DIARIO FINANCIERO – En materia de gestión hídrica las noticias del último año han estado dominadas sobre todo por la escasez: la llamada megasequía de 2020 —el 12º año consecutivo de falta de agua en numerosas regiones del país— causó estragos y es parte de un fenómeno que se agrava anualmente. En cambio, el pasado fin de semana fueron lluvias especialmente intensas, según expertos posiblemente asociadas al cambio climático, las que estuvieron cerca de provocar cortes masivos de agua en la Región Metropolitana, debido a la excesiva turbiedad provocada por las precipitaciones en la cuenca del Maipo.
En ambos casos, es evidente la necesidad de infraestructura hídrica que se haga cargo tanto de los pasivos acumulados por décadas —el penoso retraso en el Plan Nacional de Embalses es uno de ellos—, como de nuevos desafíos de cara al futuro, entre otros, los derivados del calentamiento global. Aunque desde luego es preciso enfrentar primero los problemas inmediatos —por ejemplo, con fondos de ayuda gubernamental de emergencia para agricultores—, la perspectiva de largo plazo es crucial.
El plan de obras de infraestructura hídrica para todas las cuencas de Chile que, según el titular del MOP, se presentará en los próximos meses, contemplaría un horizonte de 30 años. Aunque parece un marco de referencia adecuado, que se concrete dependerá de grados de continuidad y eficiencia en la gestión estatal que han sido esquivos en otras áreas de importancia para el desarrollo. El desafío aquí es parcialmente político (una decisión de gobernanza que cruce varios mandatos), pero sobre todo de modernización y profesionalización del Estado.
Los costos de esa falencia están a la vista. Al drama de los productores que perdieron cosechas y animales por la sequía, se suman ahora los que han sufrido una “catástrofe agrícola” por las copiosas lluvias del fin de semana. Abordar estas temáticas sólo desde la óptica de la emergencia es a todas luces insuficiente.
Fuente: Diario Financiero, Miércoles 03 de Febrero de 2021
