EL MOSTRADOR – Los cambios de la ley deben incorporar una forma de organización territorial del ordenamiento del agua acorde con la naturaleza, mediante la Gestión Hídrica Integrada por Cuenca Principal.
Frente a la voluntad de la autoridad de modificar el Código de Aguas, incorporando aspectos que permitan al Estado proteger el abastecimiento humano frente a otras demandas en el uso del agua, así como evitar la especulación y mala utilización del recurso hídrico, se hace necesario mirar el interés y desarrollo de Chile en el largo plazo. Los cambios de la ley deben incorporar una forma de organización territorial del ordenamiento del agua acorde con la naturaleza, mediante la Gestión Hídrica Integrada por Cuenca Principal, buscando atender todas las demandas a través de un mejor aprovechamiento de los recursos propios de la zona y/o los que se incorporen desde otras fuentes futuras.
Que la situación del agua en Chile es crítica es algo indiscutible, pero además los pronósticos son cada vez más preocupantes. Según un informe de 2015 del World Resources Institute, Chile está entre los países con mayor riesgo climático en el mundo para 2025, es decir, solo cuatro años más. El último Balance Hídrico dado a conocer por la Dirección General de Aguas (DGA) confirma ese panorama desolador: para el período 2030-2060, la disponibilidad hídrica en el norte y centro del país podría disminuir más de 50%.
Según un análisis nacional publicado en 2019 por la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, de Fundación Chile, el 44% de los problemas de brecha y riesgo hídrico tiene su causa en la gestión e institucionalidad del agua. Es decir, casi la mitad de los problemas se deben a una descoordinación entre los actores involucrados en el uso del agua, falta de información actualizada y certera para la toma de decisiones, dispersión de las atribuciones en la gestión y falta de un marco normativo adecuado para la gestión integrada de recursos hídricos, entre otros.
Los problemas de abastecimiento de agua potable que actualmente se viven en la V región –principalmente en sectores como Quintay, La Ligua y Petorca–, no solo ponen en evidencia el problema de dejar la regulación de un recurso básico como el agua al libre mercado, donde el consumo de agua potable de las localidades rurales debe competir con el uso y capacidad de pago de privados que tienen como objetivo la agricultura, la industria y la recreación, sino que dan cuenta también de la incapacidad del Estado de hacerse cargo y entregar una solución a las localidades que no tienen acceso al agua potable.
Este problema no tiene que ver solamente con el otorgamiento de derechos, sino también con disponer a tiempo de los recursos para hacer los estudios que permitan buscar una solución efectiva y sustentable en el tiempo para abastecer de agua potable a las comunidades, como sería, por ejemplo, un transvase desde la cuenca del estero Casablanca o la desalinización. Actualmente es probable que se hayan gastado más recursos en camiones aljibe que lo que habría costado el desarrollo y construcción de un proyecto que abasteciera de agua potable a dichas localidades.
Este escenario es solo la punta del iceberg de la situación del Agua Potable Rural en Chile. No podemos esperar a que tengamos condiciones como las de Quintay, Ligua-Petorca, Marga-Marga, Santa Rosa de Colmo y tantas otras localidades de la zona centro norte del país –donde hay localidades que se abastecen desde hace años con camiones aljibes–, para actuar. Se necesita contar con una política de Estado que tenga como objetivo abastecer de agua potable a todas las localidades del país con soluciones creativas y eficientes que se adapten a la realidad geográfica, hidrológica y cultural de cada sector.
Tenemos capacidad técnica de sobra en el país para abordar este problema y en el sur estamos a tiempo de adelantarnos a esta situación, incluso mientras se cambia la Constitución y buscamos cómo remediar el problema que tenemos con el otorgamiento de Derechos de Agua, cuya concentración, por cierto, no es responsabilidad de los privados sino de la legislación actual y la dificultad histórica de la autoridad en torno a la cuantificación del recurso, su gestión, registro y fiscalización.
Asimismo, frente a la voluntad de la autoridad de modificar el Código de Aguas, incorporando aspectos que permitan al Estado proteger el abastecimiento humano frente a otras demandas en el uso del agua, así como evitar la especulación y mala utilización del recurso hídrico, se hace necesario mirar el interés y desarrollo de Chile en el largo plazo. Los cambios de la ley deben incorporar una forma de organización territorial del ordenamiento del agua acorde con la naturaleza, mediante la Gestión Hídrica Integrada por Cuenca Principal, buscando atender todas las demandas a través de un mejor aprovechamiento de los recursos propios de la zona y/o los que se incorporen desde otras fuentes futuras.
Para ese efecto, se debe considerar una administración ordenada de las cuencas principales (101 definidas por la DGA en todo el país), que se base en potenciar la acción de las Organizaciones de Usuarios (OUAS) y especialmente a las Juntas de Vigilancia, que asegure en forma equitativa el abastecimiento de las demandas y que permita organizar los deberes y derechos de los usuarios, de forma que se logre el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos para el país
Fuente: El Mostrador, Jueves 22 de abril de 2021
