CPI – Construir mejor infraestructura requerirá además, como se ha mencionado en la sección 3, aumentar la calidad de la inversión. Esto implica acompañar las inversiones con las reformas en las políticas, regulaciones y marcos institucionales necesarios para transformar los servicios de infraestructura, no sólo para hacer frente a la nueva realidad posterior a la emergencia presentada por el Covid-19, sino además a los retos que impone la sostenibilidad ambiental, financiera, social e institucional.
Secuenciar adecuadamente los proyectos de infraestructura requiere establecer procesos de planificación adecuados, sobre la base de criterios de priorización que maximicen los impactos socioeconómicos y mejoren la eficiencia en todo el ciclo de proyecto. Varios países se han embarcado en agendas de reformas ancladas en el establecimiento de nuevas instituciones. Por ejemplo, Australia, Canadá y el Reino Unido han creado centros especializados en infraestructura, conocidos como “organismos de infraestructura” (I-bodies). Los países de
América Latina y el Caribe podrían seguir este ejemplo y fundar instituciones similares. El Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile es la única institución de la región que comparte algunas características de diseño de los organismos de infraestructura de los países aquí mencionados.
Aunque los I-bodies en general tienen diferentes funciones que se adecúan a cada contexto institucional, todos ellos ofrecen beneficios comunes: i) brindan mayor coherencia estratégica a la política de infraestructura del gobierno; ii) reducen el riesgo político; iii) dan mayor certidumbre al mercado y a los inversionistas; y iv) aumentan la confianza pública en la provisión de infraestructura. Muchos I-bodies producen listas con evaluaciones independientes de proyectos de infraestructura, basadas en auditorías o evaluaciones de las necesidades de infraestructura y su desempeño. Si bien los I-bodies se encuentran en una etapa temprana de desarrollo institucional y es demasiado pronto para medir su impacto, establecer instituciones especializadas representa para los países de América Latina y el Caribe un camino posible prometedor para elegir los proyectos correctos y realizarlos de la manera correcta.
Más allá de las soluciones institucionales, la necesidad de establecer una priorización y secuencialidad clara de los proyectos de inversión en infraestructura para poder ejecutarlos de forma ordenada y eficiente requiere de la formulación de planes nacionales de infraestructura. Con el apoyo del BID, algunos países en la región han seguido este camino (Perú en 2019 y República
Dominicana en 2020) pero, lamentablemente, constituyen excepciones más que la regla.
¿Cuáles son los componentes de un plan nacional de infraestructura efectivo?
Si bien las características económicas, institucionales y culturales de cada país condicionan el alcance de estos planes, varios aspectos son comunes.
En primer lugar, los planes nacionales de infraestructura son una herramienta para planificar la inversión en infraestructura abarcando períodos de tiempo más largos que los ciclos políticos; esta característica busca disminuir la interferencia de los distintos gobiernos que, en la experiencia de la región, se han caracterizado por impulsar nuevos planes propios más que darle continuidad a los preexistentes. El concepto de los planes nacionales de infraestructura es poder organizar las prioridades, en la medida de lo posible, en función de análisis técnicos. La mayor previsibilidad colabora también para facilitar el involucramiento del sector privado en el desarrollo de infraestructura. En segundo lugar, los planes de infraestructura se construyen a partir de un diagnóstico macroeconómico y sectorial que permita establecer objetivos realistas, incrementando la transparencia en la toma de decisiones. En tercer lugar, los planes de infraestructura buscan priorizar las inversiones de modo tal de aprovechar las sinergias de los proyectos de inversión. Por ejemplo, en el caso del Plan Nacional de Infraestructura del Perú, un criterio de priorización se vinculó al desarrollo de corredores logísticos; es decir, en función de la realización de un conjunto de obras multisectoriales evaluadas como un todo, más que de un análisis individual de las mismas. Otro ejemplo de este último punto son las consideraciones respecto del desarrollo de represas con usos múltiples (provisión de agua potable, energía y recreación) para el caso de República Dominicana.
En definitiva, el fin último de los planes nacionales de inversión es dotar a los países de un marco en el cual puedan desarrollar los proyectos de forma ordenada y con previsión, evitando cuellos de botella innecesarios en la inversión en infraestructura, permitiendo invertir en la planificación de los proyectos con tiempos adecuados y mantener niveles de gasto de capital
consistentes a lo largo del tiempo.
Finalmente, como se señaló en la Sección 4, un aspecto que amerita particular atención es la necesidad de una planificación cuidadosa para garantizar que la infraestructura sea ambientalmente (así como social y financieramente) sostenible (Seribrisky et al., 2018; Nassiry et al., 2016). La sostenibilidad debe integrarse en los proyectos y en las instalaciones de preparación de proyectos desde las primeras etapas de diseño; hacerlo puede reducir la necesidad de modificaciones sustanciales que retrasen los proyectos y aumenten los costos durante las etapas posteriores. Por ejemplo, las herramientas de detección a nivel de cartera se pueden usar para ayudar a garantizar que la infraestructura sea resistente a los efectos proyectados del cambio climático. Y se necesita planificación para ayudar a garantizar que las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos ambientales se minimicen durante la construcción y la preparación. También se necesita una planificación cuidadosa para alinear el desarrollo de la infraestructura con los objetivos y estrategias nacionales de mitigación del clima, medio ambiente, biodiversidad y gestión de riesgos dedesastres.
