DIARIO ESTRATEGIA – La Región de Coquimbo no se preparó adecuadamente para enfrentar la crisis hídrica que está viviendo hace años y que pronto se verá agudizada con la llegada del fenómeno meteorológico de “La Niña”. Los sectores público y privado no visualizaron adecuadamente lo que está ocurriendo y, si lo previeron, no tuvieron la capacidad de gestionar soluciones ante la emergencia, como tampoco de informar a la comunidad.
A nivel regional y nacional ya habían saltado las alertas con suficiente antelación como para haber actuado en forma razonable. Fueron, instituciones de la ciencia, las universidades, los centros de estudios regionales, además de algunos servicios públicos, los que proyectaron este escenario y advirtieron de las consecuencias, incluso se realizaron recomendaciones. A estos se suman datos duros como los niveles de embalses, la falta de precipitaciones, la disminución de la tierra agrícola, la falta de agua potable en comunidades rurales y la disminución de la masa ganadera, entre otros.
En 2022, la Región de Coquimbo fue declarada vía decreto como una zona afectada por la escasez hídrica, la que persistió en 2023 y está vigente a la fecha. Y durante este 2024 se declaró -mediante la Resolución N° 5.440- que nuestra región es zona de riesgo sanitario.
Estos instrumentos -un tanto obsoletos pues dicen lo que ya se sabe-, son solo procedimientos administrativos y presupuestarios que permiten una eventual “mejor gestión” a los jefes de los distintos servicios, pero por sí solos no ayudan a mitigar esta crisis. En ellos no se establece el diseño de un plan de emergencia y su comunicación a la población; no se define cuál es la institución responsable ni se exige rendición de cuentas de las decisiones tomadas.
Este tipo de crisis requiere de gobernanza y autoridades con compromiso político y servicios públicos con capacidad de gestión técnica. Además, de un sector privado que también cumpla con similares características, para hacer propuestas concretas e integrales para levantar un plan de emergencia común. Nada de esto ha ocurrido.
Por otra parte, en enero pasado y frente al inminente colapso hídrico, se autorizó la construcción de una planta desaladora, que tampoco es suficiente pues debería ir acompañada de medidas complementarias, como son las soluciones basadas en la naturaleza, las que son de costos más accesibles, solucionan problemas de pequeños y medianos usuarios de agua, como la eficiencia hídrica en el uso productivo o consumo doméstico, infiltraciones de acuíferos, pequeños embalses, regadío con tecnologías y reutilización de las aguas recicladas, entre otras medidas.
Este fenómeno climático no es una emergencia transitoria, es un cambio estructural que está construyendo una nueva realidad climática que nos obligará a repensar una nueva estrategia de desarrollo regional. No es solo el agua, también es el alza de temperaturas, el avance del desierto y otros efectos.
El sector público y privado no logran visualizar la magnitud del cambio que enfrentamos. Ahora tendremos que hacernos cargo de las consecuencias.
Gabriel Caldes,
Consultor en recursos hídricos,
Miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Fuente: Diario Estrategia, Jueves 11 de Abril de 2024
