ABC – De estar a pleno funcionamiento, las desaladoras de España podrían producir agua potable suficiente como para abastecer a 34 millones de personas, esto es, unos 5 hectómetros cúbicos al día equivalentes a 1.480 piscinas olímpicas. Una capacidad que solo superan Arabia Saudí, EE.UU. y los Emiratos. Y nada de bebedizos inmundos, sino caudales ingentes de un líquido tan puro que antes de llegar a los grifos es necesario remineralizar añadiendo calcio o magnesio y que, en otro contexto, los regantes mezclan con aguas más baratas de trasvase o pozos para adaptarlo ‘a la carta’ a la calidad que requieren sus cultivos y así reducir costes. Luego visto desde esta óptica, sequías como la que dicen se avecina con los pantanos al 39,1%, siete puntos y medio menos que en 2021 por estas fechas, no parecen para tanto… de no ser porque las tuberías para llevar tan valioso recurso a los puntos distantes del mapa donde cunde la sed prácticamente no existen. No se proyectaron. El agua desalada en este país es un bien de proximidad.
La Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) habla de que no hay «una optimización de las conducciones», en palabras de su presidente, Domingo Zarzo, que atribuye a este defecto el hecho de que «quizás», alguna de las grandes desaladoras no estén operando al 100 por 100. Para qué generar excedentes si no hay cómo canalizarlos fuera del entorno inmediato. Aunque frente al ruido y las denuncias que advierten de que las hay al 0,9% de sus posibilidades o menos –las de Oropesa y Moncófar, en Castellón, o Sagunto, en Valencia, de pequeño tamaño, han estado directamente sin producción–, el experto insiste en que en estos momentos, de las importantes, «casi todas trabajan a gran capacidad».
Es su temporada alta: verano, el turismo dispara la demanda de agua en costas como la mediterránea, área de concentración las mayores infraestructuras de filtrado que ahora están activas al máximo, pero que irán disminuyendo ritmo a medida que se marche la población flotante. Porque según cifras del catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV) e investigador en el Instituto Universitario de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental (Isirym) Jaime Lora, el parque desalador de este país en realidad «funciona de media al 30%, según épocas», lo que revela una infrautilización vinculada en buena parte esa ausencia de una red de distribución que permita suministros lejanos.
Casi 800 plantas
España es una potencia mundial en desalación, no solo de aguas marinas sino también salobres de origen subterráneo, de lagos, de ríos y, al margen, de residuales, que la ley impide incorporar al abastecimiento humano. En conjunto, en el litoral y el interior suman casi 800 plantas, entre ellas las de agrupaciones agrarias o de industrias de diverso tamaño implantadas previa autorización y, por supuesto, las 25 gigantes listas para tratar cerca de 700 hectómetros cúbicos al día que el Gobierno desarrolló con el programa ‘Agua’ (2004-2011), que en total invirtió 1.800 millones de euros en estos equipamientos, cuya gestión luego se subcontrata a empresas privadas especializadas. De las 20 mayores compañías del mundo dedicadas a ello, seis son españolas.
Las desaladoras significativas, preparadas para purificar por encima de 10.000 metros cúbicos por jornada, son más de cien en este país. Pero en la actualidad sólo el 9% del consumo doméstico es resultado de esta tecnología, y localizado de forma desigual: En el archipiélago canario representa el 80-90%, concretamente en Lanzarote y Fuerteventura es el 100%, mientras que en Castilla-La Mancha o Extremadura es cero. Pero Jaime Lora afirma que con lo que hay, sin necesidad de construir nuevas instalaciones, se podría llegar a satisfacer un tercio de las necesidades de los hogares, alcanzar el 33%. ¿Qué ha fallado?. «La falta de planificación. Es un error y un problema nacional», explica e ilustra que, ya en el momento de la puesta en marcha de la desaladora de Torrevieja, récord en su época, «no podía arrancar porque faltaba el tendido eléctrico, no había suministro suficiente y enchufarla a la red significaba dejar toda la ciudad sin luz».
Frente a contratiempos de este tipo, defiende a ultranza que de lo que se trata es de analizar todos los factores en relación unos con otros para que no fracase ninguno, algo que no se ha hecho. A saber: la demanda –considerarla en su correcta dimensión– y la capacidad –calcular qué volumen de desalación va a hacer falta para satisfacerla–, para así poder proyectar instalaciones que «funcionen siempre, como se hace en otros países: cuando el agua no sea necesaria en un sitio, que se lleve a otro, a la agricultura, a la industria y a opciones muy inteligentes como recargar los acuíferos». El otro elemento a interrelacionar es el de la energía, imperdonable en España que no sea solar, como en el Golfo Pérsico.
