EL MERCURIO DE VALPARAÍSO – Luego de ocurrido el socavón a un costado del edificio Kandinsky, emplazado sobre las dunas de Viña del Mar, y las inundaciones registradas en la zona centro-sur del país, se ha retomado el debate en torno a la planificación territorial, la calidad de nuestras construcciones y la fiscalización de la infraestructura urbana.
En un contexto de cambio climático, algunas de las herramientas con las que contamos para enfrentarlo se concentran en planes metropolitano y reguladores comunales -conocidos como instrumentos de Planificación Territorial (IPT)- que debe incorporar el riesgo y sus condicionantes de ocupación, regulables a través de zonas protegidas, usos restringidos y estudios específicos, que han de ser aprobados por organismos competentes y debidamente preparados para realizar estos nuevos procedimientos.
Al revisar la antigüedad de algunos IPT -con casi 40 años- queda en evidencia la urgencia de actualizarlos, incorporar nueva información y reconocer formatos de interacción entre zonas riesgosas y áreas habitadas, donde el concepto de “buffer o zona de amortiguación” puede ser útil para evitar contactos directos de la ciudad con inundaciones, grandes incendios o remociones de masa, hechos que se presentan periódicamente.
Diversas organizaciones ya han alertado que, de un total de 346 comunas a nivel nacional, 255 tienen un plan reguladores propio y 91, no lo tienen. Y pese a que la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que el plazo para actualización de estas herramientas debe ser cada diez años, en muchos casos ello no ocurre. En esa línea, deben ser protagonistas de estos cambios las municipalidades y los gobiernos regionales, como también la cartera de Vivienda y Urbanismo.
Un buen ejemplo de todo esto es nuestra norma sísmica, que puede orientarnos al estar consensuada y perfeccionada antes y no después de la catástrofe, y donde el conocimiento científico es traspasado a la norma y aceptado por constructores, inversionistas, legisladores y habitantes, todos conscientes de la inconveniencia de evadirla.
Al mismo tiempo, los servicios púbicos deben fiscalizar a los privados, pero también hacerse cargo de sus propios proyectos de inversión en las ciudades, con el fin de monitorearlos y detectar posibles fallas.
A su vez, es necesario plantear la inversión y fortalecimiento estatal que se requiere para contar con los estudios de riesgo generales y específicos que garanticen seguridad, lo cual implica que en su calidad pueden disminuir los tiempos en permisos y revisiones.
Conocer, gestionar y actualizarnos respecto el riesgo es el camino adecuado, sabiendo que la experiencia internacional demuestra que la destrucción es siete veces más costosa que invertir en su prevención, reubicando, condicionando y educando habitantes, sin considerar el incalculable valor de la pérdida de vidas humanas.
Sólo de esta manera podremos salir del ciclo de tipo reactivo hacia el preventivo. Nuestro objetivo es llegar a tener ciudades verdaderamente resilientes y convivir con el riesgo de mejor manera.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, Martes 05 de Septiembre de 2023
