PULSO – Asomaba como opción, pero finalmente se concretó. Los controladores de Nuevo Pudahuel, integrado por los franceses Aeroports de Paris, con un 45% de la propiedad; Vinci Airports, con 40%, y la italiana Astaldi, con 15%, se verán las caras con el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Los principales accionistas del consorcio que en 2015 se adjudicó por 20 años la concesión del aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez (AMB), comunicaron la intención de iniciar un reclamo bajo el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.
Nuevo Pudahuel había solicitado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) extender el plazo del contrato de concesión producto de la pandemia, que en 2020 les generó pérdidas netas por US$37 millones, en un escenario donde además, dicen, Chile perdió a diciembre del año pasado 19 rutas y 630 frecuencias semanales, hoy sólo operan 173. Pero el MOP se cerró a cambios en el contrato, argumentando que se debían respetar los términos firmados y resguardar los intereses del Estado. Esto activó un conflicto -incluso los controladores franceses informaron de la situación al Canciller Andrés Allamand, por tratarse de una inversión extranjera- que ahora escala a un arbitraje internacional. Esto, pese a que Ministerio de Obras Públicas, liderado por Alfredo Moreno, conformó una mesa de trabajo, pero que de acuerdo a la concesionaria sólo se han tratado temas operativos, pero nunca para buscar soluciones al desequilibrio económico.}
El CEO de Groupe Aeroports de Paris Internacional, Fernando Echegaray, relata a Pulso las razones que los lleva a recurrir al Ciadi. Dice que la autoridad rechazó sus solicitudes en cuanto a dar una solución a la situación planteada, como el riesgo de que la concesión deje de ser viable y el grave impacto económico para la sociedad concesionaria, y restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión.
¿Qué acciones piensan tomar como controladores del aeropuerto?
Las acciones comenzaron a principios de 2020, cuando alertamos al Estado chileno de las negativas consecuencias que tendrían la pandemia y las medidas sanitarias que han debido aplicar las autoridades para con la conectividad del país. Lamentablemente, la autoridad rechazó nuestras solicitudes en cuanto a dar una solución a la situación planteada y restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión, lo que nos ha obligado a comunicar al Presidente de la República la intención de Groupe ADP y Vinci Airports de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) a fin de iniciar un reclamo bajo el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones. En este contexto, Groupe ADP y Vinci Airports han dado inicio a los 6 meses de negociación amigable que impone dicho Convenio previamente a iniciar el reclamo arbitral.
¿Por qué finalmente toman la decisión de recurrir al Ciadi? ¿bajo qué argumentos?
Operamos más de 70 aeropuertos en el mundo y sus Estados han comprendido que esta crisis y sus consecuencias no tienen predentes. En el caso de Austria, Bélgica, Japón, Brasil, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Rusia y España ya han, proactivamente, trabajado con sus aeropuertos para restablecer el equilibrio económico de los contratos y garantizar la viabilidad de las concesiones, de forma que, cuando se supere la pandemia, sus concesionarios trabajen activamente en recuperar la conectividad y mantener los bajos precios que han permitido democratizar los cielos.
Los efectos de la pandemia y la negativa del Estado en restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión, sin embargo, han causado estragos inesperados que no solo no permitirán mayores inversiones, sino que ponen en riesgo la operación del aeropuerto. Es nuestro parecer que Chile no ha cumplido con sus obligaciones de protección de la inversión extranjera bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la promoción y protección recíprocas de inversiones.
¿Qué posibilidades ven ustedes de que les vaya bien?
No vemos esta disputa como ganancia o pérdida, esperamos que ambos aliados salgan fortalecidos y el servicio público brindado a los pasajeros, protegido. Creemos que el derecho, un sentido elemental de justicia e incluso el verdadero interés de los chilenos, están a nuestro favor.
¿Qué posibilidad real existe de que la concesionaria se declare en insolvencia? ¿Se están preparando para esa posibilidad?
Es una posibilidad real, sin duda, por eso estamos acudiendo a todas las instancias posibles para llegar a un acuerdo amistoso con el Estado de Chile, y por eso llevamos 10 meses explicando en detalle al Ministerio de Obras Públicas las graves consecuencias que esto implicará para el transporte aéreo, la economía y la conectividad del país.
La quiebra de una concesión y, más aún, del aeropuerto más importante de Chile, nunca ha sucedido. El proceso sería lamentable y de una duración de años, provocando profundos daños al país, a los usuarios y a los inversionistas.
Como controladores de la concesionaria, ¿Planean inyectar recursos para salvar la concesión y para terminar con las obras que aún están pendientes?
Hemos comenzado la inyección de US$61 millones, adicionales a la inversión de US$1.000 millones de la obra, para cumplir nuestro acuerdo financiero, entregar un nuevo terminal internacional a Chile, y evitar una quiebra. Sin embargo, sin intervención externa, al 2022 Nuevo Pudahuel no podrá cumplir sus compromisos financieros.
¿A cuánto ascienden los perjuicios económicos que les ha dejado la pandemia hasta ahora?
