DIARIO FINANCIERO – Con cuestionamientos a las miles de observaciones por parte del Inspector Fiscal de Obras a la concesión, y a las reglas que rigen los plazos de entrega, este jueves se desarrolló la audiencia pública correspondiente a la discrepancia entre Icafal, la sociedad concesionaria a cargo del Aeropuerto Carriel Sur en Concepción, y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La sesión, que se extendió por más de cuatro horas, contó con los representantes legales de cada una de las partes, quienes expusieron ante los miembros del Panel Técnico de Concesiones sus argumentos. Por su parte, la empresa a cargo de la ejecución del proyecto reclama “graves incumplimientos del MOP” respecto del proceso de revisión de los Proyectos de Ingeniería Definitiva (PID). Y, además, solicitan que la cartera a cargo del ministro Juan Carlos García los indemnice con 162.366 UF .
Lo anterior, debido a que habrían incurrido en gastos extra a causa de retrasos de hasta 300 días provocados por el MOP, según acusan.
La cartera de Obras Públicas señala que, si bien hubo un aumento de plazos, estos se dieron en el marco del estallido social y la pandemia del Covid-19 y que, por ende, no son atribuibles a ninguna de las dos partes involucradas.
Concesionaria se defiende
Una de las principales dudas que se generaron durante la instancia fue la expresada por Roberto Aigneren, miembro del panel, quien apuntó a las cerca de 9 mil observaciones con las que cuenta el proyecto. Respecto de este tema, Aigneren cuestionó el hecho que “una concesionaria con un proyecto desarrollado por una empresa de ingeniería, cualquiera que sea”, tenga esa cantidad de reparos.
Frente a esta consulta, uno de los representantes de la empresa, Eduardo Sanhueza, dijo que, si bien “asusta esa cantidad”, en el proceso de revisión que se empleó para modificar el alcance del contrato se incurrió en muchas observaciones sin un fundamento sustantivo detrás”. Y añadió que “la sociedad concesionaria se dedicó a convencer al inspector fiscal que correspondía requerimiento adicional”.
Hay ciertos comentarios como “‘solicito aclarar’, ‘¿Se verá mejor esta lámina si la usted la divide en dos láminas?’, “el camino se ve mejor en esta calle’, etcétera. Si usted me pregunta a mí ¿Es una observación de incumplimiento del contrato? No lo es ¿Es una observación razonable que podría ser el inspector fiscal? Sí, nos parece razonable. Por eso fue atendida”, dijo Sanhueza.
Además, argumentó que “lo que está en discusión acá es si el proceso de revisión (…) son ajustes que tienen que ver con incumplimiento a las BALI. Y nosotros creemos que los incumplimientos que hubo acá son 323 observaciones. ¿Es razonable? Sí”, dijo el experto.
Y añadió que “nosotros sabemos que todos los programas se deben modificar. La pregunta es si se tiene que modificar, ¿quién asume los costos? Esa es toda la discusión”.
MOP apela a “la buena fe”
Por su lado, Marco Antonio Rosas, en representación del MOP, fue enfático en decir que desde la cartera no comparten las imputaciones hechas por la concesionaria. Respecto de los atrasos y plazos máximos de entrega, la entidad hizo hincapié en que “la buena fe es un aspecto fundamental en las concesiones y proyectos de obras”.
“Un comportamiento leal y honesto obligaba a que si la concesionaria de verdad creía que estaba sufriendo un atraso imputable al fisco en la construcción, debió haber pedido aumento de plazo. Y no haber ejecutado una aceleración unilateral”, dijo.
En ese sentido, el abogado apuntó: “¿Por qué decimos que la concesionaria aceptó de manera pura y simple, y sin hacer ninguna reserva, la modificación implementada? Porque la concesionaria suscribió ante notario y protocolizó esa resolución sin hacer ninguna reserva. Lo que ocurrió es que mucho tiempo después, cuando se firmó el convenio del referéndum 1, recién ahí, de manera extemporánea, en el convenio la concesionaria hizo una reserva”.
Y es a partir de estos antecedentes -que demuestran que todas las declaraciones de avance se cumplieron dentro del plazo- que desde el MOP aseguran que solo existen dos posibilidades: Primero, no existe el daño reclamado; o segundo, la concesionaria unilateralmente incurrió en mayores costos, en lugar de haber pedido un aumento de plazo para poder cumplir.
“Eso, desde el punto de vista de la industria de la construcción y jurídico, constituye una aceleración. Y una aceleración unilateral no es indemnizable”, señaló Rosas.
Ahora, es de esperar que dentro de los próximos días el Panel Ténico se pronuncie al respecto.
Cabe destacar que esta discrepancia constituye la segunda causa presentada por la sociedad concesionaria ante el Panel Técnico de Concesiones en contra del MOP. La primera fue presentada el 27 de mayo de este año, y la empresa pedía que una compensación por cerca de US$ 10 millones a causa de pérdidas en el contexto de pandemia. Pero en aquella instancia, el panel resolvió que “la propuesta formulada por la empresa resulta improcedente por los argumentos esgrimidos en el análisis de la recomendación”.
También indicó que la concesionaria está habilitada “para solicitar una revisión de los aspectos económicos del Contrato por causa sobreviniente justificada, como lo es la pandemia por Covid-19, lo que se recomienda efectuar”.
Fuente: Diario Financiero, Viernes 19 de Agosto de 2022
