUDIOS CPI – De esta crisis es posible que se desplieguen cambios estructurales en el comportamiento de las personas y en las actividades económicas que podrán tener consecuencias en la demanda de las rutas concesionadas.
– Esta crisis sanitaria ha cambiado la percepción de la industria de las concesiones viales e introduce una serie de incertidumbres a su desarrollo futuro. Esto porque el coronavirus afectó fuertemente los flujos presentes. En forma natural y espontánea las personas tienden a desplazarse menos por miedo al contagio. Además, las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar la pandemia (cuarentenas, cierre de fronteras, etc.) han implicado una disminución de la actividad económica que afecta los flujos de tráfico, más allá de los ciclos económicos predecibles
– Todo ello, implica en una alteración de la relación contractual por estas decisiones de la autoridad y obligan a una revisión de la matriz de riesgos en el mediano y largo plazo y a diseñar nuevos mecanismos de asignación y distribución entre los agentes involucrados, es decir, Estado y concesionarios.
– De esta crisis es posible que se desplieguen cambios estructurales en el comportamiento de las personas y en las actividades económicas que podrán tener consecuencias en la demanda de las rutas concesionadas.
– Además de la pandemia, Chile vive una crisis social de magnitudes que sólo se ha soslayado por ésta. Cuando comience su retirada, no se sabe la forma en que reaccionará la comunidad ni de qué manera se expresarán buena parte de sus demandas, aún sin un camino claro de solución. Esto podría tener impacto en la actividad productiva y en el comportamiento de las personas, afectando en forma adicional los flujos vehiculares
– Simultáneamente, en Chile se vive la crisis ambiental más severa de la que se tengan registros, cuya expresión concreta es la sequía que afecta a buen parte de las zonas de mayor actividad agroindustrial. Estas son simultáneamente las zonas donde se concentra el mayor tráfico, especialmente en torno a las grandes ciudades
– Ambas crisis (ambiental y social) darán origen a una caída muy profunda de la actividad económica en el corto plazo (algunos prevén una disminución del producto para el presente año de cerca del 8% con niveles de desempleo por sobre el 15%), la que se verificará en un período de elecciones de autoridades municipales, regionales y nacionales en menos de 12 meses, junto a un proceso plebiscitario que determinará si se llevará a cabo un cambio institucional mayor, como es la elaboración de una nueva constitución
– En Chile hay una red de carreteras y autopistas concesionadas en operación y en la fase de construcción que se han visto afectadas por esta situación. Probablemente, lo que viene las afectará aún más.
– A su vez, hay una cartera de licitaciones por delante (US$10 millones) que requiere ser analizada con detención. Al respecto, además de las nuevas incertezas que incorpora la pandemia, la crisis social, la sequía, la crisis económica y la situación política, todavía hay cuestiones no resueltas o medianamente tratadas en los nuevos contratos propuestos. Entre ellas destacan:
- Tarifas
- Tecnologías de cobro (se piensa en pórticos cuando ya existen los medios para un cobro por uso efectivo mucho más eficiente)
- Nuevas inversiones (¿serán necesarias? es la pregunta que habrá que hacerse, pensando en una nueva normalidad)
- Demandas sociales que se le formularán a las nuevas obras, cómo se tratarán y quien asumirá las responsabilidades
- Tratamiento a los impactos ambientales y las compensaciones que deberán considerarse como consecuencia de esos nuevos proyectos.
– Es además preocupante que esta situación se de en un momento en que se percibe un distanciamiento entre el MOP y la industria de las concesiones
– En una reunión reciente del Global Reporting Initiative (GRI) en la que participó el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) se recomendaron los siguientes puntos que deberían ser considerados en Chile para diseñar el presente y el futuro de la industria de las concesiones:
- Necesidad de evaluar la pandemia como un caso de fuerza mayor, lo que abre la posibilidad de rebalancear los contratos existentes, sea por sus efectos directos como por las decisiones de la autoridad (parte del riesgo político).
- Máxima flexibilidad de las partes para encontrar puntos de encuentro que permitan la proyección de los contratos vigentes o la elaboración de nuevos contratos, especialmente cuando estos en general son a 20 años o más.
- Asegurar el papel del Estado como garante de última instancia es fundamental para disponer a los organismos de financiamiento positivamente respecto del país.
- La competencia en otros países por captar inversiones de los mismos agentes se dará básicamente por las facilidades financieras que los países ofrezcan.
- Es necesario una apertura de las partes a un diálogo permanente para redefinir la nueva matriz de riesgo y los criterios de asignación, de los mismos, ante los nuevos escenarios posibles.
Fuente: Unidad de Estudios CPI, Lunes 15 de Junio de 2020
