EL MERCURIO – La relicitación de la carretera Talca-Chillán, proyecto por US$ 796 millones, se iba a convertir en la primera obra en concesionarse bajo el alero del Fondo de Infraestructura (Foinsa), compañía estatal creada por la Ley N°21.082, cuya tramitación en el Parlamente terminó en enero de 2018. La empresa, entre otros, se iría nutriendo del valor de las concesiones cuyos contratos expiren, para luego ser nuevamente licitadas.
Pero esa aspiración del Ministerio de Obras Públicas (MOP) está hasta ahora congelada por decisión de la Contraloría General de la República. En un dictamen del 6 de septiembre pasado, la entidad indicó que no tomaba razón de las bases de licitación de Talca-Chillán tramitadas por la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, esencialmente por dos motivos. Uno de ellos, es que no advertía claridad en el modo de pagos o traspaso de activos al Fondo. La segunda razón alude a que los estatutos de Foinsa —listos desde hace un año— aún no entran al órgano contralor para su toma de razón.
“La Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba las bases de licitación de la obra pública fiscal denominada ‘Concesión Ruta 5 tramo Talca-Chillán’, a ejecutar por el sistema de concesiones, por cuanto no se advierte el fundamento normativo que faculte a esa dirección (de Concesiones) para prever a través de estas bases que determinados pagos podrán ser realizados por o en favor del Fondo de Infraestructura S.A., entidad cuya constitución, además, no consta que haya sido aprobada a través del correspondiente acto administrativo, sujeto al trámite de toma de razón”, señala el dictamen.
En el MOP afirman que esta situación está siendo solucionada. Ello sería con un cambio en las bases de licitación donde se suprime la alusión al Fondo.
Tras ser consultado por el tema, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, indica que “la Contraloría interpretó que el MOP no puede incorporar en las bases de licitación de la concesión que ciertos pagos sean realizados desde o hacia el Fondo de Infraestructura. Actualmente, estamos en los trámites finales para adecuar las bases a estos requerimientos e ingresar nuevamente al proceso de toma de razón en Contraloría. Esperamos que sea algo rápido”.
La relicitación de la carretera estaba prevista para mayo pasado, según un informe de abril del MOP, pero se ha ido aplazando.
Palacios señala que el trámite administrativo al que aduce el dictamen está ligado a la resolución del Ministerio de Hacienda que aprueba los estatutos del Fondo de Infraestructura, la cual debe ser tomada de razón por la Contraloría.
Quienes conocen del trámite administrativo confirman que los estatutos no han ingresado a Contraloría y que ello es tarea del Ministerio de Hacienda o también de Corfo, que son los representantes del Fisco como accionistas de Foinsa.
Los problemas relacionados al detalle del mecanismo a través del cual el MOP podría traspasar activos al Fondo deberían ser resueltos con modificaciones a la Ley que creó a Foinsa.
La Ley permite que Foinsa —presidido hoy por Luz Granier— convenga con el MOP que este último actúe como su representante en el desarrollo del procedimiento de licitación para otorgar concesiones a terceros, debiendo detallarse los términos del mandato.
Asimismo, el Fondo puede, entre otras atribuciones, financiar o invertir en proyectos de infraestructura, construir iniciativas y emitir instrumentos financieros. A la vez, producir utilidades de acuerdo a su plan de negocios quinquenal.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 25 de Septiembre de 2019
Contraloría frena relicitación de Talca-Chillán por falencias en Fondo de Infraestructura
EL MERCURIO – La relicitación de la carretera Talca-Chillán, proyecto por US$ 796 millones, se iba a convertir en la primera obra en concesionarse bajo el alero del Fondo de Infraestructura (Foinsa), compañía estatal creada por la Ley N°21.082, cuya tramitación en el Parlamente terminó en enero de 2018. La empresa, entre otros, se iría nutriendo del valor de las concesiones cuyos contratos expiren, para luego ser nuevamente licitadas.
Pero esa aspiración del Ministerio de Obras Públicas (MOP) está hasta ahora congelada por decisión de la Contraloría General de la República. En un dictamen del 6 de septiembre pasado, la entidad indicó que no tomaba razón de las bases de licitación de Talca-Chillán tramitadas por la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, esencialmente por dos motivos. Uno de ellos, es que no advertía claridad en el modo de pagos o traspaso de activos al Fondo. La segunda razón alude a que los estatutos de Foinsa —listos desde hace un año— aún no entran al órgano contralor para su toma de razón.
“La Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba las bases de licitación de la obra pública fiscal denominada ‘Concesión Ruta 5 tramo Talca-Chillán’, a ejecutar por el sistema de concesiones, por cuanto no se advierte el fundamento normativo que faculte a esa dirección (de Concesiones) para prever a través de estas bases que determinados pagos podrán ser realizados por o en favor del Fondo de Infraestructura S.A., entidad cuya constitución, además, no consta que haya sido aprobada a través del correspondiente acto administrativo, sujeto al trámite de toma de razón”, señala el dictamen.
En el MOP afirman que esta situación está siendo solucionada. Ello sería con un cambio en las bases de licitación donde se suprime la alusión al Fondo.
Tras ser consultado por el tema, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, indica que “la Contraloría interpretó que el MOP no puede incorporar en las bases de licitación de la concesión que ciertos pagos sean realizados desde o hacia el Fondo de Infraestructura. Actualmente, estamos en los trámites finales para adecuar las bases a estos requerimientos e ingresar nuevamente al proceso de toma de razón en Contraloría. Esperamos que sea algo rápido”.
La relicitación de la carretera estaba prevista para mayo pasado, según un informe de abril del MOP, pero se ha ido aplazando.
Palacios señala que el trámite administrativo al que aduce el dictamen está ligado a la resolución del Ministerio de Hacienda que aprueba los estatutos del Fondo de Infraestructura, la cual debe ser tomada de razón por la Contraloría.
Quienes conocen del trámite administrativo confirman que los estatutos no han ingresado a Contraloría y que ello es tarea del Ministerio de Hacienda o también de Corfo, que son los representantes del Fisco como accionistas de Foinsa.
Los problemas relacionados al detalle del mecanismo a través del cual el MOP podría traspasar activos al Fondo deberían ser resueltos con modificaciones a la Ley que creó a Foinsa.
La Ley permite que Foinsa —presidido hoy por Luz Granier— convenga con el MOP que este último actúe como su representante en el desarrollo del procedimiento de licitación para otorgar concesiones a terceros, debiendo detallarse los términos del mandato.
Asimismo, el Fondo puede, entre otras atribuciones, financiar o invertir en proyectos de infraestructura, construir iniciativas y emitir instrumentos financieros. A la vez, producir utilidades de acuerdo a su plan de negocios quinquenal.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 25 de Septiembre de 2019
