LA TERCERA – Mientras superamos el caos eléctrico, la toma de San Antonio expone la crisis de nuestra vida en comunidad, con diversas hebras técnicas, éticas y políticas, evidenciando precariedad institucional, vulnerabilidad social, planificación deficitaria y un lamentable -aunque reversible- debilitamiento simbólico y material de lo público, cuando parece que todo intento de solución es tardío, inadecuado o incompleto, incluso tentando de aquí en adelante a todo quien ha optado por respetar la ley.
Pese a esto, la situación ha de ser enfrentada acorde a la norma que nos rige, considerando que el aplazamiento judicial resuelve sólo una variable del problema, dando tiempo para redefinir criterios, experiencias y filtrar beneficiarios alejados de la urgencia, acto inevitable ante la informalidad de terrenos a la re-venta, inmigrantes indocumentados u osados “veraneantes”, que sin reconocer deber alguno intentan imponer derechos particulares.
Cabe entonces citar cuando el programa ChileBarrio logró trasladar a miles familias a nuevos barrios, en un país que desde 2006 ha duplicado su PIB per capita. Siendo cierto que la pobreza aún persiste, ha cambiado -basta comparar entre el “coordinado” trazado de calles actual contra las apretadas callejuelas de hace una década-. El conocimiento existe y una reactivación intersectorial puede proponer un plan que nos aleje de la inacción y la improvisación.
Al igual que el desafío de perfeccionar la regulación de los servicios urbanos, el sistema público-privado debe ser capaz de crear sistemas de respaldo para la infraestructura crítica, por tanto, resolver el déficit de vivienda requerirá de gestiones más ágiles, que incrementen la construcción a través de nuevos formatos de propiedad y arriendo, acorde al ritmo de traslado, lo que en el caso específico de San Antonio implica una oportunidad de sustentabilidad y revitalización, que acoja adecuadamente a nuevas familias, sin afectar accesos presentes y futuros.
Finalmente, conviene aclararnos que la queja, la omisión y el conflicto han sido y serán el camino contrario al desarrollo, asumiendo cada parte una responsabilidad en crear -o no- el Estado eficiente y regulador al que todos sin excepción aportamos, para recuperar la senda ascendente de la proposición, la confianza y la colaboración.
Fuente: La Tercera, Sábado 1 de Marzo de 2025