Sólo en 2020 hemos perdido US$37 millones, que aumentará exponencialmente en el futuro, pero lo grave es que, de no llegar a una resolución de la disputa con el Estado de Chile, según nuestras estimaciones actuales el país dejará de recibir a 220 millones de pasajeros. Es por esto que nos asombra la posición del MOP que prefiere judicializar esta crisis, con todas las consecuencias que ello conlleva: un largo juicio, postergación de inversiones, y grandes costos para ambas partes.
A la oferta que presentó Nueva Pudahuel en la licitación se la ha calificado de temeraria, ¿se arrepienten?
Es fundamental desmitificar esto. Quienes la definen de temeraria se equivocan. Los ingresos y las utilidades de los 5 primeros años demuestran que no nos equivocamos en nuestro modelo. Sin embargo, el riesgo de la pandemia no es un riesgo del concesionario. De ser así, ningún aeropuerto en el mundo habría sido concesionado, porque considerando ese riesgo ningún modelo habría resistido la crisis que se está produciendo, independiente de la oferta o compartición que se hubiese ofrecido.
¿Qué les parece la posición que ha tomado el ministro de Obras Pública, Alfredo Moreno, y la respuesta que les ha dado respecto a que se debe respetar el contrato firmado y resguardar los intereses del Estado?
La respuesta del Ministro Moreno sugiere que para el MOP lo más importante no es la finalidad misma del contrato, que es el cuidado y desarrollo de una infraestructura esencial para el país, proteger la conectividad, la inversión extranjera, el mantener e incrementar la democratización de los cielos y la diversidad de operadores, sino que el tecnicismo. El contrato de concesión requiere como principio el mantenimiento del equilibrio y recalcar que el contrato no asigna el riesgo de la pandemia al concesionario como pretende el Estado. En realidad, la posición del MOP no resguarda, el que a nuestro juicio es el real interés del país; por el contrario, congela y hace retroceder todos los avances que habíamos realizado.
¿A qué atribuyen la respuesta que les ha dado el ministro Alfredo Moreno, respecto de que vayan a tribunales si es el caso?
Nosotros preferimos no suponer intenciones, esa pregunta tendría que responderla el MOP, pero debiera considerar que estamos hablando del principal aeropuerto del país, de carga, de turistas y de personas que invierten en Chile. Los costos de un juicio, la energía que requiere y recursos, debieran ser utilizados para avanzar como socios estratégicos. Pensar que esto se resuelve re-licitando es no tomar en consideración el costo país que este escenario conlleva, incluyendo respecto del mensaje que se envía a los inversores extranjeros que quieren invertir en el país. Por lo demás, los inversionistas en la negociaciones no estamos pidiendo dinero, sino que tiempo para reconstruir lo que la pandemia destruyó, con evidente beneficio económico también para el Estado, pero el Ministerio de Obras Públicas no sólo no nos está dando esa posibilidad, sino que nos dice, “gracias por invertir, hicieron un mal negocio por la pandemia y será lamentable que no obtendrán el retorno de su inversión”.
¿Cómo ha sido la acogida en otros países en los que ustedes operan?
Ha sido proactiva por los mismos Estados con los que trabajamos. En Japón, Orlando (EE.UU.), Dublín (Irlanda) y Salvador de Bahía (Brasil) ya se han encontrado soluciones para restablecer el equilibrio de las concesiones, que van desde inyección de capital directo o indirecto, mientras que en otros se han extendido los tiempos de concesión u otros acuerdos.
¿Cuántos años de extensión de contrato calculan ustedes que son necesarios?
Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de conversarlo con la autoridad de Obras Públicas, porque ha rechazado cualquier posibilidad de reequilibrar la economía de la concesión. Estamos siendo ignorados por el Estado de Chile, luego de haber invertido US$1.000 millones y de ser buenos aliados, cuando en los primeros 5 años aportamos a las arcas fiscales más de US$1.050 millones. Hemos sido buenos socios y hemos construido de acuerdo a lo comprometido, y continuamos haciéndolo incluso durante la pandemia, con costos superiores a los originales para salvaguardar los 3.800 empleos creados por la obra.
El MOP ha dicho que la continuidad del terminal no está amenazada, porque si el concesionario no puede seguir, se tendrá que reemplazar por otro ¿Ustedes comparten esa declaración? ¿Estará listo el nuevo terminal este año?
No estamos de acuerdo. Como accionistas de Nuevo Pudahuel somos socios estratégicos del Estado de Chile. Es equivocado e injusto decir que el concesionario sólo construye, es ignorar una parte esencial del trabajo que hemos realizado en Chile y en el mundo. Reemplazar al concesionario con otro operador tomará tiempo, no es un proceso que ocurra de un día para otro, tomará años y no desliga al Estado de sus obligaciones para con Groupe ADP y Vinci Airports. Y ese tiempo, en vez de trabajarlo en conjunto para promover Chile y recuperar lo perdido, lo usaremos en litigios que tendrán altos costos, tanto para el país como para los inversionistas. Si ese es el camino a seguir, lo haremos, pero creemos que hay mejores formas de resolver un conflicto que pagarán todos los usuarios.
Fuente: Pulso, Martes 19 de Enero de 2021
