Jueves, Diciembre 26, 2024

Conocer y valorar el gran esfuerzo de sanear las aguas de Chile

EL LÍBERO – El reto principal es que las nuevas generaciones conozcan y reconozcan que la posibilidad de tomar agua directamente de la llave era un privilegio hace 30 años y que el sistema de concesiones permitió avanzar a pasos agigantados tanto en la cobertura como en el saneamiento.

Las nuevas generaciones no saben que hace 25 años lo habitual era ver gaviotas sobrevolando el río Mapocho y a las personas aguantar la respiración al cruzar algún puente por el mal olor de sus aguas. A mediados de la década del noventa sólo el 4,5% de las aguas servidas de Santiago eran tratadas y casi el 17% a nivel urbano en todo el país. Actualmente es prácticamente el 100% en las zonas urbanas concesionadas.

¿Qué pasó?

La historia se contó a fines del mes pasado con motivo de cumplirse 25 años del inicio de la alianza público-privada en el sector sanitario en el seminario “Alianza Público-Privada en gestión del agua: resultados y desafíos”, organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) junto con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y Aguas Andinas.

Para conocer cómo partió este modelo exitoso, hay que remontarse a 1994. Durante su primer año de gobierno, el Presidente Eduardo Frei presentó un proyecto que en 1998 se transformó en la Ley 19.594, la cual modificó el régimen jurídico aplicable a los servicios sanitarios y permitió concretar convenios (concesiones) entre el sector público y privado.

Al cabo de más de dos décadas, el país puede sentirse orgulloso del camino recorrido. Entre los años 2000 y 2022 las empresas sanitarias invirtieron más de USD 9.000 millones, permitiendo a Chile ocupar la undécima posición mundial en cobertura de agua potable y alcantarillado y ser el único en América Latina con cobertura total de aguas servidas urbanas. Y, por si fuera poco, junto a Costa Rica son las únicas latinoamericanas en el listado de sólo 50 naciones en donde es seguro consumir agua directamente de la llave, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para el Estado lograr esto habría sido imposible de realizar por sí solo, pero además permitió que pudiese invertir los recursos públicos en otras áreas y ahorrar más de USD 22.500 millones en salud, gracias a la reducción del tifus, el cólera y la hepatitis, enfermedades que eran frecuentes cuando una alta proporción de las hortalizas que se producían para el consumo de los habitantes de Santiago se regaban con las aguas servidas del Zanjón de la Aguada, por ejemplo.

¿Qué vendrá?

Los desafíos en materia sanitaria siguen aumentando, sobre todo, si consideramos el déficit de disponibilidad hídrica que genera en Chile y en el mundo el cambio climático y la sequía.

Aún hay 400 mil familias que viven en sectores rurales que no disponen abastecimiento de agua potable y las metas por cumplir son ambiciosas, pero alcanzables, requiriendo de mayor eficacia por parte de la inversión pública que realiza MOP.

Hay muchas expectativas en torno al proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09), ya que permitiría aumentar en varios litros por segundo la disponibilidad hídrica para el consumo humano con más plantas desaladoras, como las de Aguas Pacífico, Cramsa o la recientemente anunciada para la Región de Coquimbo; la construcción de más embalses, que fue planteado por la Ministra de Obras Públicas, Jessica López en el Seminario del CPI; enfrentar adecuadamente las situaciones de emergencias provocadas por catástrofes como inundaciones e incendios con innovaciones para desalinizar y purificar agua a través de equipos móviles capaces de llegar a cualquier sitio; mejorar la calidad del agua, que incluye la aprobación e implementación de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales, tales como la que se desarrolla para la cuenca del Río Rapel, cuyo anteproyecto fue publicado en el Diario Oficial el 7 de febrero pasado, y del Lago Llanquihue, cuyo proceso de revisión se publicó el 2 de febrero en el mismo medio.

¿Cuál es el mayor desafío?

Quizás el reto principal es que las nuevas generaciones conozcan y reconozcan que la posibilidad de tomar agua directamente de la llave era un privilegio hace 30 años y que el sistema de concesiones permitió avanzar a pasos agigantados tanto en la cobertura como en el saneamiento, igualando las condiciones para todos los chilenos.

Los más jóvenes no divisan gaviotas ni sienten malos olores provenientes del Mapocho y, a pesar de la escasez hídrica, también, quienes viven en zonas urbanas, dan por hecho que el agua debe estar siempre disponible y tratada por razones medioambientales.

El desafío es que todas las generaciones aprendamos a cuidar nuestros recursos hídricos y valorar el esfuerzo realizado y que se sigue desplegando para que haya cobertura universal de agua potable y saneamiento en Chile.

