DIARIO FINANCIERO – La construcción de obras públicas es una actividad proclive a los conflictos, especialmente por aspectos de su desarrollo y ejecución. Es frecuente que estos surjan en temas como los ajustes que los proyectos requieren para ejecutarse, la extensión de los plazos que normalmente son insuficientes, obras adicionales para el cumplimiento del objetivo, etc.
En Chile, estos conflictos se llevan ante la justicia ordinaria, que tarda en promedio 10 años en resolverlos. Esto no sólo genera incertidumbre, sino que la falta de solución oportuna de las controversias de obras en ejecución muchas veces las paraliza, o al menos las retrasa, con todo el costo social que ello conlleva, además de aumentar los costos del proyecto. Incluso más, puede llegar a interferir en la libre competencia dentro de este mercado, dificultando el ingreso de constructoras de menor tamaño, ya que sólo las grandes empresas tienen espaldas para resistir los costos que todo este aparataje lleva consigo. Así lo ha declarado el propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en su Proposición Normativa 20/2020.
La solución exitosa que se ha dado en instituciones internacionales como FIDIC, ICC, NEC y en numerosos países, es la incorporación de Mecanismos de Resolución Temprana de Controversias (MRTC), creando “disputas” o paneles técnicos de expertos. Estos acompañan a las partes desde el inicio del contrato, para seguir el progreso de la ejecución del proyecto, con el objeto de solucionar las discrepancias tan pronto como se produzcan, instando a las partes a tener un ánimo colaborativo ya resolver las diferencias de una manera eficiente, esto es, tempranamente y con soluciones que generen beneficios a la obra.
En Chile, los MRTC se han utilizado en Codelco y Metro, y con algunas variantes en el sistema de concesiones de obras públicas. Hoy parece existir consenso en cuanto a que el ambicioso y necesario programa de desarrollo de obras públicas sectoriales directas o no concesionadas -incluyendo no sólo la construcción de obras públicas MOP, sino también las licitadas por los Servicios de Salud y el Serviu-, requiere, para su adecuado cumplimiento, de contratos con nuevos estándares colaborativos, que incluyan, al menos, MRTC.
Esto ha quedado demostrado con el serio trabajo de una mesa transversal, al alero del Instituto de la Construcción -con representantes del MOP, la CChC y diversos académicos y expertos de gran trayectoria profesional-, que resultó en una propuesta de modificación del Reglamento de Contratos de Obras Públicas, incorporando el mecanismo de paneles de expertos, cuyo texto está en su etapa final de validación en el MOP desde hace algunos meses.
Este proyecto es de gran importancia, ya que se requiere generar mayor confianza e interés en la participación de privados en la construcción de obras públicas, y más que eso aún, para que el interés público y social que conlleva la ejecución de obras de esta naturaleza no se vea postergado innecesariamente por la falta de mecanismos que resuelvan tempranamente las controversias que en ellas se presentan.
Esperamos que el MOP pueda dar pronto curso a dicha iniciativa, que fue el fruto de un largo trabajo, serio e independiente. Estamos seguros de que así se hará, por un mejor y más oportuno desarrollo de la infraestructura pública de nuestro país, en línea también con las recomendaciones que la Alianza del Pacífico entregó a dicho ministerio en diciembre de 2020.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 14 de Octubre de 2021