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Fuente: CPI, Martes 11 de Agosto de 2020
BID – Planificación de la inversión en infraestructura: una vieja tarea pendiente
CPI – Construir mejor infraestructura requerirá además, como se ha mencionado en la sección 3, aumentar la calidad de la inversión. Esto implica acompañar las inversiones con las reformas en las políticas, regulaciones y marcos institucionales necesarios para transformar los servicios de infraestructura, no sólo para hacer frente a la nueva realidad posterior a la emergencia presentada por el Covid-19, sino además a los retos que impone la sostenibilidad ambiental, financiera, social e institucional.
Secuenciar adecuadamente los proyectos de infraestructura requiere establecer procesos de planificación adecuados, sobre la base de criterios de priorización que maximicen los impactos socioeconómicos y mejoren la eficiencia en todo el ciclo de proyecto. Varios países se han embarcado en agendas de reformas ancladas en el establecimiento de nuevas instituciones. Por ejemplo, Australia, Canadá y el Reino Unido han creado centros especializados en infraestructura, conocidos como “organismos de infraestructura” (I-bodies). Los países de
América Latina y el Caribe podrían seguir este ejemplo y fundar instituciones similares. El Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile es la única institución de la región que comparte algunas características de diseño de los organismos de infraestructura de los países aquí mencionados.
Aunque los I-bodies en general tienen diferentes funciones que se adecúan a cada contexto institucional, todos ellos ofrecen beneficios comunes: i) brindan mayor coherencia estratégica a la política de infraestructura del gobierno; ii) reducen el riesgo político; iii) dan mayor certidumbre al mercado y a los inversionistas; y iv) aumentan la confianza pública en la provisión de infraestructura. Muchos I-bodies producen listas con evaluaciones independientes de proyectos de infraestructura, basadas en auditorías o evaluaciones de las necesidades de infraestructura y su desempeño. Si bien los I-bodies se encuentran en una etapa temprana de desarrollo institucional y es demasiado pronto para medir su impacto, establecer instituciones especializadas representa para los países de América Latina y el Caribe un camino posible prometedor para elegir los proyectos correctos y realizarlos de la manera correcta.
Más allá de las soluciones institucionales, la necesidad de establecer una priorización y secuencialidad clara de los proyectos de inversión en infraestructura para poder ejecutarlos de forma ordenada y eficiente requiere de la formulación de planes nacionales de infraestructura. Con el apoyo del BID, algunos países en la región han seguido este camino (Perú en 2019 y República
Dominicana en 2020) pero, lamentablemente, constituyen excepciones más que la regla.
¿Cuáles son los componentes de un plan nacional de infraestructura efectivo?
Si bien las características económicas, institucionales y culturales de cada país condicionan el alcance de estos planes, varios aspectos son comunes.
En primer lugar, los planes nacionales de infraestructura son una herramienta para planificar la inversión en infraestructura abarcando períodos de tiempo más largos que los ciclos políticos; esta característica busca disminuir la interferencia de los distintos gobiernos que, en la experiencia de la región, se han caracterizado por impulsar nuevos planes propios más que darle continuidad a los preexistentes. El concepto de los planes nacionales de infraestructura es poder organizar las prioridades, en la medida de lo posible, en función de análisis técnicos. La mayor previsibilidad colabora también para facilitar el involucramiento del sector privado en el desarrollo de infraestructura. En segundo lugar, los planes de infraestructura se construyen a partir de un diagnóstico macroeconómico y sectorial que permita establecer objetivos realistas, incrementando la transparencia en la toma de decisiones. En tercer lugar, los planes de infraestructura buscan priorizar las inversiones de modo tal de aprovechar las sinergias de los proyectos de inversión. Por ejemplo, en el caso del Plan Nacional de Infraestructura del Perú, un criterio de priorización se vinculó al desarrollo de corredores logísticos; es decir, en función de la realización de un conjunto de obras multisectoriales evaluadas como un todo, más que de un análisis individual de las mismas. Otro ejemplo de este último punto son las consideraciones respecto del desarrollo de represas con usos múltiples (provisión de agua potable, energía y recreación) para el caso de República Dominicana.
En definitiva, el fin último de los planes nacionales de inversión es dotar a los países de un marco en el cual puedan desarrollar los proyectos de forma ordenada y con previsión, evitando cuellos de botella innecesarios en la inversión en infraestructura, permitiendo invertir en la planificación de los proyectos con tiempos adecuados y mantener niveles de gasto de capital
consistentes a lo largo del tiempo.
Finalmente, como se señaló en la Sección 4, un aspecto que amerita particular atención es la necesidad de una planificación cuidadosa para garantizar que la infraestructura sea ambientalmente (así como social y financieramente) sostenible (Seribrisky et al., 2018; Nassiry et al., 2016). La sostenibilidad debe integrarse en los proyectos y en las instalaciones de preparación de proyectos desde las primeras etapas de diseño; hacerlo puede reducir la necesidad de modificaciones sustanciales que retrasen los proyectos y aumenten los costos durante las etapas posteriores. Por ejemplo, las herramientas de detección a nivel de cartera se pueden usar para ayudar a garantizar que la infraestructura sea resistente a los efectos proyectados del cambio climático. Y se necesita planificación para ayudar a garantizar que las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos ambientales se minimicen durante la construcción y la preparación. También se necesita una planificación cuidadosa para alinear el desarrollo de la infraestructura con los objetivos y estrategias nacionales de mitigación del clima, medio ambiente, biodiversidad y gestión de riesgos dedesastres.
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Fuente: CPI, Martes 11 de Agosto de 2020
