TRADE NEWS – El director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, ahondó en las causas del retraso de esta obra por parte de las empresas y el rol que deberían asumir los gremios, los trabajadores, el gobierno y la gobernanza del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío para apoyar esta iniciativa.
La solución a la aguda congestión vial que día a día sufren todos quienes no tienen más opción que transitar entre Coronel y San Pedro de la Paz, tendrá que seguir esperando.
Ello, tras una nueva postergación del proceso de licitación de la Ruta Pie de Monte, a solicitud expresa de algunas de las nueve empresas que han declarado su interés de ir por la concesión de este corredor, considerado una alternativa clave para resolver los agobiantes problemas de conectividad que enfrentan más de 20 mil usuarios de la actual Ruta 160. Esto significa que la obra podría adjudicarse recién a inicios del 2026.
Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), su director ejecutivo, Carlos Cruz Lorenzen, detalló las razones por las cuales las empresas no estarían participando en esta licitación y sobre el rol que compete a las autoridades de la región y a sus organizaciones sociales en liderar los cambios que se requieren para materializar esta obra determinante para la conectividad y el desarrollo productivo de la Región.
¿Desde su mirada técnica y como conocedor de estos procesos, cuáles son las causas de este retraso por parte de las empresas?
“Primero, este es un proyecto grande, de casi 10 millones de UF, como 300 millones de dólares, y que tiene una alta exigencia. En segundo lugar, creo que es un proyecto difícil. Está sometido a una serie de exigencias técnicas, por la topografía, por lo que se aspira, por lo tanto requiere muchos estudios preparatorios para hacer propuestas que sean atractivas. La tercera razón es que se han abierto un montón de licitaciones en los últimos 6 meses y las empresas grandes que pueden concursar por proyectos de este tipo han estado más concentradas en otras licitaciones que tienen grados de incertidumbre menores y, la cuarta es que es un proyecto difícil en una región que es complicada”.
¿Entonces, las condiciones no están siendo atractivas para las eventuales concesionarias?
“La percepción de las empresas es que van a correr riesgos altos con retribuciones no demasiado atractivas. Por ejemplo, el Ministerio le transfiere buena parte de los riesgos de impacto ambiental a la concesionaria y, si bien hay una compensación de 300.000 UF en un proyecto de 10 millones de UF, las mejoras o los cambios que se podrían incurrir por exigencias ambientales en una zona que es compleja en el sentido que las exigencias del proyecto son muy altas, eso también hace que no sea suficientemente atractivo, además porque ese monto tiene que pagarlo el concesionario”.
“Entonces, tengo la impresión de que hay muchas razones por las cuales es explicable que se haya solicitado una postergación, que les va a permitir (a las empresas) estudiar un proyecto con estas características en un momento en el cual ha habido hartas licitaciones”.
¿En ese contexto, qué puede hacer la autoridad, el gobierno?
«Bueno, aquí la autoridad tiene que poner de su parte, por ejemplo, sociabilizar el proyecto en la comunidad. Si hay una autoridad que se compromete a ayudar en ese sentido y que hace una declaración explícita de apoyo, donde manifiesta su interés en el proyecto y que dice que está dispuesto a hablar con las comunidades y con los distintos reguladores para acelerar los permisos, eso puede incentivar enormemente la participación”.
Es lo que han planteado algunos gremios locales como la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC Biobío).
“Yo creo que si uno, además, considerara que los trabajadores de la región pudiesen hacer una declaración a favor del proyecto en virtud de la falta de inversión y de las oportunidades que un proyecto de este tipo genera, podría ser una cosa super potente, incentivando una participación más activa en que esto está claro que sí”.
¿Es el rol que compete también entonces, a esta gobernanza que se dio la región tras el cierre de Huachipato como es el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío?
“Pues ahí debe estar de este proyecto y eso debe ser parte de las tareas que asuma si es que tiene alguna unidad de coordinación o ejecutiva capaz para llevar adelante una obra de este tipo con los que esta gobernanza se comprometa, que lo hagan explícito y que los eventuales interesados en hacer esta inversión lo sepan de tal manera que puedan tener la certeza de que caen en un territorio en el cual van a tener el apoyo de la comunidad y no la oposición de la comunidad”.
La Ruta Pie de Monte implica una inversión pública de UF 9.145.000 y consiste en la construcción de 20 kilómetros de vía concesionada -con señalización, iluminación, cruces a desnivel en sus principales intersecciones y vías de evacuación ante eventuales tsunamis. Se espera que una vez en operación, la nueva ruta reduciría en 30 minutos los traslados.
Fuente: Trade News, Lunes 24 de Marzo de 2025
