LA TERCERA – Diversas investigaciones científicas han documentado los graves efectos que ya se dejan sentir en Chile producto de la escasez de precipitaciones, al punto que ya se habla de una “megasequía”, fenómeno sin precedente en el país tanto por su extensión geográfica así como por lo prolongado del mismo. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), en su reciente actualización sobre ranking global de estrés hídrico, ubicó a nuestro país en el lugar 18, en la antesala de entrar a la categoría de los 17 países con estrés hídrico extremo. Los efectos de falta de lluvias son ya fácilmente comprobables: dos regiones -Coquimbo y Valparaíso- están declaradas como zona de emergencia agrícola, varias localidades están bajo escasez hídrica y hay pérdidas o mermas en la producción agropecuaria.
Las perspectivas son sombrías. Algunos modelos climatológicos anticipan que hacia 2030 el alza de temperatura promedio en el país fluctuará entre 0,5°C para la zona sur y 1,5°C para la zona norte grande y altiplánica, en tanto que las precipitaciones podrían disminuir del orden de 15% promedio en la zona centro-sur del país. Pero a pesar de estos preocupantes antecedentes, es inexplicable que tanto la escasez hídrica como los efectos del alza de las temperaturas ocupen una porción muy menor en nuestro debate legislativo. La clase política sencillamente parece haberse desentendido de esta realidad, mostrando una preocupante falta de visión de largo plazo. Ante un escenario que lo más probable siga empeorando, se hace indispensable que el país cuente con una política pública que trascienda un gobierno en particular, lo que no solo supone un diagnóstico común sino un cronograma de inversiones y acciones concretas que por su escala habrán de desplegarse en sucesivas administraciones.
El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ya tiene presentada una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos -con un horizonte a 2025-, valioso diagnóstico que debería servir como base para edificar esta política de largo plazo. Sería un logro muy importante que al final de esta administración ello se institucionalizara como hoja de ruta para el futuro, objetivo concordante con el hecho de ser país sede de la próxima COP25. Tal objetivo resulta de especial relevancia, porque la ciudadanía debe comenzar a internalizar desde ya el impacto económico y en calidad de vida que generarán estos fenómenos climáticos.
Una primera línea de acción es acopiar en forma más eficiente las aguas que escurren por los ríos, la mayor parte de las cuales actualmente se pierden. En esa línea, el plan del gobierno para construir 26 nuevos embalses -con una inversión estimada de US$ 6 mil millones- es acertada, lo que debe también complementarse con usos eficientes del agua, en especial nuevas técnicas de riego, considerando que el sector silvoagropecuario consume alrededor del 80% del agua. Posiblemente el país también deberá empezar a invertir en plantas desaladoras locales, y en paralelo estudiar la factibilidad -tanto financiera como ambientalmente- de posibles carreteras hídricas, que por su extensión y altos costos requieren de un acabado análisis.
Fuente: La Tercera, Martes 20 de Agosto de 2019
Chile ante la escasez hídrica
LA TERCERA – Diversas investigaciones científicas han documentado los graves efectos que ya se dejan sentir en Chile producto de la escasez de precipitaciones, al punto que ya se habla de una “megasequía”, fenómeno sin precedente en el país tanto por su extensión geográfica así como por lo prolongado del mismo. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), en su reciente actualización sobre ranking global de estrés hídrico, ubicó a nuestro país en el lugar 18, en la antesala de entrar a la categoría de los 17 países con estrés hídrico extremo. Los efectos de falta de lluvias son ya fácilmente comprobables: dos regiones -Coquimbo y Valparaíso- están declaradas como zona de emergencia agrícola, varias localidades están bajo escasez hídrica y hay pérdidas o mermas en la producción agropecuaria.
Las perspectivas son sombrías. Algunos modelos climatológicos anticipan que hacia 2030 el alza de temperatura promedio en el país fluctuará entre 0,5°C para la zona sur y 1,5°C para la zona norte grande y altiplánica, en tanto que las precipitaciones podrían disminuir del orden de 15% promedio en la zona centro-sur del país. Pero a pesar de estos preocupantes antecedentes, es inexplicable que tanto la escasez hídrica como los efectos del alza de las temperaturas ocupen una porción muy menor en nuestro debate legislativo. La clase política sencillamente parece haberse desentendido de esta realidad, mostrando una preocupante falta de visión de largo plazo. Ante un escenario que lo más probable siga empeorando, se hace indispensable que el país cuente con una política pública que trascienda un gobierno en particular, lo que no solo supone un diagnóstico común sino un cronograma de inversiones y acciones concretas que por su escala habrán de desplegarse en sucesivas administraciones.
El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ya tiene presentada una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos -con un horizonte a 2025-, valioso diagnóstico que debería servir como base para edificar esta política de largo plazo. Sería un logro muy importante que al final de esta administración ello se institucionalizara como hoja de ruta para el futuro, objetivo concordante con el hecho de ser país sede de la próxima COP25. Tal objetivo resulta de especial relevancia, porque la ciudadanía debe comenzar a internalizar desde ya el impacto económico y en calidad de vida que generarán estos fenómenos climáticos.
Una primera línea de acción es acopiar en forma más eficiente las aguas que escurren por los ríos, la mayor parte de las cuales actualmente se pierden. En esa línea, el plan del gobierno para construir 26 nuevos embalses -con una inversión estimada de US$ 6 mil millones- es acertada, lo que debe también complementarse con usos eficientes del agua, en especial nuevas técnicas de riego, considerando que el sector silvoagropecuario consume alrededor del 80% del agua. Posiblemente el país también deberá empezar a invertir en plantas desaladoras locales, y en paralelo estudiar la factibilidad -tanto financiera como ambientalmente- de posibles carreteras hídricas, que por su extensión y altos costos requieren de un acabado análisis.
Fuente: La Tercera, Martes 20 de Agosto de 2019
