LA TERCERA – La conectividad digital ha demostrado ser una necesidad cada vez más importante de ser satisfecha. La pandemia puso a prueba nuestra resiliencia y debimos acostumbrarnos a que muchas actividades cotidianas se realizaran en línea. Sin duda, el teletrabajo, la teleeducación y la telemedicina llegaron para quedarse. Esta nueva realidad supone un gran desafío para la industria y las nuevas autoridades, quienes deben enfrentar una demanda por una conexión segura y estable sin precedentes, que avanza aceleradamente producto de esta renovada manera de hacer las cosas.
Una conectividad robusta necesita de infraestructura que le dé soporte, que pueda ser neutral y compartida, óptima en cuanto a su capacidad y amigable con el entorno. Por eso es tan importante que la conectividad digital sea asumida como un desafío público transversal, focalizado en las personas y que se enfrente con visión de Estado, con la mirada puesta en el largo plazo.
Si bien Chile posee un buen estándar de conectividad en relación con otros de la región, aún persisten espacios de mejora importantes. Según un estudio realizado por la consultora SmC+ Digital Public Affairs, 8 de cada 10 habitantes en zonas urbanas usa Internet, pero en áreas rurales esta proporción baja a casi de 5 de cada 10.
Ahora bien, no tenemos que confundirnos, porque los problemas de acceso y calidad de servicio se observan, incluso al interior de grandes urbes, donde factores como el nivel de ingreso, la educación e incluso el género, terminan por profundizar aún más la desigualdad en materia de acceso digital. Son varias las barreras identificadas para la superación de la brecha digital. Entre ellas destaca la multiplicidad de entidades que participan en el proceso de obtención de permisos, cada una con sus propios criterios y procedimientos. A esto, debemos sumar las trabas regulatorias presentes y la existencia de plazos que no se hacen cargo de la urgente demanda por conectividad que existe en el país. Sin ir más lejos, los trámites para que un sitio esté instalado y operando demoran cerca de un año y medio, mientras que en otros países de Latinoamérica (como Perú o Colombia) ese tiempo es de solo dos meses. Pese a que numerosos estudios avalan la seguridad de este tipo de infraestructura, la legislación chilena se ubica dentro de las más restrictivas en cuanto a emisiones radioeléctricas según la OCDE. Por esto, pensamos que hay que informar veraz y oportunamente a las comunidades para que los temores se vayan disipando y exista una mejor disposición ante los soportes de antenas de telecomunicaciones.
Como actores de una industria que requiere un trabajo colaborativo entre agentes públicos y privados, estamos comprometidos en evitar que se repitan escenas como las de profesores o alumnos buscando señal en los techos de sus casas o en la cima de los cerros. Ese es el desafío que viene, y estamos gustosos de contribuir a su superación.
Josefina Hernández, directora Legal y de Asuntos Públicos de American Tower para Argentina, Paraguay y Chile
Fuente: La Tercera, Lunes 14 de Febrero de 2022
