LA TERCERA – El jefe comunal asegura que ha buscado en distintas instancias que se establezca un sistema de peaje en Acceso Sur que no implique la detención de los vehículos, pero dado que no ha recibido respuestas en ese sentido, determinó estampar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. A su juicio, se está sometiendo a los vecinos a espera e inseguridad, a pesar de que están pagando por un servicio.
A diario, Carolina Abarca, vecina de Puente Alto, utiliza el denominado Acceso Sur para regresar a su casa. Vive en el sector de Av. La Florida, pero dada la congestión vehicular que hay en horario punta en esa zona, opta por utilizar la autopista a fin de “ahorrar” tiempo. Sin embargo, pocas veces cumple ese objetivo, ya que frecuentemente al llegar a ese punto, sostiene, se encuentra con un “taco horrible” y tiene una espera de al menos una hora.
“En la mañana no es tan terrible. A veces colapsa, pero en la tarde es lo normal, todos los días. Lo que a lo mejor te ahorras en dar la vuelta por dentro, al final lo pierdes por una cosa que es súper tonta: hay que detenerse para pagar el peaje, no hay sistema de ‘free flow’”, relata la mujer.
El alcalde de la comuna, Germán Codina, asegura que lleva meses y una serie de reuniones intentando que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la autopista Ruta del Maipo establezcan modificaciones respecto de lo que plantea Abarca. Esto, porque, a su juicio, no es sólo que los vecinos tengan que esperar, sino porque además se ven expuestos a robos, choques y otras alteraciones.
Pero dado que esas gestiones no han surtido efectos, decidió llevar el asunto a tribunales y estampó un recurso de protección en contra de ambas entidades en la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual recientemente fue admitido a trámite.
“Queremos que los vecinos de Puente Alto tengan el mismo trato por parte de las autopistas y del MOP que el que tiene el resto de los habitantes de la Región Metropolitana. Actualmente somos la única comuna en la zona urbana de Santiago en que todavía no se instala lo que se denomina como free flow -que son estos portales de cobro que permitan que los autos puedan circular sin detenerse- y se nos tiene todavía sometidos a un sistema de ingreso y salida con ‘stop&go’, que obliga la detención de todos los vehículos”, manifestó el jefe comunal en conversación con La Tercera.
A juicio de Codina, aquello constituye una “tremenda injusticia”, porque, por lo demás, a modo de ejemplo recuerda que a pesar de que dicha autopista se habilitó antes que la Nororiente, que conecta Vitacura con Colina, esa sí tiene el nuevo sistema y ellos siguen esperando. “En cualquier parte de la ciudad se puede circular sin detenerse, aunque estén retrasados en el pago, pero en Puente Alto no (…) Si ya la Ruta 68, la 78, permiten a todos llegar sin detenerse, incluso, al litoral central, por qué a Puente Alto se le discrimina con un sistema arcaico de cobro, sometiéndolos a perder horas por un servicio que están pagando”, agrega.
Hasta ahora, según relata, las diferentes autoridades han hecho oídos sordos a su petición. Por una parte, como advierte, el MOP les ha comunicado que no pueden exigir a la autopista adoptar ese formato, y a su vez, esta sostiene -de acuerdo con lo expuesto por el alcalde- que ya están cumpliendo con lo establecido en los contratos. Por lo mismo, reconoce que hoy sólo una medida de tribunales podría cambiar el escenario y así “construir equidad urbana y no seguir discriminando”.
En ese sentido, complementa: “Como estamos en un país en que lamentablemente se han validado mecanismos de violencia para hacer justicia, me preocupa ver que la institucionalidad de concesiones del MOP no está dando respuestas con la rapidez necesaria, justamente para evitar que se empiece a generar una presión que pueda descontrolarse en algún momento. Yo quiero evitar eso, porque soy un convencido de que hay que seguir los canales institucionales”.
Actuaciones ilegales y/o arbitrarias
Como se detalla en la acción de protección, la autopista estaría infringiendo el acuerdo adoptado cuando se adjudicaron el contrato de concesión “Ruta 5 tramo Santiago-Talca y acceso sur a Santiago” celebrado con el MOP, “al no evitar los atochamientos, falta de prolijidad y fluidez en el desarrollo de su obligación, además de no adoptar las medidas de seguridad necesarias que les impone la concesión y el deber de cuidado para con los usuarios, ya que no mantiene operativa la totalidad de los pórticos o cajas de cobro y no mantiene las condiciones para un tránsito expedito y, sobre todo, seguro, lo que conlleva a constantes “encerronas””.
En línea, se indica que “la conducta que imputamos a las recurridas, sin perjuicio de ser de ejecución permanente en el tiempo, se ha materializado, por lo menos, a partir del presente mes de febrero con mayor concurrencia de hechos delictivos, cuando esta municipalidad, paulatinamente, tomó conocimiento de la causa de los delitos, lo que ha sido constatado con los partes policiales tenidos a la vista, peligro que configura, como se dijo, una constante situación de gravedad y amenaza que afecta tanto a la integridad física y psíquica como al patrimonio de los ciudadanos que usan tal lugar de tránsito”.
Al no disponerse de las medidas necesarias, se manifiesta en la acción, se estarían vulnerando los derechos a la vida e integridad física y psíquica de la persona, a la igualdad, el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, y el Estado estaría incumpliendo su deber de resguardar la seguridad.
Dados los antecedentes, el tribunal de alzada determinó el pasado 3 de octubre, además de admitir a trámite el recurso, pedir informe tanto a la autopista como al MOP, los cuales deberán ser acompañados dentro de los próximos días.
Fuente: La Tercera, Domingo 9 de Octubre de 2022
