DIARIO FINANCIERO – Este jueves, el Pleno de la Convención Constitucional deliberará respecto de distintos artículos transitorios que fueron aprobados previamente en dicha comisión, entre ellos, algunos sobre agua y medioambiente. Y por estos días algunos de los principales actores que componen el sector ya alertan sobre las implicancias negativas para la población que podrían surgir del eventual visto bueno a estas disposiciones.
Uno de ellos es la sanitaria Aguas Andinas, que provee de recursos hídricos a gran parte de la Región Metropolitana, y que ayer emitió un comunicado en el cual advierte de las “implicancias que podría representar para la continuidad del suministro de agua potable en la RM” la posible aprobación del artículo 165 que, entre otras cosas, indica que las nuevas reglas en materia de aguas comenzarán a regir “de manera inmediata” una vez aprobada la nueva Constitución.
La disposición -que contó con 25 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención- fue presentada por el convencional Ignacio Achurra y propone que con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, “todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta constitución”. Es decir, que serán de carácter incomerciable.
Además, señala que una vez concluido el plazo de regularización de aguas (dentro de cinco años), los registros del Conservador de Bienes Raíces se traspasarán a la Dirección General de Aguas o a la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda.
Lo anterior, a juicio de Aguas Andinas frena “los actuales convenios y acuerdos con otros usuarios de la cuenca”, que han permitido “disponer hasta ahora de recursos necesarios para el suministro seguro y permanente en la ciudad, pese a más de 13 años de profunda sequía”. Por ello, advierte que un escenario como el señalado genera riesgos de continuidad en la entrega del suministro a los ciudadanos.
Marta Colet, gerenta general de la compañía sostuvo que, de aprobarse esta norma en el pleno de la Convención, “en lo inmediato, no tendremos las certezas de contar con los recursos hídricos necesarios para entregar el servicio de agua potable que diariamente suministramos en la Región Metropolitana”.
Y añade que para cumplir la priorización al derecho del consumo humano que busca otorgar la nueva Carta Magna, “urge buscar otras opciones de mecanismos o regímenes transitorios que permitan mayor gradualidad y también hacerse cargo de las fórmulas de intercambios de agua que impacten en la menor medida posible el suministro en la ciudad”, comentó.
Durante la temporada primavera- verano, la sanitaria indicó que cubrió el 42% de las necesidades en la Región Metropolitana y fue capaz de mantener el suministro “sin impactos pese al complejo escenario hídrico”.
Fuente: Diario Financiero, Miércoles 1 de Junio de 2022
