DIARIO FINANCIERO – Un modelo que permita fortalecer la resolución oportuna de conflictos entre las concesionarias de obras públicas y la autoridad se ha puesto en el foco del trabajo que está realizando la abogada e integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Catalina Binder.
Un modelo que permita fortalecer la resolución oportuna de conflictos entre las concesionarias de obras públicas y la autoridad se ha puesto en el foco del trabajo que está realizando la abogada e integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Catalina Binder, después que dejó de conformar el año pasado el Panel Técnico, ente que emite recomendaciones para solucionar disputas en esta área.
Binder conoce de cerca el sistema. En los seis años que estuvo en el organismo de cinco integrantes, participó en el análisis de 40 casos.
La abogada –que además es asociada de Molina Ríos Abogados- cree que el modelo que se está utilizando tiene fortalezas relevantes, pero que es necesario dotarlo de algunas cosas adicionales dado que, entre otras cosas, irá asumiendo cada vez más carga de trabajo, a medida que se van licitando contratos y se va dejando atrás el antiguo sistema de comisiones conciliadoras.
-¿En qué consiste su propuesta para reformar el sistema?
-A raíz de las últimas disputas que hemos visto en el sistema, ha quedado en evidencia que el Panel Técnico de Concesiones tiene un rol importante. Ha tenido un impacto positivo y eso es innegable. Hoy, el 40% de los contratos debe presentar obligatoriamente sus conflictos ahí, pero se espera que en un par de años alcance el 60% o más. Para el Panel, que ha realizado un muy buen trabajo, será imposible poder absorber todo ese trabajo.
-¿Por qué?
-Por la estructura que tiene, con cinco miembros: dos abogados, dos ingenieros y un ingeniero comercial. Todos sus integrantes tienen una trayectoria destacadísima, pero en cada discrepancia que conocen, se presenta una cantidad enorme de información. Además, el año pasado llegó a tener cinco casos en simultáneo y eso está en el límite. Es inabordable físicamente para los panelistas y creo que eso pone en riesgo la calidad de las recomendaciones.
Creo que la mejor manera de hacer que el panel se debilite es, justamente, no dándole recursos, no reforzando su estructura. Por eso creo que es muy importante que consideremos reforzar con apoyo técnico, en especial sumando ingenieros.
-A su juicio, ¿esta carencia se ha visto reflejada en alguna recomendación?
-No, hasta ahora el panel ha emitido recomendaciones donde uno puede estar a favor o en contra, pero siempre ha sido una opinión técnica. Pero de todos modos se ha venido poniendo en evidencia esta necesidad.
-Junto con reforzar el equipo de apoyo, ¿cree que hay que aumentar los plazos?
-Uno de los atributos del Panel es que resuelve en 30 días, pudiendo extenderse por una vez hasta completar 60 días, pero creo que es demasiado corto, porque impide que el panel pueda interactuar con las partes. Esto debiera extenderse por un plazo que no perjudique este beneficio de su rapidez, por ejemplo, a 90 días extensibles por 30 más. Con eso, el panel podría priorizar o gestionar un poco los casos. Hoy es imposible siquiera hacer esa gestión.
-Hoy el panel emite recomendaciones que no son vinculantes para las partes, ¿debería cambiarse eso?
-Este es un factor decisivo que hay que revisar, por varios motivos. Primero, por economía procesal. Hay hechos concretos que respaldan esto. Un 20% de las recomendaciones que ha emitido el panel han sido recogidas por las partes, pero luego hay otros porcentajes donde, ya sea por el resultado de una comisión arbitral o por una conciliación, se han ido considerando gran parte de las recomendaciones emitidas.
Esto significa que hay un reconocimiento desde el punto de vista técnico a los pronunciamientos que tiene el organismo, por lo tanto, que este trabajo no tenga una fuerza vinculante hace menos eficiente al sistema. Por eso las recomendaciones deberían ser vinculantes para las partes, dejando a la comisión arbitral como una segunda instancia.
Ahora, si no se diera eso, al menos habría que instaurar que sus recomendaciones tengan fuerza probatoria, de modo que tal que la comisión arbitral deba reconocerlo como informe pericial. Si se le da este carácter, lo que diga el Panel habría que considerarlo, evaluarlo y decir por qué no se considera tal o cual aspecto.
-¿Qué pasa con el tema presupuestario?
-Los honorarios de los panelistas se pagan en un 50% por el MOP y en un 50% por las sociedades concesionarias que están bajo el sistema del panel, pero todo el presupuesto operativo lo cubre directamente el MOP, y eso le quita independencia al panel.
-¿Ve voluntad política para hacer estas modificaciones?
-Esto se ha conversado informalmente y creo que el MOP valora también la labor del panel y, en esa medida, yo creo que debe estar consciente de estas necesidades. No ha habido un pronunciamiento oficial al respecto, en parte porque tampoco ha habido una propuesta formal de esto, pero sí estamos trabajando en ello.
-¿Los contratos de hoy día tienen demasiadas falencias en delimitar cuáles son los riesgos que asume cada parte?
-Durante la etapa de construcción de una obra, es impensable que no haya conflictos. Los proyectos adolecen de ciertas debilidades que generan discrepancias y aumentos de plazos, por eso es super importante abordar la calidad de los proyectos, pero tan importante como eso es tener un sistema que resuelva bien los conflictos, porque no solo es un tema de los proyectos, sino también la paralización en la toma de decisiones para resolverlos, por ejemplo, porque después lo pueda cuestionar la Contraloría. Todo eso tiene un impacto que se aminora si tenemos un buen sistema de solución de conflictos.
-La pandemia ha abierto la discusión de si el Estado debe compensar los menores ingresos, ¿cómo ve toda esa discusión?
-Hay un tema que no se puede perder de vista, que las discrepancias que están planteando Nuevo Pudahuel y el aeropuerto El Tepual están dentro del marco del contrato, entonces creo que lo que corresponde es un pronunciamiento técnico que diga si la solicitud cabe o no dentro de ese marco, pero aquí se ha transformado en un cuestionamiento de la institucionalidad a raíz de visiones más bien doctrinarias o políticas. Yo creo que debemos dejar que las instituciones hagan lo suyo y se pronuncien de acuerdo con el mérito técnico que tenga la situación, como lo ha hecho siempre, y que no se entienda que porque solicitan un legítimo derecho, que puede que no se le otorgue finalmente, se descalifique. Creo que es un error garrafal.
Fuente: Diario Financiero, Viernes 07 de Mayo de 2021