Y el fin de la ecuación es el de interés colectivo: costes más bajos. Costes que, recuerda, «al principio pagaba el Estado, pero tras la directiva marco europea son los ciudadanos quienes se hacen cargo de las inversiones». Se esté produciendo agua o no. La amortización va en la factura, aparte de otros fijos como el personal o el mantenimiento, más los variables, con mención especial a la electricidad, que supone la parte más gravosa: entre el 40 y el 60% del precio de la desalación, impactado además por la subida del recibo de este 2022. Inciso aquí del investigador, que reclama que al ser el agua «un derecho vital», esa energía debería de tener «un tratamiento diferente que la que va al aire acondicionado o al ordenador, y no ser un negocio», lo que tacha de «inmoral».
La paradoja del precio
Pero conviene subrayar que en el económico, tanto el presidente de AEDyR como el catedrático inciden en que desalar no es caro, en el entorno de un euro el metro cúbico de mar, que contiene mil litros. Domingo Zarzo indica que «hace un año se manejaban unos precios del entorno de 0,8 y ahora pueden estar en 1,2 aproximadamente«. Y a modo de referencia, ambos aluden a la misma comparativa: en el supermercado o en el bar comprar agua embotellada multiplica esa cuenta por 500, y eso siendo muy generosos. Un dispendio que la ciudadanía asume con una naturalidad paradójica.
Junto con la eliminación del residuo, la salmuera, esto del gasto energético es también parte principal del reproche ecologista contra la desalación, si bien los 20 kilovatios/hora para tratar un metro cúbico que se requerían en 1964, –cuando en Lanzarote se erigió la primera desaladora española–, han pasado a ser ya entre 2 y 3, muy cerca del límite mínimo de un kilovatio/hora que exigen las reglas de la termodinámica. «La electricidad necesaria para proveer todo un año de agua desalada a una familia de cuatro miembros es la misma que gasta su frigo», resume Zarzo.
Sea como fuere, la desalación no es una opción. No queda otra. En un escenario de estrés hídrico crónico casi generalizado, la única tecnología madura es esta, y va a tocar ir a buscar el agua donde abunda, al mar. Aunque Lora avisa de que, en adelante, se recurrirá cada vez más esta tecnología para depurar o potabilizar las fuentes naturales, degradadas debido «a la farmacia que tiramos, el ibuprofeno, la parte cosmética», que es muy difícil de retirar y exige mayores cantidades de energía para ello, lo que nos devuelve a un futuro de mayor consumo que ataca la sostenibilidad.
La única respuesta es más inversión. Para ejecutar la red de distribución que falta o apostar por las renovables y, según AEDyR, no tanto para levantar nuevas plantas –en lo que se tarda de 4 a 5 años contando desde los trámites iniciales– como para ampliar entre un 10 y un 15% algunas donde, en opinión de la asociación de explotadores, sí está creciendo la demanda, como las de Torrevieja o Águilas, en Murcia, que ya previeron en su diseño la duplicación de equipos. Sería cuestión de dos años, un periodo más asumible en caso de emergencia por sequía.
En paralelo al abastecimiento a personas está el uso de agua desalada para la agricultura, que si en el mundo no representa ni el 2% del total, en España alcanza al 21%. Se cumple la proximidad, esto es, las grandes extensiones de regadío y las grandes plantas de desalación coinciden en el sureste y el levante del país, donde el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase (Scrats), Lucas Jiménez, expresa su bienvenida a esta tecnología, «pero siempre –dice– que la podemos pagar».
Remitiéndose al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a encuestas de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, subraya que «el coste medio del agua para riego en España está en el entorno de 3 o 4 céntimos el metro cúbico, mientras que la desalada –argumenta–, incluyendo la subvención contemplada en el Real decreto de apoyo al sector agrario frente a la sequía (aprobado el pasado marzo), alcanza los 45 céntimos a pie de planta, a lo que hay que añadir 8 o 9 más de costes fijos«, según la agrupación a la que se pertenezca.
La conclusión es que el campo en general acude lo menos posible a este recurso. Por supuesto en la cuenca del Segura, que tiene a su disposición lo trasvasado desde el Tajo «a 18 o 20 céntimos metro cúbico, dependiendo del año y la estación». Luego está el acceso a aguas residuales regeneradas, a cero euros, sólo se paga el bombeo, y ayuda a que «el mix, la mezcla de aguas, sea asumible» económicamente para el sector.
Fuente: ABC, Domingo 14 de agosto de 2022
