EL LÍBERO – Ha existido mucho esfuerzo y trabajo por parte de actores públicos y privados durante el periodo 2023-2024 para impulsar la desalinización en Chile. Además, ha sido un acierto poner el foco en alcanzar una mayor certeza jurídica para los inversionistas, la agilización del otorgamiento de permisos y la mejora de la evaluación ambiental.
En abril del año pasado, la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES) y el Consejo Minero, en colaboración con el Comité Asesor Ministerial Científico para el Cambio Climático (C4) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hicieron entrega del Primer Catastro Nacional de plantas y proyectos de desalinización de aguas de mar existentes en el país (sólo incluye aquellos de capacidad mayor a 20 l/s). Según dicha fuente de información, hay actualmente 22 plantas en operación con una capacidad del orden de 8.200 L/s. Asimismo, hay 6 plantas en construcción, 3 proyectos con aprobación ambiental y 12 en evaluación preliminar que, en caso de construirse y operarse en el futuro, elevarían la capacidad de desalinización a más de 34.000 L/s, con lo cual se estaría cerca de cuadruplicar la producción de agua desalinizada.
La materialización de dichos proyectos pasa por tramitar diversos permisos y aprobaciones ambientales y no ambientales que, como se ha planteado reiteradamente durante los últimos 20 años, son de larga y compleja obtención, constituyendo un desincentivo a la inversión. La puesta en marcha de una planta de desalinización demora al menos 7-8 años, ya que se requieren 2-3 años de estudios, 3-4 años de preinversión –para obtener la concesión marítima, aprobación ambiental, servidumbres de paso y atraviesos, y permisos de obras mayores y otros–, y 2-3 años para la construcción de obras.
Dados estos largos plazos, es relevante recordar algunas iniciativas impulsadas con el fin de mejorar la gestión pública.
La primera iniciativa es la publicación en marzo de 2023, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de la Guía para la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras en el SEIA. Su objetivo es uniformar criterios, requisitos y exigencias técnicas a ser aplicadas por distintos órganos con competencia ambiental. Una adecuada implementación debiera disminuir los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones.
Otra iniciativa fue la promulgación de la Ley 21.639 en diciembre de 2023 que otorga facultades al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y desalinización destinados a consumo humano y usos multipropósito, además de riego (modifica DFL 850/1997). Así, el MOP podrá estudiar, diseñar, construir, ejecutar, reparar, modificar, ampliar, conservar y operar la infraestructura hídrica, en forma directa –a través de la Dirección de Obras Hidráulicas– o mediante concesiones público privadas.
Esta nueva norma viene a llenar un vacío institucional al otorgarle al Estado una poderosa herramienta para avanzar en el diseño, ejecución y construcción de obras hídricas para consumo humano y otras necesidades hídricas, la que ahora requiere ser implementada en forma ágil y efectiva. A septiembre de 2023, la Dirección General de Concesiones del MOP incluye en su Cartera de proyectos a licitar 2023-2027, dos plantas desaladoras para las regiones de Coquimbo y O’Higgins en 2025 y 2026, respectivamente.
Luego, en enero de 2024, el gobierno ingresó varios proyectos de ley para abordar la problemática del lento otorgamiento de autorizaciones y permisos ambientales y no ambientales. El primero se refiere al fortalecimiento de aspectos técnicos en la calificación de proyectos en el sistema de evaluación ambiental (Boletín N. 16.552-12 ) y el segundo al desarrollo de un sistema inteligente de permisos sectoriales para agilizar el otorgamiento de 380 permisos (Boletín N. 16.566-03). Es de esperar que dichos proyectos sean de rápida tramitación legislativa durante 2024 y su implementación genere los impactos esperados en reducción de tiempos y burocracia.
Asimismo, durante el año 2023 el Congreso y el gobierno trabajaron en el “Proyecto de ley sobre uso de agua de mar para desalinización” (Boletín N. 11.608-09). Dicho proyecto se origina en una moción parlamentaria del año 2018, que luego se modifica mediante una indicación sustitutiva durante el gobierno del ex Presidente Piñera en marzo de 2022. Para avanzar con su tramitación, se constituyó una mesa de trabajo conformada por asesores del MOP y de parlamentarios de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la que acordó nuevas indicaciones por unanimidad. Dichas indicaciones fueron armonizadas con la mencionada indicación sustitutiva.
En lo esencial, el proyecto de ley establece que el mar, sus aguas, fondo marino y playas son bienes nacionales de uso público; mandata al MOP, junto con otros ministerios relacionados al tema, a elaborar una Estrategia Nacional de Desalinización para promover el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización para diversos fines y hacerse cargo de la protección de los ecosistemas marinos, la biodiversidad y la promoción del uso armonioso de las zonas costeras; crea la figura de “Concesión para la extracción de agua de mar y el uso del borde costero para efectos de su desalinización”, con una duración de 30 años prorrogables, transferibles y caducables, y con obligación de pago de renta a beneficio fiscal; también incorpora la figura de Destinación para desalinización para servicios públicos, tales como la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Concesiones del MOP; y estipula que será la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP la autoridad responsable de otorgar dichas concesiones, reemplazando en su rol a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa quien actualmente otorga las concesiones marítimas.
Ha existido mucho esfuerzo y trabajo por parte de actores públicos y privados durante el periodo 2023-2024 para impulsar la desalinización en Chile. Además, ha sido un acierto poner el foco en alcanzar una mayor certeza jurídica para los inversionistas, la agilización del otorgamiento de permisos y la mejora de la evaluación ambiental.
Por el contrario, es muy inoportuno y potencialmente complejo el reciente conflicto al interior del gobierno respecto de la facultad que le otorga el proyecto de ley a la DGA del MOP para entregar concesiones para la desalinización. Ello porque en el Pacto Fiscal se indica que se reformarán las concesiones marítimas, “transfiriendo las facultades desde la Directemar a una plataforma administrada por el Ministerio de Bienes Nacionales”, en concordancia con el proyecto de ley en trámite desde 2012 (Boletín N. 8.467-12). Dicho conflicto podría paralizar muchos de los avances ya logrados, por lo que es de esperar que se resuelva con prontitud.
En resumen, en los próximos meses, por tanto, es fundamental concretar adecuadamente los avances y acuerdos alcanzados, así como finalizar la tramitación de los proyectos de ley mencionados.
Fuente: El Líbero, Miércoles 28 de Febrero de 2024
