LA TERCERA – El agua es hoy un bien nacional de uso público, pero consagrado en el Código de Aguas, no en la Constitución. Lo más probable es que aquello se incluya en la nueva Carta Magna. Y también, que se discuta el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas, que sí está reconocido hoy constitucionalmente. La discusión amenaza con herir de muerte al Código de Aguas y la actual estructura de derechos de agua entregados a perpetuidad. El debate ya comenzó.
Es uno de los temas que más consenso genera entre los recientemente electos integrantes de la Convención Constituyente. Consultados sobre si el agua debía consagrarse en la Constitución como bien nacional de uso público, el 95% de ellos está de acuerdo, según un ejercicio elaborado esta semana por La Tercera.
Hoy la condición de bien nacional de uso público está consagrado en el Código de Aguas y no en la Constitución. La única mención al agua en la Carta Fundamental está en el artículo que garantiza la propiedad de los derechos de aprovechamiento, que son entregados a perpetuidad y de manera gratuita. Ello ha permitido que exista un mercado secundario de derechos de agua, donde el litro por segundo llega a transarse a valores siderales en zonas en que el registro de nuevos derechos está cerrado pues no hay más agua que repartir.
La sequía que atraviesa el país desde hace una década y el avance del cambio climático relevaron esta discusión. Y si bien Chile es un país con caudales de agua que ya se los quisiera un país desarrollado, se distribuye de manera desigual a lo largo del territorio. A ello se suma la sequía que ha golpeado las zonas en que se concentra el 80% de la población. El símbolo es Petorca, donde conviven gigantescas plantaciones de paltos -altamente demandantes de agua- y habitantes que no cuentan con agua ni siquiera para su propio consumo.
El Colectivo de Estudios Político-Ambientales (CEPA) identificó que, de los 155 constituyentes electos, 20 se declaran como activistas ambientales. De ellos, cuatro responden al Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), cuyo vocero nacional, Rodrigo Mundaca, fue electo en primera vuelta como gobernador de Valparaíso. Su foco de acción en la convención será precisamente el agua, el rol del Estado y la protección del medioambiente. El programa de una de las constituyentes electas apunta precisamente a la derogación del actual sistema de derechos de agua.
Qué pasará con los derechos de agua es una duda que genera alta preocupación en algunos sectores del mundo privado. La agricultura es la más comprometida, pero también hay otros rubros en alerta, como la minería o las empresas sanitarias. Una de las acciones que más cayó en bolsa esta semana fue Aguas Andinas, que perdió un 24% de su valor en apenas cuatro días. Aunque allí se juntan también otros temores: más que los derechos de agua -en el caso del consumo humano no deberían estar en duda para una empresa productora de agua potable, dice una abogada-, el mayor temor ahí es a una intervención más activa del Estado en torno a las empresas de servicios básicos.
Entre expertos, dirigentes del mundo privados e incluso en el gobierno, la necesidad de reformular la normativa vigente es consenso. El tema es cómo hacerlo, qué cambiar y qué consecuencias tendrá. Y en eso hay bastante incerteza, como también qué rol jugarán los distintos tratados internacionales que tiene firmado Chile y qué tanto podrían limitar los cambios que se pretendan impulsar en la constituyente.
La única certeza para varios expertos es que el agua volverá a la nueva Constitución en la discusión que parte en junio. “Lo que pasará es que la norma que hoy está en el Código de Aguas, que dice que las aguas son bienes nacionales de uso público, pasará a la Constitución”, dice un constitucionalista. El problema de aquello, advierte, serán sus efectos sobre los derechos constituidos.
La visión del agro
El mundo agrícola sigue de cerca la discusión. Y no es para menos: según datos del Ministerio de Obra Públicas (MOP) presentados al Congreso -precisamente en el debate para reformar el Código de Aguas-, el 72,3% del uso consuntivo -que permite el consumo total del agua, sin restitución- proviene de ese sector, mientras las eléctricas, con el 4,5%; la minería, con el 3,9%; la industria, con un 6,7%, y las sanitarias, con el 11,8%, se ubican varios escalones más abajo.
La postura de la industria es que las personas necesitan alimentos, el agro los provee, y para eso se requiere agua. Pero además, se necesita certeza de que se va a contar con el recurso en el tiempo, viabilizando las inversiones necesarias.
“La reforma al Código de Aguas contempla aspectos necesarios, como la priorización del recurso para el consumo humano y la preservación del ecosistema, con lo cual los agricultores estamos de acuerdo. Pero las personas, además, necesitan alimentos y esos se producen a partir del mismo recurso. Sin agua no hay alimentos”, remarca el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes.
A juicio del líder gremial, el debate debe incorporar elementos como la sequía, una mejor gestión del recurso – “que no se desperdicie ni una gota para seguir priorizando el consumo humano y la producción de alimentos para las personas”, explica- y el rol que cumple el agro dentro de la economía nacional, siendo la única actividad que se desarrolla a todo lo largo del territorio.
Además, proponen que el derecho a la alimentación, que no está consagrado en la Constitución, sea incorporado, vinculado al uso de los recursos naturales y al agua.
Fuente: La Tercera, Lunes 24 de Mayo de 2021
