EL MERCURIO – La oposición de alcaldes junto a comunidades vecinas, las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales y la tensa relación con las empresas de servicios que deben realizar cambios en sus infraestructura -como postes o redes de agua o gas- cuando se está construyendo alguna obra de uso público.
Esas son las principales trabas que están enfrentando los concesionarios de obras públicas que ven con preocupación que esos problemas se incrementen durante este año, especialmente cuando existe un stock de inversiones a desarrollar de más de US$ 6.700 millones entre licitaciones adjudicadas y mejoras en carreteras.
El presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, califica ese escenario como “desafiante” y apunta sus mayores críticas a las empresas de servicios de agua potable, electricidad, gas y telecomunicaciones, pues se estarían rehusando a efectuar a tiempo las modificaciones de sus instalaciones durante la construcción de una concesión.
“Las compañías de servicios son reluctantes a cambiar sus servicios. Una vez que se establecen las obras, estas hacen el presupuesto, estiman cuánto cuestan los cambios y los trabajos los hacen sus contratistas. El tiempo no es tema para ellos y ahí tenemos un problema”, comenta.
A modo de ejemplo, indica que cuando las empresas de electricidad aceptan cambiar sus redes y postes, dejan las instalaciones antiguas donde cuelgan cables de firmas de telecomunicaciones, que tardan también en hacer los trabajos.
Problemas y tardanzas de ese tipo, asegura, se repiten en el caso de redes de agua potable y alcantarillado o tuberías de gas. Daneri afirma que las tramitaciones que enfrentan durante la construcción por parte de las empresas de servicios pueden llegar a triplicar los tiempos de ejecución de las obras de una iniciativa concesionada.
Por esta razón, el presidente de Copsa espera concretar pronto reuniones con los superintendentes de los diversos ámbitos de servicios para analizar cómo resolver estas situaciones. “Sería impresentable para la opinión pública decir que no podemos hacer las obras porque no nos cambian las cañerías”, comenta.
Leonardo Daneri recuerda que cuando partió la industria de las concesiones -en los años 90-, desde que nacía una idea hasta que se colocaba “el primer metro cúbico de hormigón, transcurrían cerca de cuatro años. Ese periodo ahora es de ocho a 10 años, por la permisología y la cantidad de trabas que enfrentamos”.
Otra barrera que señala el sector es la incertidumbre de los proyectos que, incluso, cuentan con su resolución de calificación ambiental (RCA) aprobada. Explica que una vez que están en marcha las obras aparecen comunidades y alcaldes que se oponen, protestan contra los proyectos y deben obligadamente negociar con ellos.
La cara “amable” de la moneda hoy para Copsa es la cantidad de proyectos adjudicados que deja en marcha el Ministerio de Obras Públicas. Daneri destaca la labor realizada por el titular del ramo, Alberto Undurraga, y señala que los US$ 6.700 millones que están andando se explican porque, a diferencia de varios de sus antecesores, él pudo estar durante todo el periodo de gobierno en el cargo.
El representante gremial plantea que el próximo gobierno que asume en marzo debe “tomar la posta y seguir corriendo”. Daneri sostiene que en Chile debería invertirse 3,5% del PIB al año en infraestructura.
Desafío
Copsa ve como “desafiante” la cartera de obras en marcha por US$ 6.700 millones.
Fuente: El Mercurio, Martes 9 de Enero de 2018