Ver artículo

Fuente: El Líbero, Miércoles 14 de Febrero de 2024

EL LÍBERO – El reto principal es que las nuevas generaciones conozcan y reconozcan que la posibilidad de tomar agua directamente de la llave era un privilegio hace 30 años y que el sistema de concesiones permitió avanzar a pasos agigantados tanto en la cobertura como en el saneamiento.

Las nuevas generaciones no saben que hace 25 años lo habitual era ver gaviotas sobrevolando el río Mapocho y a las personas aguantar la respiración al cruzar algún puente por el mal olor de sus aguas. A mediados de la década del noventa sólo el 4,5% de las aguas servidas de Santiago eran tratadas y casi el 17% a nivel urbano en todo el país. Actualmente es prácticamente el 100% en las zonas urbanas concesionadas.

¿Qué pasó?

La historia se contó a fines del mes pasado con motivo de cumplirse 25 años del inicio de la alianza público-privada en el sector sanitario en el seminario “Alianza Público-Privada en gestión del agua: resultados y desafíos”, organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) junto con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y Aguas Andinas.

Para conocer cómo partió este modelo exitoso, hay que remontarse a 1994. Durante su primer año de gobierno, el Presidente Eduardo Frei presentó un proyecto que en 1998 se transformó en la Ley 19.594, la cual modificó el régimen jurídico aplicable a los servicios sanitarios y permitió concretar convenios (concesiones) entre el sector público y privado.

Al cabo de más de dos décadas, el país puede sentirse orgulloso del camino recorrido. Entre los años 2000 y 2022 las empresas sanitarias invirtieron más de USD 9.000 millones, permitiendo a Chile ocupar la undécima posición mundial en cobertura de agua potable y alcantarillado y ser el único en América Latina con cobertura total de aguas servidas urbanas. Y, por si fuera poco, junto a Costa Rica son las únicas latinoamericanas en el listado de sólo 50 naciones en donde es seguro consumir agua directamente de la llave, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para el Estado lograr esto habría sido imposible de realizar por sí solo, pero además permitió que pudiese invertir los recursos públicos en otras áreas y ahorrar más de USD 22.500 millones en salud, gracias a la reducción del tifus, el cólera y la hepatitis, enfermedades que eran frecuentes cuando una alta proporción de las hortalizas que se producían para el consumo de los habitantes de Santiago se regaban con las aguas servidas del Zanjón de la Aguada, por ejemplo.

¿Qué vendrá?

Los desafíos en materia sanitaria siguen aumentando, sobre todo, si consideramos el déficit de disponibilidad hídrica que genera en Chile y en el mundo el cambio climático y la sequía.

Aún hay 400 mil familias que viven en sectores rurales que no disponen abastecimiento de agua potable y las metas por cumplir son ambiciosas, pero alcanzables, requiriendo de mayor eficacia por parte de la inversión pública que realiza MOP.

Hay muchas expectativas en torno al proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09), ya que permitiría aumentar en varios litros por segundo la disponibilidad hídrica para el consumo humano con más plantas desaladoras, como las de Aguas Pacífico, Cramsa o la recientemente anunciada para la Región de Coquimbo; la construcción de más embalses, que fue planteado por la Ministra de Obras Públicas, Jessica López en el Seminario del CPI; enfrentar adecuadamente las situaciones de emergencias provocadas por catástrofes como inundaciones e incendios con innovaciones para desalinizar y purificar agua a través de equipos móviles capaces de llegar a cualquier sitio; mejorar la calidad del agua, que incluye la aprobación e implementación de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales, tales como la que se desarrolla para la cuenca del Río Rapel, cuyo anteproyecto fue publicado en el Diario Oficial el 7 de febrero pasado, y del Lago Llanquihue, cuyo proceso de revisión se publicó el 2 de febrero en el mismo medio.

¿Cuál es el mayor desafío?

Quizás el reto principal es que las nuevas generaciones conozcan y reconozcan que la posibilidad de tomar agua directamente de la llave era un privilegio hace 30 años y que el sistema de concesiones permitió avanzar a pasos agigantados tanto en la cobertura como en el saneamiento, igualando las condiciones para todos los chilenos.

Los más jóvenes no divisan gaviotas ni sienten malos olores provenientes del Mapocho y, a pesar de la escasez hídrica, también, quienes viven en zonas urbanas, dan por hecho que el agua debe estar siempre disponible y tratada por razones medioambientales.

El desafío es que todas las generaciones aprendamos a cuidar nuestros recursos hídricos y valorar el esfuerzo realizado y que se sigue desplegando para que haya cobertura universal de agua potable y saneamiento en Chile.

Ver artículo

Fuente: El Líbero, Miércoles 14 de Febrero de 2024

TITULARES