DIARIO FINANCIERO – Una de las mayores demandas de la comunidad en relación a las grandes obras de infraestructura es que los compromisos constructivos que asumen los gobiernos se cumplan. Los reclamos de los habitantes de Chiloé respecto del puente del Chacao, de los generadores de carga y transportistas de las regiones de O’Higgins y Maule respecto de la Carretera de la Fruta, y de los alcaldes de las comunas a las que sirven los hospitales Félix Bulnes y Gustavo Fricke, entre otros, lo comprueban.
Las demandas por una pronta entrada en operación de estas obras manifiestan la gran necesidad de los usuarios potenciales por contar con sus servicios. Es la expresión del beneficio social que se evalúa al decidir emprender proyectos de esta naturaleza. Por tanto, la postergación tiene un alto costo para quienes esperan resolver un problema para el cual dicha iniciativa fue diseñada. Lamentablemente, nuestro sistema de evaluación social de proyectos no considera el costo de la espera, lo cual suele minimizar el beneficio de la oportunidad que tiene el inaugurar un proyecto.
Si bien las demoras pueden ser justificadas –por aspectos climáticos, la irrupción de demandas no contempladas, innovación tecnológica, entre otras- los atrasos a los que mal nos hemos acostumbrado en el último tiempo tienen que ver a menudo con la precariedad de la información con la que se llevan adelante los procesos licitatorios de grandes obras de infraestructura. Muchas veces, por no contar con recursos necesarios en su presupuesto, las agencias ejecutoras de proyectos -considerando las urgencias de la comunidad- licitan a un privado la concreción del diseño de una obra, la tramitación ambiental, el acuerdo con la comunidad acerca de la inserción de la misma en el territorio, la construcción y, si éste es concesionado, la posterior operación del proyecto.
El tiempo ha demostrado que esta forma de acortar los plazos, incentivada desde quienes tienen la responsabilidad del manejo de las finanzas públicas, no es el mejor camino a seguir. En vez de acortarse los tiempos, suelen extenderse, debiendo el Estado “compensar” a la empresa a cargo por esas demoras, con los consiguientes costos en distintos ámbitos. Junto con ello, para la empresa proponente, licitar sin toda la información puede ser un riesgo, que se expresa en una mayor tasa de retorno de las inversiones proyectadas. O bien, en una “oportunidad” –arriesgada, pero lucrativa-, al participar en la licitación con la convicción de que el contrato se modificará y eso abrirá más de una ventana para rentabilizar propuestas muy ajustadas.
Es importante que, progresivamente, los grandes proyectos de Estado que se liciten a privados –a través del sistema de concesiones o de financiación pública- cuenten con toda la información para una adecuada evaluación de costos, tiempos y riesgos, de modo de evitar los atrasos y desincentivar las malas prácticas. En estos casos, ahorrar recursos en la fase preliminar del proyecto tiene costos mayores en las fases posteriores, los que quienes son tan estrictos en el manejo de las finanzas públicas, suelen obviar. Finalmente, la sanción por el atraso, por la ampliación del contrato o el cambio en sus condiciones, la paga la agencia ejecutora y no quienes les proveen de los recursos, y la padecen los usuarios que esperan una pronta solución a los problemas que les aquejan.
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Fuente: Diario Financiero, jueves 28 de febrero de 2019
Atrasos en infraestructura: altos costos que se pueden evitar, por Carlos Cruz
DIARIO FINANCIERO – Una de las mayores demandas de la comunidad en relación a las grandes obras de infraestructura es que los compromisos constructivos que asumen los gobiernos se cumplan. Los reclamos de los habitantes de Chiloé respecto del puente del Chacao, de los generadores de carga y transportistas de las regiones de O’Higgins y Maule respecto de la Carretera de la Fruta, y de los alcaldes de las comunas a las que sirven los hospitales Félix Bulnes y Gustavo Fricke, entre otros, lo comprueban.
Las demandas por una pronta entrada en operación de estas obras manifiestan la gran necesidad de los usuarios potenciales por contar con sus servicios. Es la expresión del beneficio social que se evalúa al decidir emprender proyectos de esta naturaleza. Por tanto, la postergación tiene un alto costo para quienes esperan resolver un problema para el cual dicha iniciativa fue diseñada. Lamentablemente, nuestro sistema de evaluación social de proyectos no considera el costo de la espera, lo cual suele minimizar el beneficio de la oportunidad que tiene el inaugurar un proyecto.
Si bien las demoras pueden ser justificadas –por aspectos climáticos, la irrupción de demandas no contempladas, innovación tecnológica, entre otras- los atrasos a los que mal nos hemos acostumbrado en el último tiempo tienen que ver a menudo con la precariedad de la información con la que se llevan adelante los procesos licitatorios de grandes obras de infraestructura. Muchas veces, por no contar con recursos necesarios en su presupuesto, las agencias ejecutoras de proyectos -considerando las urgencias de la comunidad- licitan a un privado la concreción del diseño de una obra, la tramitación ambiental, el acuerdo con la comunidad acerca de la inserción de la misma en el territorio, la construcción y, si éste es concesionado, la posterior operación del proyecto.
El tiempo ha demostrado que esta forma de acortar los plazos, incentivada desde quienes tienen la responsabilidad del manejo de las finanzas públicas, no es el mejor camino a seguir. En vez de acortarse los tiempos, suelen extenderse, debiendo el Estado “compensar” a la empresa a cargo por esas demoras, con los consiguientes costos en distintos ámbitos. Junto con ello, para la empresa proponente, licitar sin toda la información puede ser un riesgo, que se expresa en una mayor tasa de retorno de las inversiones proyectadas. O bien, en una “oportunidad” –arriesgada, pero lucrativa-, al participar en la licitación con la convicción de que el contrato se modificará y eso abrirá más de una ventana para rentabilizar propuestas muy ajustadas.
Es importante que, progresivamente, los grandes proyectos de Estado que se liciten a privados –a través del sistema de concesiones o de financiación pública- cuenten con toda la información para una adecuada evaluación de costos, tiempos y riesgos, de modo de evitar los atrasos y desincentivar las malas prácticas. En estos casos, ahorrar recursos en la fase preliminar del proyecto tiene costos mayores en las fases posteriores, los que quienes son tan estrictos en el manejo de las finanzas públicas, suelen obviar. Finalmente, la sanción por el atraso, por la ampliación del contrato o el cambio en sus condiciones, la paga la agencia ejecutora y no quienes les proveen de los recursos, y la padecen los usuarios que esperan una pronta solución a los problemas que les aquejan.
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Fuente: Diario Financiero, jueves 28 de febrero de 2019
