PULSO – Tras varios años de conflictos y acusaciones cruzadas, finalmente ayer la compañía y el gobierno alcanzaron un pacto. Las partes firmaron la extinción del contrato.
La disputa entre la italiana Astaldi y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la fallida construcción del Embalse Punilla, en la Región de Ñuble, llegó a su fin: las partes firmaron la extinción del contrato de mutuo acuerdo y el Gobierno finalmente relicitará el proyecto.
Conocedores de las tratativas explican que los problemas en la ejecución del Embalse Punilla surgieron luego que Astaldi detectara que el MOP había cometido un error en la definición de la capacidad de almacenamiento del embalse.
En términos sencillos, la capacidad de almacenamiento definida en las Bases de Licitación era de 625 Hm3, correspondiente a la cota 757,1 sobre el nivel del mar. Astaldi detectó el error e informó al MOP, el 6 de septiembre de 2018, que en esa cota solo se podían alcanzar 563,9 Hm3, lo que hacía inviable el objeto del contrato.
Para visualizarlo en términos prácticos, esta diferencia en la definición de la capacidad de almacenamiento del embalse se podría considerar por sí solo como un proyecto individual de 61,1 Hm3, que es la capacidad del Embalse concesionado Las Palmas, en Valparaíso, subrayan cercanos.
Esta situación, señalan fuentes conocedoras del proceso, hacía imposible cumplir con las obligaciones de entrega de aguas para riego en los términos definidos en las Bases de Licitación -lo que infringiría los acuerdos que el Estado de Chile alcanzó con los regantes de la Junta de Vigilancia del Rio Ñuble- y reducía drásticamente la producción anual de energía hidroeléctrica del embalse.
Fuentes de la industria indican que el acuerdo supuso, por parte de Astaldi, renunciar a parte de los recursos invertidos en el proyecto.
Al revés, en tanto, en 2019 el MOP, a través de la Dirección General de Concesiones, presentó ante la comisión arbitral una demanda de extinción de la concesión del embalse.
La cartera acusó incumplimientos graves por parte de la concesionaria, dada su delicada situación financiera. Reveló el incumplimiento de su obligación de enterar (completar) el capital social de $40 mil millones dentro del plazo que vencía el 10 de agosto de 2019 y no reconstituir la garantía de construcción dentro de los 15 días siguientes al cobro de la garantía original por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Previo a ello, Astaldi había enviado una carta a la cartera pidiendo revisar los ejes centrales del contrato y los sobrecostos en los que se estaba incurriendo para asegurar la capacidad.
Al final del día, la comisión arbitral quedó en pausa mientras durara el Estado de Catástrofe. En paralelo, las tratativas continuaron, hasta cerrar ayer el acuerdo.
Fuente: Pulso, Jueves 28 de Julio de 2021
