LA TERCERA – En un país que pretende progresar en materia de desarrollo en una perspectiva integral, no solo económica sino también social y ambiental, e incluso en su dimensión política, incluyendo mayores espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones y mayor equidad de género en la estructuras de poder público y privado, precisa que haya un cierta continuidad de las políticas públicas ante cambios en la administración del Estado, sin perjuicio que el gobierno entrante tiene el legítimo derecho de hacer ajustes respaldado por las mayorías ciudadanas que lo eligieron. Así como también, resulta razonable esperar que promuevan una nueva agenda de iniciativas de carácter legislativo y técnico en aras de alcanzar sus metas planteadas en su programa de gobierno.
No obstante lo anterior, aquellas materias de interés país que están ligadas al desarrollo urbano, resultan quizás esperable que haya una cierta continuidad en la agenda trazada por la Política Nacional de Desarrollo Urbano promulgada por el propio Presidente Piñera casi al final de su primer mandato, a partir del proceso de puesta en marcha de diseño e implementación de esta política pública desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante la saliente administración de la Presidenta Bachelet.
A la hora del balance, se reconocen importantes avances en estos años en materia de programas de integración social y territorial, planes maestros urbanos/habitacionales, programas de regeneración de conjuntos habitacionales, construcción de ciclovías de alto estándar, rehabilitación de espacios públicos y la construcción de nuevos parques urbanos, entre otros. Todas estas iniciativas están contribuyendo significativamente a entregar una mejor calidad de vida urbana a la población, sobre todo aquella que vive en barrios y comunas más vulnerables o carenciadas, disminuyendo la brecha de inequidad existentes en la disposición de bienes y servicios públicos y privados entre comunas y ciudades en Chile.
Del mismo modo, avances en el marco regulatorio que apuntaron a garantizar un mayor y mejor acceso a bienes urbanos básicos y elevar los estándares de seguridad en la edificación, resultan ser también una contribución significativa al desarrollo urbano en estos años. Y, especialmente relevante, ha sido la tarea de fortalecer la institucionalidad, básicamente a partir del rol que ha jugado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), el Comité de Ministros para la Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT) y el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, todas instancias de carácter intersectorial para la toma de decisiones que debieran en este gobierno entrante seguir contribuyendo a dar gobernabilidad a las iniciativas públicas en el afán de un desarrollo urbano más integrado, equilibrado y justo para nuestros barrios, comunas y ciudades de Chile. Y, al mismo tiempo, lograr que esta visión sea internalizada cada vez más, no solo en sus beneficios económicos por actores privados y por supuesto para la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta ahora y las futuras iniciativas que marquen la agenda de gobierno para los próximos cuatros años, requieren ir acompañados de un aumento significativo en inversión en capital humano y una mayor estabilidad de los cuadros profesionales y técnicos abocados a la tarea de materializar la agenda desde las distintas escalas de gobierno.
Lo primero, porque el aumento de competencias y habilidades en materia de planificación y gestión urbana resulta urgente, debido a que no existen profesionales y técnicos suficientes ni totalmente preparados para abordar desde los gobiernos regionales y municipales todos los desafíos que plantea la Política Nacional en Desarrollo Urbano, así como tampoco en algunas reparticiones ministeriales a nivel nacional y regional. Y, lo segundo, la formación y configuración de equipos profesionales y técnicos constituye un esfuerzo institucional en tiempo y recursos que no debe ni puede estar sujeto a condiciones de inestabilidad por cambio de autoridades a ninguna escala de gobierno, sobre todo cuando los balances sobre su desempeño no merecen cuestionamientos de fondo.
Por otro lado, resulta necesario que por su parte se formen en materias de planificación y gestión urbana desde un perspectiva integral, profesionales de distintas disciplinas provenientes del sector privado, sea como desarrolladores inmobiliarios o consultores, organizaciones no gubernamentales, asociaciones ciudadanas o la propia academia o centros de estudio, entendiendo que todo apunta a que las ciudades que construiremos durante los próximos años serán fruto de procesos más participativos y donde confluirán perspectivas e intereses diversos, cuestión que define un nuevo modelo de gobernanza. Conforme lo anterior, resulta imprescindible equilibrar el conocimiento y dominio de las materias en un amplio espectro de agentes en la sociedad actual.
En tal sentido, basta revisar los cinco ejes prioritarios señalados por el Presidente Piñera, los cuales apuntan a ámbitos sectoriales bien definidos; crecimiento económico, seguridad, salud, educación y sistema de pensiones, donde parte importante de la expresión de muchas de las iniciativas que acompañarán dichas prioridades requieren tener una expresión en materia de desarrollo urbano y territorial bien preciso. A modo de ejemplo, mejorar condiciones de seguridad obliga a seguir invirtiendo en mejores equipamientos de bienes urbanos y una planificación más integral de los barrios actuales y potenciales, o, por otro lado, mejorar acceso a mejor educación y salud requiere ir acompañados de propuestas que ayuden a mejorar la movilidad, particularmente en materia de transporte público y el uso de modos de transporte no motorizados. Incluso conforme poco más del 85% de la población viven en ciudades de más de 50.000 habitantes, las oportunidades de empleo que estimulen el crecimiento económico deben acompañarse por políticas públicas que promuevan la descentralización del país y no el centralismo regional, para lo cual el acceso a bienes públicos y privados de calidad resulta indispensable no solo en las grandes urbes.
Finalmente, se debe aprovechar que existe un cierto consenso nacional respecto de la importancia de seguir avanzando en la implementación de la agenda de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ya que las autoridades actuales y las salientes han sido artífices de ello, por lo tanto, por nuestra parte desde la academia esperamos seguir aportando en la formación del capital humano necesario para enfrentar estos desafíos.
Fuente: La Tercera, Martes 20 de marzo de 2018
