BNAMÉRICAS – La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile está buscando alternativas para abordar factores de preocupación como la energía y los costos antes de lanzar sus primeras concesiones de desalinización, particularmente en lo que respecta al impacto en las tarifas que pagan los usuarios.
“Ya no basta con tomar decisiones desde la administración central, sino que se requiere un acoplamiento con los gobiernos subnacionales. Esto implica que ya no es un proyecto que se inserte en un territorio; por el contrario, hay que conocer que esas prerrogativas territoriales de las autoridades, de las comunidades, están siendo escuchadas y nosotros, a través de la alianza público-privada, debemos ofrecer un mecanismo de provisión de infraestructura en un tiempo acotado”, señaló durante un webinar el titular de la Dirección General de Concesiones, Juan Manuel Sánchez.
El funcionario indicó que Chile está trabajando en conjunto con el BID en la planificación de estos proyectos de desalinización, considerados fundamentales para enfrentar la crisis hídrica que afecta a gran parte del país desde hace más de una década.
Sánchez hizo estos comentarios durante un taller sobre concesiones de desalinización organizado por la repartición de gobierno y el BID.
La primera licitación de concesiones de desalinización está programada para 2025 y corresponderá a una planta de US$300 millones para la Región de Coquimbo. La segunda se realizaría al año siguiente y comprendería una planta de US$200 millones para la Región de O’Higgins.
Una de las principales preocupaciones acerca de la desalinización es su costo, especialmente en materia energética, que representa alrededor de un tercio de la tarifa de agua que deben pagar los usuarios.
Takashi Masumitsu, jefe de proyectos de infraestructura de la japonesa Mitsui para América Latina, señaló durante el evento que los altos costos de capital también son una preocupación en lo que respecta a las tarifas de agua y que se necesitan subsidios para mitigar el golpe.
Agregó también que los largos procesos de trámite de permisos elevan los costos, pues puede tomar hasta seis años obtener todas las licencias requeridas.
La presidenta ejecutiva de Alma Water Solutions, Arantxa Mencia, agregó que, para que una asociación público-privada de desalinización funcione, uno de los aspectos cruciales es evitar que los riesgos asociados al tipo de cambio se traspasen a los promotores de los proyectos, que buscan rentabilizar su inversión.
También recomendó medir los costos operativos en moneda local y revisarlos una vez al año para asegurarse de que estén ajustados a las tasas de inflación locales.
Sin embargo, el director de innovación y proyectos estratégicos de Sacyr Agua, Domingo Sarzo, señaló que los costos de las desaladoras se han reducido considerablemente en los últimos años. Añadió que el consumo de energía necesario para tratar el agua que necesita una familia de cuatro personas en un año es el mismo que el de un refrigerador.
“La población en general cree que es algo carísimo, pero no se dan cuenta de que están pagando por agua embotellada a un precio 500 veces más caro”, advirtió.
Fuente: Bnaméricas, Miércoles 1 de Marzo de 2023
