DIARIO FINANCIERO – El MOP ha anunciado un programa para licitar obras concesionadas por más de 1.700 millones de dólares en lo que resta del año. Una gran noticia, que se suma a la ratificación que ha hecho el ministro de la cartera de proyectos por licitar: US$ 8 mil millones a través del sistema de concesiones durante este mandato.
Retomar el camino de las licitaciones de obras concesionadas es un buen indicio de la seriedad con la que el gobierno intenta reimpulsar los niveles de inversión en infraestructura. Hay muchas señales de que ésta se está volviendo un cuello de botella para retomar las tasas de crecimiento necesarias para avanzar al desarrollo. Por una parte, el informe de Moody’s -que bajó la calificación de riesgo de Chile- esgrime, entre sus argumentos, las restricciones que muestra la infraestructura nacional para permitir tasas de crecimiento que ameriten una mejor clasificación. Por otra, Vittorio Corbo sostiene que, si Chile quiere mitigar, de alguna manera, los impactos que podría tener la “guerra comercial” a la que EE.UU. está llevando al mundo, es con más inversión en infraestructura, entre otras acciones. Coincide el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien sostiene en su última publicación en el CEP que el gobierno anterior, al intentar retomar el ritmo de crecimiento de la economía, pensó en promover la inversión en infraestructura.
En general, se entiende que para que este impulso sea efectivo es indispensable alguna modalidad de asociación entre el Estado y el sector privado, dadas las dificultades que enfrenta nuestro presupuesto público. Se coincide, entonces, en la necesidad de recurrir a las concesiones de infraestructura pública como instrumento fundamental. Esto se asocia a la reciente entrada en funcionamiento de la Dirección General de Concesiones del MOP, que cuenta con el peso institucional que requiere la industria de concesiones que se ha instalado en Chile en los últimos 25 años.
Por fin el país cuenta con una institución encargada de realizar estudios, licitar, adjudicar, velar por la construcción en calidad, tiempo y costo, y luego asegurar la calidad de los servicios que las concesionarias han comprometido ante la comunidad. Una de las funciones ordenadoras que deberá cumplir esta instancia es definir las tarifas que se cobrarán por las concesiones nuevas, pero también por las que serán relicitadas, como varias de las anunciadas por el MOP.
Todo esto coincide con la próxima entrada en vigencia del Fondo de Infraestructura, muy necesario para apoyar financieramente nuevos proyectos de alto riesgo, para los cuales no hay instrumentos financieros adecuados en el mercado. Para que el FI pueda partir en septiembre, será necesario que el gobierno decida transferirle las carreteras que formarán parte de sus activos, y defina las tarifas que se cobrarán por su uso. Así se asegurará el patrimonio para ser efectivamente un instrumento de financiamiento como el que se requiere para impulsar las inversiones privadas en infraestructura pública. Están dadas todas las condiciones para entrar en una fase de expansión de la inversión privada en esta área. El sector privado está expectante para colaborar. Será función del gobierno marcar los ritmos, tomar las decisiones que correspondan, coordinar a las diferentes agencias y minimizar los tiempos de ejecución de los proyectos, para que la infraestructura deje de ser un obstáculo a nuestro crecimiento y pase a ser un factor que cree nuevas oportunidades, como no hace muchos años atrás.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 23 de agosto de 2018
