LA TERCERA – La reciente discusión respecto a la ley de integración urbana del MINVU despierta sentimientos encontrados. Por un lado la esperanza de avanzar en políticas que permitan a familias de escasos recursos acceder a viviendas de bajo costo en localizaciones centrales y cercanas a las oportunidades; y por otro desazón, por cómo algunos sectores políticos, en particular el Frente Amplio, pretenden sembrar la desconfianza en la necesaria colaboración público privada para lograr estos objetivos.
Algunas críticas y aprehensiones son legítimas: el proyecto de ley no es perfecto, su aporte a reducir el déficit habitacional es más bien marginal, y no podemos pretender que una ley sectorial solucione por si sola un problema multidimensional como el de las dinámicas de exclusión. Pero ya es hora de dejar de obstruir, negarse a legislar, instalar post-verdades y sembrar la desconfianza en el aporte que haría el sector inmobiliario en esta tarea.
Algunos acusan que los infames guetos verticales de Estación Central dan cuenta del riesgo de incorporar a las inmobiliarias en el modelo, pero donde ellos ven especulación y yo unos adefesios urbanos que son la excepción más que la regla, lo que se ve en realidad es un síntoma que el Estado no fue capaz de generar a tiempo soluciones de bajo costo para miles de familias dispuestas a pagar un arriendo con tal de vivir cerca de la pega; y por falta de regulación, el privado respondió -de manera imperfecta- a esas demandas.
Ya es hora de dejar de tratar al sector inmobiliario como traficantes de armas, cuando construimos los sueños y hogares de miles de familias. Doy fe de esto, ya que desde hace 4 años soy Director de una de las principales inmobiliarias del rubro, que al estar abierta a la bolsa reporta sus utilidades y donde existen altos estándares éticos como no operar en comunas sin plan regulador actualizado. La industria hoy es más competitiva, atomizada y consiente que nunca, con una nueva generación de líderes jóvenes tanto en la Cámara de la Construcción como en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios con fuerte voluntad de cambio y probado compromiso social. Que han dicho públicamente que “ya no basta con actuar dentro del marco de la legalidad, sino que bajo el estándar de la legitimidad”
En este contexto, pretender evitar el acceso a las inmobiliarias a construir y operar proyectos públicos de integración y arriendo subsidiado en terrenos fiscales, congelar precios de arriendo, fijar niveles máximos de rentabilidad o restringir la oferta de suelo solo irá en desmedro de aquellas familias que queremos integrar, consolidando una visión de planificación exclusionaria, donde so pretexto de proteger los barrios de la acción inmobiliaria, estaremos cerrando la puerta a que miles de familias puedan acceder a la calidad de vida de barrios que cuentan con infraestructura, servicios y transporte en exceso. Estamos ante una inminente crisis de encarecimiento de la vivienda, y la evidencia indica que esas políticas lo único que logran es aumentar el valor del suelo y reducir la oferta de viviendas, encareciendo su compra o arriendo.
Diversos estudios sociológicos indican que la principal barrera para la real integración social es la desconfianza y exclusión, las cuales lamentablemente aumentan entre los sectores medios-bajos y bajos. Si realmente queremos nivelar la cancha y construir esas ciudades equitativas e integradas que queremos, nuestra clase política debe partir por dar el ejemplo, dejar atrás el discurso de la desconfianza y entender que la asociación público-privada, con buenos incentivos y regulaciones claras para construir juntos proyectos de densificación equilibrada y extensión condicionada, es la única vía para lograr la tan esperada equidad urbana.
Fuente: La Tercera, Lunes 9 de Septiembre de 2019
Confianza e integración. Por Pablo Allard
LA TERCERA – La reciente discusión respecto a la ley de integración urbana del MINVU despierta sentimientos encontrados. Por un lado la esperanza de avanzar en políticas que permitan a familias de escasos recursos acceder a viviendas de bajo costo en localizaciones centrales y cercanas a las oportunidades; y por otro desazón, por cómo algunos sectores políticos, en particular el Frente Amplio, pretenden sembrar la desconfianza en la necesaria colaboración público privada para lograr estos objetivos.
Algunas críticas y aprehensiones son legítimas: el proyecto de ley no es perfecto, su aporte a reducir el déficit habitacional es más bien marginal, y no podemos pretender que una ley sectorial solucione por si sola un problema multidimensional como el de las dinámicas de exclusión. Pero ya es hora de dejar de obstruir, negarse a legislar, instalar post-verdades y sembrar la desconfianza en el aporte que haría el sector inmobiliario en esta tarea.
Algunos acusan que los infames guetos verticales de Estación Central dan cuenta del riesgo de incorporar a las inmobiliarias en el modelo, pero donde ellos ven especulación y yo unos adefesios urbanos que son la excepción más que la regla, lo que se ve en realidad es un síntoma que el Estado no fue capaz de generar a tiempo soluciones de bajo costo para miles de familias dispuestas a pagar un arriendo con tal de vivir cerca de la pega; y por falta de regulación, el privado respondió -de manera imperfecta- a esas demandas.
Ya es hora de dejar de tratar al sector inmobiliario como traficantes de armas, cuando construimos los sueños y hogares de miles de familias. Doy fe de esto, ya que desde hace 4 años soy Director de una de las principales inmobiliarias del rubro, que al estar abierta a la bolsa reporta sus utilidades y donde existen altos estándares éticos como no operar en comunas sin plan regulador actualizado. La industria hoy es más competitiva, atomizada y consiente que nunca, con una nueva generación de líderes jóvenes tanto en la Cámara de la Construcción como en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios con fuerte voluntad de cambio y probado compromiso social. Que han dicho públicamente que “ya no basta con actuar dentro del marco de la legalidad, sino que bajo el estándar de la legitimidad”
En este contexto, pretender evitar el acceso a las inmobiliarias a construir y operar proyectos públicos de integración y arriendo subsidiado en terrenos fiscales, congelar precios de arriendo, fijar niveles máximos de rentabilidad o restringir la oferta de suelo solo irá en desmedro de aquellas familias que queremos integrar, consolidando una visión de planificación exclusionaria, donde so pretexto de proteger los barrios de la acción inmobiliaria, estaremos cerrando la puerta a que miles de familias puedan acceder a la calidad de vida de barrios que cuentan con infraestructura, servicios y transporte en exceso. Estamos ante una inminente crisis de encarecimiento de la vivienda, y la evidencia indica que esas políticas lo único que logran es aumentar el valor del suelo y reducir la oferta de viviendas, encareciendo su compra o arriendo.
Diversos estudios sociológicos indican que la principal barrera para la real integración social es la desconfianza y exclusión, las cuales lamentablemente aumentan entre los sectores medios-bajos y bajos. Si realmente queremos nivelar la cancha y construir esas ciudades equitativas e integradas que queremos, nuestra clase política debe partir por dar el ejemplo, dejar atrás el discurso de la desconfianza y entender que la asociación público-privada, con buenos incentivos y regulaciones claras para construir juntos proyectos de densificación equilibrada y extensión condicionada, es la única vía para lograr la tan esperada equidad urbana.
Fuente: La Tercera, Lunes 9 de Septiembre de 2019
