PULSO – Desde Copsa afirman que “con la aprobación de esta iniciativa, son mayores las obligaciones y limitaciones que se le imponen al Estado, las que tienen un costo, siendo los más inmediatos, el valor de construir de forma directa el plan de infraestructura vigente (alrededor de US$ 23.300 millones) y el costo de indemnizar los contratos vigentes para cumplir con el mandato constitucional (del orden de US$ 27.600 millones)”.
Una iniciativa que tiene en alerta al sector de infraestructura será votada hoy en particular en la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes, y Modelo Económico de la Convención Constitucional.
En concreto, se trata de una norma que establece que “toda persona tiene derecho a la libre circulación por los caminos nacionales de uso público. La administración de estos bienes estará a cargo del Estado de manera directa, sin permitir la concesión de estos bienes nacionales a privados, sean personas naturales o jurídicas, también se prohíbe el cobro por circular en carreteras y caminos nacionales o por entrar o salir de una ciudad o pueblo”.
Desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) calificaron como “muy grave que la Convención Constituyente haya dado luz verde a la tramitación de una iniciativa popular de norma impulsada por el grupo de presión conocido como No+TAG”.
En ese sentido, el gremio argumentó que “creemos que son graves los efectos económicos, sociales y ambientales que importaría una medida de esta naturaleza, que trae aparejados, entre otros, incentivos al desplazamiento automotriz; sobrecarga de las vías existentes (ya estrechas para la realidad nacional) y un injusto subsidio a los sectores más acomodados, en detrimento de la población más necesitada y a la capital en desmedro de las regiones”.
Y añaden que “con la aprobación de esta iniciativa, son mayores las obligaciones y limitaciones que se le imponen al Estado, las que tienen un costo, siendo los más inmediatos, el valor de construir de forma directa el plan de infraestructura vigente (alrededor de US$ 23.300 millones) y el costo de indemnizar los contratos vigentes para cumplir con el mandato constitucional (del orden de US$ 27.600 millones)”.
Además, explican que “estos costos deberán ser abordados por el fisco sin cobrar peaje, al mismo tiempo que deberá invertir, anualmente, cerca de US$ 1.000 millones en mantención (un gasto que hoy es de cargo del operador) y que dejará de percibir los cerca de US$ 600 millones que los concesionarios reintegran a las arcas fiscales cada año”. Y plantean que sería bueno que “los convencionales consultaran al ministro de Hacienda si dicha cartera cuenta con recursos para financiar la norma a la que han dado curso, si estos números están contenidos en alguna partida presupuestaria de la exigente agenda social del actual gobierno y si esos más de US$ 50 mil millones están proyectados en la futura reforma tributaria con la que pretende financiarla”.
Fuente: Pulso, Jueves 7 de Abril de 2022
