PAUTA – Aunque el foco de la política pública en transportes es potenciar el uso del transporte público y desincentivar el empleo del automóvil, una decisión del Ejecutivo en el marco del debate del Presupuesto 2019 abre una puerta precisamente contraria a esos esfuerzos. Esto, porque permitirá reducir el valor de los peajes en algunas regiones con un dinero que tenía por propósito original financiar proyectos de transporte público en esos lugares. Así, abaratará el uso del automóvil, lo que ha sido calificado de regresivo por algunos expertos del área.
El problema escala además dentro del Gobierno, generando una controversia en el gabinete. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, negociaron un conjunto de acuerdos con los parlamentarios para viabilizar la aprobación del presupuesto que incluyeron esta medida, que fue incorporada como la indicación 269-366 del Ejecutivo al proyecto. La decisión no fue consultada con el Ministerio de Transportes, que encabeza Gloria Hutt.
Asesores de ese equipo comentaron que la medida genera incomodidad, porque choca con el enfoque técnico que sustenta las políticas que están implementando y podría hacer recaer una presión política importante en esa cartera por parte de quienes que demandan rebajas en los peajes, un tema de alto perfil ciudadano.
La ley de subsidio del transporte público apunta a fomentar el transporte público. Por lo tanto, destinar estos fondos para reducir el pago de peajes para los automóviles significa que este subsidio terminaría llegando al transporte privado, lo que caería en una contradicción e inconsistencia con el espíritu de la norma”, dice a PAUTA el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. Añade que al introducir cambios en esta materia “es importante tener en cuenta el bien común y que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan”.
La ministra de Transportes Gloria Hutt y el subsecretario del ramo, José Luis Domínguez no comparten que se destinen recursos del subsidio de transporte a regiones a rebajar los pagos de peajes.
Aunque en el Ministerio de Transportes esperaban que existiera la opción de revertir la decisión en el debate que resta para despachar el presupuesto esta semana, se trata de una medida ya legislada y no hay espacio ni interés en el Ejecutivo para modificarla.
Altas fuentes de Gobierno advierten que el cambio, que fue visado por el ministro de Hacienda y el Presidente Sebastián Piñera, busca dotar a la cartera que dirige la ministra Gloria Hutt de la flexibilidad presupuestaria necesaria para hacer frente a la “tremenda presión” ciudadana y del mundo parlamentario por los costos de los peajes. De este modo, dicen, al ampliar el uso del Fondo Espejo es posible canalizar y dar respuesta a demandas que están afectando la política de concesiones viales. “Este plan piloto permitirá evaluar el uso de esta medida, que en todo caso tiene recursos limitados y cuyo uso debe ser evaluado técnicamente por Transportes”, apuntan.
Consultados por la controversia establecida con el Ministerio de Transportes, Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) declinaron entregar una respuesta.
El espíritu del subsidio
El Subsidio Nacional al Transporte Público Ley 20.378 (conocida como Ley Espejo Transantiago) entró en vigencia en 2013 con la finalidad de generar cierto equilibrio entre los fondos públicos destinados a subsidiar el sistema de transporte metropolitano y los que se asignan a regiones.
Su operación se divide en dos partes: una es administrada directamente por el Ministerio de Transportes y básicamente financia rebajas a tarifas, servicios de transportes en zonas aisladas (entre ellos barcazas) y transporte escolar gratuito, entre otras actividades. La segunda parte es de decisión descentralizada, ya que son los gobiernos regionales los que deciden qué proyectos, incluyendo iniciativas de transporte, infraestructura y otras iniciativas de interés de la región.
En el marco del debate del proyecto de presupuestos, para viabilizar su aprobación el Gobierno llegó a un acuerdo con los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el pasado 12 de noviembre. Entre los puntos concordados, se elevó en $6 mil millones el subsidio para el transporte público en regiones. Además, se resolvió destinar hasta $1.200 millones de ese total al año para “reducir los precios de los peajes en zonas conurbanas”, lo que se haría “de manera excepcional y previa justificación y aprobación” de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El ajuste se hizo mediante una indicación del Ejecutivo en la partida de la cartera de Transportes, específicamente en los subsidios. “El subsidio espejo lo que busca es mejorar el transporte público en regiones, por lo que esta glosa vulnera el espíritu de esa ley”, dice el exsubsecretario de Transportes Carlos Melo, quien hoy dirige el Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián.
Califica como “grave” que la glosa se asigne en el Ministerio de Transportes, lo que significa “que se trata de recursos que se podrían invertir, por ejemplo, en servicios subsidiados de transporte rural o rebajas tarifarias en nuevas ciudades. Estarían financiando rebajas de peajes y algunos proyectos en curso podrían quedar sin financiamiento”.
El diputado Daniel Núñez (PC), uno de los impulsores de la medida, comenta que existen recursos de la Ley Espejo por $280 mil millones que se han ido acumulando en el Tesoro Público, que según las autoridades de Transporte no se han gastado porque faltan proyectos en regiones para financiar. “Es decir, recursos hay y era posible asignarlos a resolver necesidades de las personas y eso es la base del acuerdo que se hizo con el Gobierno”, sostiene.
Carlos Melo no comparte esa visión. Detalla que este ítem de la Ley Espejo tiene una ejecución de casi el 100%. Incluso, cuenta que hay una serie de proyectos listos que no se han ejecutado porque no tienen financiamiento.
La presión por los peajes
Aunque el Presupuesto 2019 aún no se despacha del Congreso, ya existen los primeros beneficiados con la medida: quienes circulan por la ruta D43 entre Ovalle y La Serena, una nueva ruta concesionada de 80 kilómetros que concentró reclamos de los usuarios cuando en julio de este año comenzó el cobro por el uso de la vía ($2.500 para autos y camionetas, que en diciembre subiría a $2.900).
“El anuncio de que se congela el alza del peaje programado para diciembre es una demanda que levantamos en la región con la senadora Adriana Muñoz (PPD) y el senador Jorge Pizarro (DC). Ahora que se aprobaron los recursos, la intendenta regional pidió a la Dipres que se autorice usar parte de esos fondos para un subsidio al peaje de esta ruta. Se calcula que se usarán $700 millones del total autorizado”, explica el diputado Núñez.
El parlamentario hizo el anuncio del congelamiento del peaje en Twitter. Fue respaldado por otro diputado de la zona, Matías Walker (DC)
Fuente: Pauta, Lunes 26 de noviembre de 2018
